Desempleo golpea a la industria aseguradora

La pandemia provocada por el nuevo coronavirus y las medidas de los gobiernos para contenerla han desencadenado un efecto dominó en todos los sectores de la economía. En este escenario, el incremento del desempleo se ha posicionado como uno de los factores que más contribuyen a la pérdida de ingresos de los sectores. Y la industria aseguradora no escapó a ello.

Lea también: La pandemia desveló fragilidades de los sistemas pensionales latinoamericanos

Las estadísticas del DANE dan cuenta de que a junio de 2020 la tasa de desempleo llegaba al 19,8 %, 10,4 puntos porcentuales por encima de la registrada el mismo mes de 2019. Esto significa, en términos absolutos, que 4,2 millones de colombianos perdieron su trabajo. En los últimos meses este indicador, que muestra la relación entre las personas que están buscando trabajo y el total de la fuerza laboral del país, se ha ubicado alrededor del 20 %.

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reveló, por primera vez desde que comenzó la pandemia, cifras que dan cuenta del efecto de la coyuntura actual en este sector del ramo de los servicios. En el primer semestre de 2020 las primas alcanzaron un monto de $14,26 billones, lo que representa un crecimiento real de -1,1 % con relación al mismo período del año anterior.

También se ubicaron en terreno negativo los ingresos de la industria, con una caída del 14 % en la primera mitad del año en relación con 2019, y un resultado de $1,1 billones. El gremio explicó que la disminución en la adquisición de productos para proteger la vida y el patrimonio se ha visto influenciada por factores como el desempleo, el aumento de la cartera de crédito y la no disponibilidad de ahorro. Pero, principalmente, la tendencia se explica en el hecho de que en épocas de restricción económica las personas dan prioridad a los gastos relacionados con sus necesidades básicas.

Los ramos que más se han visto golpeados son rentas vitalicias (-33 %), desempleo (-13 %), autos (-11 %), SOAT (-6 %), sustracción (-6 %), riesgos laborales (-2 %), accidentes personales (-4 %) y transporte (-1%).

Los seguros de riesgos laborales son los que los académicos llaman una puerta de entrada al sector, pues se trata de un producto que están obligados a adquirir los empleadores del sector formal para proteger a sus trabajadores o contratistas. De hecho, el segmento de riesgos laborales fue el que más aportó al crecimiento de primas emitidas el año pasado (6,3 %), según el “Reporte de inclusión financiera 2019”.

El informe de Fasecolda es enfático en que el aumento del desempleo se ha comenzado a evidenciar en este ramo, con una disminución del 2 % en afiliados, al pasar de 10’284.573 trabajadores al cierre de 2019 a 10’144.184 al término del primer semestre. Las estadísticas oficiales revelan que los trabajadores dependientes afilados al sistema de seguridad social para el mes de junio de 2020 disminuyeron un 7,9 %, lo “que representa la pérdida de empleos formales muy complejos de recuperar por la prevalencia en el tránsito a la informalidad de quienes pierden estos empleos”, dijo el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo.

Pero para las aseguradoras de riesgos laborales (ARL) los problemas no terminan ahí. Dado que el COVID-19 fue declarado enfermedad profesional directa para el personal de la salud, han tenido que reservar $114.000 millones para el pago de prestaciones asistenciales y creen que la cifra podría ser mucho más alta. También prevén mayores gastos en nuevas enfermedades físicas y psicológicas derivadas de la modalidad de trabajo en casa. Finalmente, han invertido más de $72.500 millones en la adquisición de elementos de protección personal a trabajadores expuestos a la enfermedad. Este panorama llevó a que el ramo registrara un deterioro en su margen técnico del -3 al -6 % (diferencia entre las primas recaudadas y los gastos por siniestros) con corte a junio.

Es un efecto conocido que la desocupación o inactividad se exacerba cuando a la economía no le va tan bien. La contracción del 15,7 % del producto interno bruto (PIB) colombiano en el segundo trimestre del año coincide con la destrucción de puestos de trabajo. Quienes pierden su empleo pierden también la protección de las ARL, pero no solo esto, además ponen en riesgo la cobertura del seguro previsional por invalidez o muerte, al que tienen derecho cuando cotizan a pensión.

