Decisiones por el llamado cartel de la seguridad privada

A través de avisos pagados en medios de comunicación se ha difundido información según la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) archivó una investigación por el llamado cartel de la seguridad privada.

El asunto tiene más aristas, ya que en enero de este año la misma SIC profirió una resolución en la cual ratifica las sanciones impuestas a siete compañías y 14 personas naturales que afectaron la libre competencia en procesos de contratación con el Estado. Las multas por este escándalo superan los $14.000 millones.

Fuentes de la Superintendencia aseguraron que el contenido de estos avisos es “totalmente tergiversado” y calificaron el asunto como “una mentira de un tamaño monumental”.

A través de su cuenta de Twitter, la entidad aseguró que la información difundida en los avisos es falsa y confirma el monto de las multas, que llegaron luego de un largo proceso de investigación, en el cual se profirió una primera resolución sancionatoria, emitida en abril de 2017, seguida de otro pliego de cargos en julio de ese año y que culminó con la resolución 4604 del 29 de enero de 2018, en la que se resuelven los recursos interpuestos por los investigados y se ratifican sanciones y multas.

De acuerdo con la investigación de la SIC, las empresas sancionadas (Guardianes, Starcoop, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda. y Security Management Group) se presentaban a licitaciones con instituciones estatales y simulaban competir individualmente cuando, en efecto, estaban agrupadas bajo la figura de un grupo, llamado SMG, que a su vez está controlado en secreto por una sola persona: Jorge Arturo Moreno Ojeda. Sobre Moreno recayó la mayor multa a persona natural, por casi $325 millones. La empresa Guardianes fue la que recibió la multa más alta, dcercana a los $4.800 millones.

Toda la investigación nació en 2011, luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) detectara que en una de sus licitaciones participaron dos empresas de SMG, que simulaban competir por separado para hacerse con el contrato.

Algunas de las instituciones afectadas por las prácticas contra la competencia que empleó el Grupo SMG incluyen al ICBF, el Sena, el ICA, las secretarías de Integración Social y de Planeación de Bogotá, así como las alcaldías de Barranquilla y Chiquinquirá.

Los hechos investigados por la SIC habrían ocurrido entre 2009 y 2015, tiempo en el que las empresas del Grupo SMG obtuvieron contratos por $100.000 millones. En un primer momento, la SIC había impuesto multas por $26.000 millones, pero en la resolución de enero, mediante la cual ratifica su decisión, redujo el monto de estas al valor ya anotado.

“La Superindustria encontró acreditada la existencia de un sistema creado y ejecutado por las empresas y personas naturales sancionadas tendiente a limitar la libre competencia al participar en procesos de contratación pública simulando ser competidores independientes y autónomos, cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés y sus estrategias eran coordinadas bajo la dirección y el control oculto de Jorge Arturo Moreno Ojeda”, aseguró la entidad a través de un comunicado hecho público en conjunto con la resolución de enero.

En la información puesta a circular en los avisos de prensa se lee que “en el caso de Jorge Moreno, lo señalaron como el ‘zar de la seguridad’, el cerebro detrás de este tipo de delitos, que la SIC finalmente no logró imputar”. Sin embargo, en la resolución de enero, la SIC aclara que “existe abundante material probatorio que da cuenta de la responsabilidad de Jorge Arturo Moreno Ojeda en el sistema restrictivo de la competencia aplicado a diversos procesos de selección contractual, desde su cargo como presidente de SMG, a través del que controlaba a las empresa investigadas y bajo su influencia y responsabilidad se ideaban estrategias para participar en los procesos de selección aparentando ser reales competidores, cuando obedecían a un mismo interés y actuaban conjunta y coordinadamente”.

A través de avisos pagados en medios de comunicación se ha difundido información según la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) archivó una investigación por el llamado cartel de la seguridad privada.

El asunto tiene más aristas, ya que en enero de este año la misma SIC profirió una resolución en la cual ratifica las sanciones impuestas a siete compañías y 14 personas naturales que afectaron la libre competencia en procesos de contratación con el Estado. Las multas por este escándalo superan los $14.000 millones.

Fuentes de la Superintendencia aseguraron que el contenido de estos avisos es “totalmente tergiversado” y calificaron el asunto como “una mentira de un tamaño monumental”.

A través de su cuenta de Twitter, la entidad aseguró que la información difundida en los avisos es falsa y confirma el monto de las multas, que llegaron luego de un largo proceso de investigación, en el cual se profirió una primera resolución sancionatoria, emitida en abril de 2017, seguida de otro pliego de cargos en julio de ese año y que culminó con la resolución 4604 del 29 de enero de 2018, en la que se resuelven los recursos interpuestos por los investigados y se ratifican sanciones y multas.

De acuerdo con la investigación de la SIC, las empresas sancionadas (Guardianes, Starcoop, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda. y Security Management Group) se presentaban a licitaciones con instituciones estatales y simulaban competir individualmente cuando, en efecto, estaban agrupadas bajo la figura de un grupo, llamado SMG, que a su vez está controlado en secreto por una sola persona: Jorge Arturo Moreno Ojeda. Sobre Moreno recayó la mayor multa a persona natural, por casi $325 millones. La empresa Guardianes fue la que recibió la multa más alta, dcercana a los $4.800 millones.

Toda la investigación nació en 2011, luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) detectara que en una de sus licitaciones participaron dos empresas de SMG, que simulaban competir por separado para hacerse con el contrato.

Algunas de las instituciones afectadas por las prácticas contra la competencia que empleó el Grupo SMG incluyen al ICBF, el Sena, el ICA, las secretarías de Integración Social y de Planeación de Bogotá, así como las alcaldías de Barranquilla y Chiquinquirá.

Los hechos investigados por la SIC habrían ocurrido entre 2009 y 2015, tiempo en el que las empresas del Grupo SMG obtuvieron contratos por $100.000 millones. En un primer momento, la SIC había impuesto multas por $26.000 millones, pero en la resolución de enero, mediante la cual ratifica su decisión, redujo el monto de estas al valor ya anotado.

“La Superindustria encontró acreditada la existencia de un sistema creado y ejecutado por las empresas y personas naturales sancionadas tendiente a limitar la libre competencia al participar en procesos de contratación pública simulando ser competidores independientes y autónomos, cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés y sus estrategias eran coordinadas bajo la dirección y el control oculto de Jorge Arturo Moreno Ojeda”, aseguró la entidad a través de un comunicado hecho público en conjunto con la resolución de enero.

En la información puesta a circular en los avisos de prensa se lee que “en el caso de Jorge Moreno, lo señalaron como el ‘zar de la seguridad’, el cerebro detrás de este tipo de delitos, que la SIC finalmente no logró imputar”. Sin embargo, en la resolución de enero, la SIC aclara que “existe abundante material probatorio que da cuenta de la responsabilidad de Jorge Arturo Moreno Ojeda en el sistema restrictivo de la competencia aplicado a diversos procesos de selección contractual, desde su cargo como presidente de SMG, a través del que controlaba a las empresa investigadas y bajo su influencia y responsabilidad se ideaban estrategias para participar en los procesos de selección aparentando ser reales competidores, cuando obedecían a un mismo interés y actuaban conjunta y coordinadamente”.