El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura le salió al paso a la Contraloría General de la República que cuestiona la manera como se llevaron a cabo ciertas adiciones presupuestales en contratos de concesiones viales en el país.
El dirigente gremial, Juan Martín Caicedo Ferrer, aseguró que "esas adiciones no se hicieron por debajo de la mesa. Lo cierto es que las adiciones que la Contraloría cuestiona fueron revisadas y aprobadas por las entidades contratantes y sometidas a todos los filtros previstos en la ley, e incluso a algunos más, como el Conpes, el Confis y el Consejo de Ministros".
Con la bendición o no del funcionario de turno, a 1.5 billones de pesos asciende el monto de las irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República en un proceso de auditoría practicada a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en lo concerniente a concesiones viales en el país.
Mediante un comunicado de prensa, el órgano de control de las finanzas públicas le advierte a Caicedo Ferrer que “es irrelevante que esas adiciones hayan sido autorizadas o socializadas, pues lo definitivo son los impactos contrarios a los intereses del Estado ya que representaron ganancias adicionales para los concesionarios que, la mayoría de las veces, no contaban con soporte contractual”.
El órgano de control agrega que “es importante resaltar que los detrimentos que se derivan de esta auditoría no se originan por la suscripción de la adición o modificación per se, sino que también se dan por las practicas que se evidenciaron en el desarrollo de estas actuaciones”
En una auditoría practicada a la ANI, en la vigencia de 2011, se evaluaron 11 concesiones viales y se encontró que inicialmente la totalidad de los contratos tenían un costo de 2 billones de pesos pero sumándole los recursos en adiciones pactadas después de firmar los contratos, el valor total de las concesiones ascendería a 9 billones de pesos, cifra que es tres veces mayor al monto que, para este año, la Nación presupuestó para atención a víctimas del conflicto armado en Colombia.
Estas concesiones viales son Armenia-Pereira-Manizalez, Bogotá-Villavicencio, Cartagena-Barranquilla, Cordoba-Sucre, Devimed, Devinorte, Fontibón-Facatativá-Los Alpes, Pereira-La Victoria, Santa Marta-Paraguachon, Zipaquirá-Palenque y Zona Metropolitana Bucaramanga.
En la auditoría se identificaron 60 hallazgos fiscales, 162 disciplinarios, 22 penales y se realizó la apertura de 28 investigaciones preliminares. En sólo esta auditoría se encontraron irregularidades por 758.705 millones de pesos.
En el caso de la adiciones presupuestales, llama la atención que la vía Bogotá-Villavicencio pasó de tener un valor de 348.740 millones de pesos a 2 billones de pesos. Lo mismo sucedió con la concesión Santa Marta-Paraguachón, la cual tenía un costo inicial de 125.123 millones de pesos para terminar en 1 billón de pesos.
En sólo adiciones presuntamente irregulares se encontraron siete hallazgos disciplinarios y se abrió una investigación preliminar. A parte de esto, se hicieron adiciones y modificaciones a los contratos sin hacer el debido análisis de precios del mercado.
Según la Contraloría, “no se cumplió el cronograma establecido contractualmente ni financieramente (aportes), ni en entrega física de obra, lo cual conlleva un lógico presunto detrimento por desplazamiento del cronograma. No es lo mismo hacer las inversiones en tiempo pactado a hacerlas uno o dos años después; no es lo mismo obligarse a entregar vías u obras en el tiempo pactado a entregarlas uno o dos años después. Esto se tiene que reconocer para el estado, lo mismo que se les reconoce a los contratistas cuando es el estado quien incumple”.
La contraloría además evidenció que “el pago de obras no ejecutadas y que fueron cobradas dentro de la Concesión. Adicionalmente, se dio el cobro de mantenimientos sobre las obras que no habían sido ejecutadas ni entregadas. Se modificaron las tarifas de peaje pactadas inicialmente con el concesionario y les han permitido cobrar por encima de lo contractualmente establecido. Se reconoce un plazo superior al pactado para que el Concesionario tenga acceso a los peajes. No se reintegran los dineros públicos correspondientes a los rendimientos que se generan en el desarrollo del negocio y que le pertenecen a la Nación”.