En un país como Colombia, donde la mayoría de los ingresos de las familias son laborales, la pérdida del empleo pone en riesgo el bienestar de las personas, claramente. En la actualidad, el país sólo cuenta con un mecanismo de protección al cesante (Ley 1636 de 2013), en cabeza del sistema de seguridad social obligatorio, según Jaramillo. Adicionalmente, en el marco de la emergencia económica, el Gobierno emitió un decreto (488 de 2020) “que enmarcan el aseguramiento obligatorio contra el riesgo socialmente relevante de desempleo”.

Freddy Castro, gerente del programa Banca de las Oportunidades, que ejecuta la política de inclusión financiera de Colombia, comentó que, dado que los seguros no son vistos como un bien de primera necesidad, sino más como un lujo, las personas deciden dejar de comprarlos, más si las perspectivas a futuro son negativas y los obligan a replantear sus dinámicas de consumo o inversión. Fasecolda también advirtió sobre el peligro de que en plena reactivación una empresa quede descubierta ante un evento (incendio, hurto, terremoto, daño en maquinaria, etc.), pues los riesgos siempre están presentes. “El seguro está en el ADN de la economía, esto quiere decir que, sin seguro, es poco probable que se inicien o se mantengan los emprendimientos empresariales, grandes o chicos, que hacen que funcione y se reactive la economía”, expresó Gómez.

La mayor caída, sin embargo, se da en rentas vitalicias, una modalidad de seguro que busca reconocer un pago periódico de por vida y que es ampliamente conocida para el pago de pensiones. De acuerdo con Fasecolda, las primas de este producto cayeron 33 % debido a que su expedición requiere un trámite administrativo que “se ha visto estancado por los efectos de la cuarentena”. Sin embargo, no es la primera vez que la variación del ramo es negativa y por eso el resultado no se puede atribuir netamente a la pandemia.

Respecto a los seguros de desempleo, para mayo se habían emitido $486.000 millones en primas directas, según la Superintendencia Financiera. Estos productos cubren las obligaciones de los empleados, como préstamos de consumo o gastos en tarjeta de crédito, en caso de que pierdan su trabajo por despido injustificado o por incapacidad temporal o permanente.

La penetración de los seguros en Colombia (relación entre el total de primas emitidas y el PIB) no ha sido históricamente significativa. Para 2019 llegó al 2,8 %, una cifra que no es precisamente baja si se compara con sus pares en la región, de hecho, es la tercera más alta de América Latina después de Chile (4,9 %) y Brasil (4,1 %); sin embargo, es la tercera o cuarta parte de lo que registran países como Corea de Sur (11,6 %), Reino Unido (9,6 %) o Japón (8,6 %).

Una de las cosas que más preocupan es que las cifras de la industria, particularmente las de penetración, venían en crecimiento desde 2016, pero la pandemia revirtió dicha tendencia y las cifras ya dan cuenta de un efecto negativo. Según el último “Reporte de inclusión financiera”, en promedio en Colombia una persona gasta $616.780 al año en seguros, cifra que se ubicó 4,6 % por encima de la registrada en 2018. Con la dinámica vista en lo corrido de 2020, este valor caería. Con todo, el aseguramiento es una de las actividades económicas menos afectadas: para el segundo trimestre las actividades financieras crecieron 1 % y particularmente la subdivisión de seguros lideró el resultado con un incremento de 11,8 % respecto a 2019.

Fasecolda destacó que a pesar de la situación reportada el sector asegurador es sólido patrimonialmente y dio un parte de tranquilidad. El presidente de la Federación, Miguel Gómez, aseveró que la solidez “se traduce en que en un evento de gran estrés económico se cuenta con los recursos para atender los siniestros que ocurran a sus asegurados”. Aun así, las empresas creen que el panorama para la segunda mitad del año es preocupante por “la disminución de las primas y la reducción de los rendimientos financieros, además del desconocimiento del verdadero valor del costo de los siniestros”. Hasta ahora, las compañías se han soportado en la rentabilidad de las inversiones que tienen para cubrir las reservas de riesgos y también les ha ayudado la disminución en las reclamaciones por siniestros.

Cae la siniestralidad

Los resultados de la industria a junio muestran una disminución en el indicador de siniestralidad, es decir, en la frecuencia y cantidad de accidentes. Sin embargo, Fasecolda aseguró que la cifra “no refleja adecuadamente la realidad, pues los efectos generales se verán al final de año cuando se contabilicen todas las reclamaciones que, como consecuencia de la pandemia, no se han reportado”.

