Descalabro del SICE

Lo que se pensó que sería un Mercedes-Benz último modelo que le facilitaría a la Contraloría General de la República (CGR) el control de la contratación estatal, resultó siendo un Renault 4. Un sistema de información que costó y encendió como el carro alemán, pero que las especulaciones de presuntas irregularidades en su ejecución y su baja capacidad tecnológica convirtieron en un cacharro.

Hoy, la ley que le dio el sustento jurídico se derogó a través de un decreto presidencial y es por eso que el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (Sice) pasa sus últimos días terminando de liquidar contratos, esperando su chatarrización. La ruta que tomó el Sice, sin acelerador, lo llevó rumbo al desguazadero. Pero, ¿qué pasará con la inversión que se hizo? ¿Qué validez tendrá la información allí contenida?

Aunque muy pocos lo advirtieron, la estocada final se la dio el Decreto Ley Antitrámites, el 10 de enero de 2012, con el artículo 222, en donde se suprime la Ley 598 de 2000, la cual le dio vida al Sice. Y sucedió porque este sistema nació para mantener informada, en tiempo real, a la CGR en cuanto a la cantidad de bienes, obras y servicios contratados por el Estado. A la par de su nacimiento se dio origen al Catálogo Único de Bienes y Servicios (Cubs) y al Registro Único de Precios de Referencia (Rupr), dos de sus aristas que también están en el cajón del olvido.

¿De qué se trataba?

La misión del Sice era la de reunir la mayor cantidad de información contenida en el Cubs y en el Rupr para cotejarla y así identificar los sobrecostos en los precios propuestos por los proveedores (contratistas) registrados en el sistema y que concursaban entre sí para venderle y prestarle servicios al Estado. La implementación del sistema tuvo una inversión de US$42 millones, de los cuales US$23 millones provenían de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2000.

Durante sus 10 años de existencia, el Sice logró registrar información valiosa para el control de la contratación estatal y, además, recibió numerosas inversiones por parte del Estado. También le llegaron importantes recaudaciones generadas por los proveedores (ver recuadro), pues cada vez que uno de ellos quería entrar a concursar o publicar ofertas de sus servicios estaba en la obligación de hacer un pago que iba a las arcas del operador del sistema. El mismo que en un principio fue Telecom y después la ETB.

Sin embargo, de acuerdo con la Auditoría General de la República, esas cobranzas eran ilegales. “Dichas tarifas carecen de soporte legal para su cobro, toda vez que la ley que creó el Sice en ninguno de sus apartes determinó el costo de dicho registro ni autorizó a la Contraloría o al operador del Sice para determinarlo”.

Pese a lo anterior, entre agosto de 2008 y agosto de 2010, ETB reportó a la Contraloría recaudos por $28.896 millones y, con cargo a estos cobros, la empresa justificó costos y gastos por $19.998 millones, reportando utilidades de $8.600 millones. Según la Auditoría, “las denominadas utilidades de la operación no le pertenecen a ETB sino a la Contraloría”, y concluye que, debido al incumplimiento del cronograma, la ETB ha podido obtener importantes utilidades, “que son producto de deficiencias de gestión y no de la operación del servicio”.

Frente al tema del cobro de ETB a los suscriptores, Sandra Morelli, contralora general, afirma que es ilegal, ya que “ningún pago obligatorio por concepto de un servicio puede establecerse por decreto. Si fuera una tasa debía establecerse por ley”. Además, “esos recaudos se metían en una fiducia que no entraba ni al presupuesto de la Contraloría ni de ETB. La Contraloría —refiriéndose a la administración de Julio César Turbay— no designó interventor del contrato. Sin embargo, sí había un auditor (la firma Jahv McGregor) al que se le pagaba directamente por parte de esa fiducia”.

La contralora asegura que desde el órgano de control “se está trabajando, en conjunto con el presidente de ETB, para recurar $14.000 millones, cifra que representa, a la fecha de hoy, la distancia entre los costos del operador y la suma recaudada a los contratistas” de entonces.

El colapso

Algunos dicen que el Sice duró hasta que su capacidad instalada llegó a su tope, porque el sistema colapsó al no poder suministrar la información actualizada. De acuerdo con Marcela Restrepo, directora de asuntos públicos de Transparencia por Colombia, quien fungió como usuaria especial del sistema, el Sice “nunca logró consolidar el Cubs, porque éste era un catálogo muy ambicioso donde para cada producto existía una clasificación, un código de acuerdo a la características del mismo. Era un universo muy amplio. A esto se le agrega que el sistema dejó de ser importante para la Contraloría General y se notaba que no existía dentro del órgano de control un liderazgo frente al tema. El Sice murió de muerte natural”.

