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En torno a la designada ministra de las TIC, Mery Gutiérrez, giran varios interrogantes que cuestionan su papel en la cartera. Una de estas orbita alrededor de una demanda de 2014, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la entonces Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), interpuesta por la productora Programar TV, de la que Gutiérrez era representante legal. Se ha cuestionado que la hoy ministra tenga demandado al Estado.
El caso se remonta a 2013, cuando la unión temporal que formaban Programar TV y RTI, que en conjunto programaban el 25 % de la parrilla televisiva de Canal Uno, se diluyó.
La ANTV argumentó, entonces, que no prorrogaría el contrato por la desaparición que se produjo a raíz de las diferencias entre Programar TV y RTI. Programar pretendía seguir con el espacio televisivo, lo que no le fue dado, sino que el espacio fue asumido por la estatal RTVC, por lo que la firma que Gutiérrez representaba demandó.
Así, la parrilla de contenidos de Canal Uno terminó repartida (en cuatro partes iguales) entre las programadoras Jorge Barón, CM&, NTC y RTVC.
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Posteriormente, el canal salió a licitación para que la parrilla fuera entregada a un solo concesionario, para hacerla más competitiva según el concepto de la Universidad Nacional.
Ante la licitación, Programar TV presentó una acción popular con medidas cautelares, pues consideraba que las actuaciones de la ANTV violaban la libre competencia y los derechos de los consumidores.
El canal, finalmente, fue adjudicado al consorcio formado por NTC (que produce Noticias Uno), RTI, CM& y HMTV, pese a todas las críticas de Programar TV y Jorge Barón (que también aspiraba a quedarse con un espacio en el canal).
Hay que decir que, en su momento, este proceso de licitación (llevado a cabo mientras la demanda de Programar TV avanzaba) fue bastante controvertido. El Espectador pudo identificar por lo menos siete pleitos relacionados con el mismo, que fueron desde acusaciones de colusión y tutelas, pasando por una demanda por inconstitucionalidad (que terminó resuelta a favor del Gobierno) y llegando hasta denuncias penales.
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Según Caracol Televisión (que pertenece al mismo grupo de medios que El Espectador), Programar TV y el apoderado de Jorge Barón, la adjudicación no debía llevarse a cabo debido a que, aseguraron, se pudo haber configurado un detrimento patrimonial. La razón es que la licitación y el precio base de la concesión se formularon a partir de un estudio de la Universidad Nacional que planteó un escenario de mercado con cuatro canales: Caracol, RCN, Canal Uno y un tercer canal privado.
Al no existir siquiera el proceso del tercer canal, argumentaron los detractores, el precio de $98.200 millones, que calculó la Universidad Nacional como mínimo para la concesión, no correspondía con la realidad del mercado, algo con lo que la Junta Nacional de Televisión (que adjudicó) no estuvo de acuerdo, debido a que el tercer canal estaba pensado para 2019 y, por lo tanto, aún había tiempo para sacar adelante esa licitación.
A todo lo anterior también se sumó una denuncia penal, contra el entonces ministro TIC, David Luna, porque este le habría mentido a la Corte al ser consultado por la demanda a los artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que permitieron dar la programación del Canal Uno a un solo concesionario.
Todo este contexto de pleitos legales es para entender los cuestionamientos que hoy se le hacen a la ministra delegada de las TIC, Mery Gutiérrez, pues (como dato final) en 2019 la ANTV entró en liquidación y sus funciones de inspección, vigilancia y control fueron asumidas por el Ministerio de las TIC.
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