La pandemia provocada por el nuevo coronavirus y las medidas de los gobiernos para contenerla han desencadenado un efecto dominó en todos los sectores de la economía. En este escenario, el incremento del desempleo se ha posicionado como uno de los factores que más contribuyen a la pérdida de ingresos de los sectores. Y la industria aseguradora no escapó a ello.

Lea también: La pandemia desveló fragilidades de los sistemas pensionales latinoamericanos

Las estadísticas del DANE dan cuenta de que a junio de 2020 la tasa de desempleo llegaba al 19,8 %, 10,4 puntos porcentuales por encima de la registrada el mismo mes de 2019. Esto significa, en términos absolutos, que 4,2 millones de colombianos perdieron su trabajo. En los últimos meses este indicador, que muestra la relación entre las personas que están buscando trabajo y el total de la fuerza laboral del país, se ha ubicado alrededor del 20 %.

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reveló, por primera vez desde que comenzó la pandemia, cifras que dan cuenta del efecto de la coyuntura actual en este sector del ramo de los servicios. En el primer semestre de 2020 las primas alcanzaron un monto de $14,26 billones, lo que representa un crecimiento real de -1,1 % con relación al mismo período del año anterior.

También se ubicaron en terreno negativo los ingresos de la industria, con una caída del 14 % en la primera mitad del año en relación con 2019, y un resultado de $1,1 billones. El gremio explicó que la disminución en la adquisición de productos para proteger la vida y el patrimonio se ha visto influenciada por factores como el desempleo, el aumento de la cartera de crédito y la no disponibilidad de ahorro. Pero, principalmente, la tendencia se explica en el hecho de que en épocas de restricción económica las personas dan prioridad a los gastos relacionados con sus necesidades básicas.

Los ramos que más se han visto golpeados son rentas vitalicias (-33 %), desempleo (-13 %), autos (-11 %), SOAT (-6 %), sustracción (-6 %), riesgos laborales (-2 %), accidentes personales (-4 %) y transporte (-1%).

Los seguros de riesgos laborales son los que los académicos llaman una puerta de entrada al sector, pues se trata de un producto que están obligados a adquirir los empleadores del sector formal para proteger a sus trabajadores o contratistas. De hecho, el segmento de riesgos laborales fue el que más aportó al crecimiento de primas emitidas el año pasado (6,3 %), según el “Reporte de inclusión financiera 2019”.

El informe de Fasecolda es enfático en que el aumento del desempleo se ha comenzado a evidenciar en este ramo, con una disminución del 2 % en afiliados, al pasar de 10’284.573 trabajadores al cierre de 2019 a 10’144.184 al término del primer semestre. Las estadísticas oficiales revelan que los trabajadores dependientes afilados al sistema de seguridad social para el mes de junio de 2020 disminuyeron un 7,9 %, lo “que representa la pérdida de empleos formales muy complejos de recuperar por la prevalencia en el tránsito a la informalidad de quienes pierden estos empleos”, dijo el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo.

Pero para las aseguradoras de riesgos laborales (ARL) los problemas no terminan ahí. Dado que el COVID-19 fue declarado enfermedad profesional directa para el personal de la salud, han tenido que reservar $114.000 millones para el pago de prestaciones asistenciales y creen que la cifra podría ser mucho más alta. También prevén mayores gastos en nuevas enfermedades físicas y psicológicas derivadas de la modalidad de trabajo en casa. Finalmente, han invertido más de $72.500 millones en la adquisición de elementos de protección personal a trabajadores expuestos a la enfermedad. Este panorama llevó a que el ramo registrara un deterioro en su margen técnico del -3 al -6 % (diferencia entre las primas recaudadas y los gastos por siniestros) con corte a junio.

Es un efecto conocido que la desocupación o inactividad se exacerba cuando a la economía no le va tan bien. La contracción del 15,7 % del producto interno bruto (PIB) colombiano en el segundo trimestre del año coincide con la destrucción de puestos de trabajo. Quienes pierden su empleo pierden también la protección de las ARL, pero no solo esto, además ponen en riesgo la cobertura del seguro previsional por invalidez o muerte, al que tienen derecho cuando cotizan a pensión.