Ella explica que que con el nuevo sistema de compras y la renovación normativa que pretende centralizar la información en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), empezó una competencia entre los dos sistemas, aunque cada uno tenía metas y finalidades distintas.

Sin embargo, otros afirman que el Sice se convirtió en un modelo que permitió la publicación de información “mentirosa” en cuanto a los precios reales de los artículos y servicios. Morelli asegura que “los contratistas indicaban y definían precios de referencia de tal manera que aparecen, sin excepción, inflados, y por eso hemos dado traslados penales. Sin embargo, no se pudo condenar a nadie con base en los parámetros del Sice”.

Hoy, en los pisos 15 y 18 de la Contraloría General de la República, donde operaba el Sice, sobreviven a la Ley Antitrámites los cubículos de trabajo color amarillo y azul, los escritorios blancos, el tapete gris oscuro y las persianas, que fueron abiertas para El Espectador, después de aproximadamente dos meses de estar cerradas. El resplandor que logró traspasar las ventanas del salón, y fue capturado por la cámara fotográfica, quedará en la historia de los descalabros de la función pública como la última vez que el Sice vio la luz.

La fórmula fallida

Según expertos, el problema radicó en la metodología con la cual operaba el sistema en cuanto a la fórmula para obtener el precio promedio de un producto. En el Sice existían tres clases de precios: de oferta, referencia e indicativo. Este último ponía el precio con el cual se contrataba y resultaba del promedio de los valores que eran suministrados por los proveedores para un producto específico (precio de referencia).

Un exfuncionario del Sice, que trabajó en la Contraloría General y pide se reserve su nombre, asegura que “los precios indicativos eran muy desfasados, porque para cada producto se presentaba esta situación porque se registraban mal los precios. Por ejemplo, estaban ofertando un Mazda 626 en $320.000, pero había otros artículos que tenían precios supremamente elevados”.

Según el exfuncionario, “esto también sucedía porque para un producto había máximo 20 proveedores, consecuencia del cobro que ETB le hacía a los suscriptores para que pudieran publicar y suscribirse al sistema. Un grupo de trabajadores pedimos que se cambiara la metodología como, por ejemplo, no cobrar o bajar las tarifas de suscripción, modificar la fórmula del precio indicativo y no tomar los registrados por los proveedores, sino el de oferta, que es con el que se contrata, para así evitar errores”.

Iván Darío Gómez Lee, especialista en contratación, explica que “el Sice fue creado como un sistema que hizo parte del programa de modernización de la Contraloría. Durante diez años cumplió un papel muy importante en crear una cultura de control de precios de mercado y, a la vez, registrar los planes de compra por parte de las entidades. Pero, con el paso del tiempo, el sistema llegó a un estado de obsolescencia y, adicional a ello, dentro de la revisión que hizo el Gobierno en el marco de la Ley Antitrámites, en cuanto a la tasa que se le estaba cobrando a los contratistas, que era ilegal porque estaba fundamentada en un acto administrativo y no en una ley. El Congreso es el único con facultades para poner ese tipo de tasas. ETB tendrá que devolver los recursos recaudados”. El Espectador consultó a la ETB y al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

Opiniones autorizadas

La información sobre la contratación del país, que durante 10 años se alojó en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (Sice), derogado por la Ley Antitrámites, no servirá de apoyo para el portal único del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

Sandra Morelli, contralora general de la República.

“Ningún administrador con pudor puede mantener una estructura defectuosa, mentirosa e inútil, cuando el Estado cuenta con una herramienta moderna que sí sirve —refiriéndose al Secop—. Por eso propuse su eliminación y he solicitado la devolución de las cifras restantes, que posiblemente son de los contratistas o que se les transfiera a Gobierno en línea. Seguiremos haciendo control. La Policía nos está asesorando en temas de seguridad informática. Esperamos salir de este atraso tecnológico”.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías

Insiste en que si el Secop no es consensuado se convertirá, como el Sice, “en una rueda suelta”. “Se debe crear un sistema para que desde su estructura tecnológica se les dé espacio a las veedurías ciudadanas en la vigilancia de la contratación”.

Diego Beltrán, contratista del DNP

Explica que la decisión del Gobierno de darle fin al Sice, “está basada en el deseo por centralizar en un solo sistema toda la información relacionada con la contratación estatal. Para esto se quiere robustecer al Secop, el cual se basa en tablas de precios internacionales para que nuestra contratación esté conectada con la del mundo”.

Beltrán agrega que el Secop “está compuesto por dos partes: lo informativo, que es la página web www.contratos.gov, y lo transaccional le apunta a que todas las operaciones se hagan vía electrónica en un único sistema, lo que le permitirá una mejor vigilancia. El Gobierno Nacional está trabajando en su desarrollo. El año pasado se hizo un piloto con dos modalidades de contratación”.