En un país como Colombia, donde la mayoría de los ingresos de las familias son laborales, la pérdida del empleo pone en riesgo el bienestar de las personas, claramente. En la actualidad, el país sólo cuenta con un mecanismo de protección al cesante (Ley 1636 de 2013), en cabeza del sistema de seguridad social obligatorio, según Jaramillo. Adicionalmente, en el marco de la emergencia económica, el Gobierno emitió un decreto (488 de 2020) “que enmarcan el aseguramiento obligatorio contra el riesgo socialmente relevante de desempleo”.

Freddy Castro, gerente del programa Banca de las Oportunidades, que ejecuta la política de inclusión financiera de Colombia, comentó que, dado que los seguros no son vistos como un bien de primera necesidad, sino más como un lujo, las personas deciden dejar de comprarlos, más si las perspectivas a futuro son negativas y los obligan a replantear sus dinámicas de consumo o inversión. Fasecolda también advirtió sobre el peligro de que en plena reactivación una empresa quede descubierta ante un evento (incendio, hurto, terremoto, daño en maquinaria, etc.), pues los riesgos siempre están presentes. “El seguro está en el ADN de la economía, esto quiere decir que, sin seguro, es poco probable que se inicien o se mantengan los emprendimientos empresariales, grandes o chicos, que hacen que funcione y se reactive la economía”, expresó Gómez.

La mayor caída, sin embargo, se da en rentas vitalicias, una modalidad de seguro que busca reconocer un pago periódico de por vida y que es ampliamente conocida para el pago de pensiones. De acuerdo con Fasecolda, las primas de este producto cayeron 33 % debido a que su expedición requiere un trámite administrativo que “se ha visto estancado por los efectos de la cuarentena”. Sin embargo, no es la primera vez que la variación del ramo es negativa y por eso el resultado no se puede atribuir netamente a la pandemia.

Respecto a los seguros de desempleo, para mayo se habían emitido $486.000 millones en primas directas, según la Superintendencia Financiera. Estos productos cubren las obligaciones de los empleados, como préstamos de consumo o gastos en tarjeta de crédito, en caso de que pierdan su trabajo por despido injustificado o por incapacidad temporal o permanente.

La penetración de los seguros en Colombia (relación entre el total de primas emitidas y el PIB) no ha sido históricamente significativa. Para 2019 llegó al 2,8 %, una cifra que no es precisamente baja si se compara con sus pares en la región, de hecho, es la tercera más alta de América Latina después de Chile (4,9 %) y Brasil (4,1 %); sin embargo, es la tercera o cuarta parte de lo que registran países como Corea de Sur (11,6 %), Reino Unido (9,6 %) o Japón (8,6 %).

Una de las cosas que más preocupan es que las cifras de la industria, particularmente las de penetración, venían en crecimiento desde 2016, pero la pandemia revirtió dicha tendencia y las cifras ya dan cuenta de un efecto negativo. Según el último “Reporte de inclusión financiera”, en promedio en Colombia una persona gasta $616.780 al año en seguros, cifra que se ubicó 4,6 % por encima de la registrada en 2018. Con la dinámica vista en lo corrido de 2020, este valor caería. Con todo, el aseguramiento es una de las actividades económicas menos afectadas: para el segundo trimestre las actividades financieras crecieron 1 % y particularmente la subdivisión de seguros lideró el resultado con un incremento de 11,8 % respecto a 2019.

Fasecolda destacó que a pesar de la situación reportada el sector asegurador es sólido patrimonialmente y dio un parte de tranquilidad. El presidente de la Federación, Miguel Gómez, aseveró que la solidez “se traduce en que en un evento de gran estrés económico se cuenta con los recursos para atender los siniestros que ocurran a sus asegurados”. Aun así, las empresas creen que el panorama para la segunda mitad del año es preocupante por “la disminución de las primas y la reducción de los rendimientos financieros, además del desconocimiento del verdadero valor del costo de los siniestros”. Hasta ahora, las compañías se han soportado en la rentabilidad de las inversiones que tienen para cubrir las reservas de riesgos y también les ha ayudado la disminución en las reclamaciones por siniestros.

Cae la siniestralidad

Los resultados de la industria a junio muestran una disminución en el indicador de siniestralidad, es decir, en la frecuencia y cantidad de accidentes. Sin embargo, Fasecolda aseguró que la cifra “no refleja adecuadamente la realidad, pues los efectos generales se verán al final de año cuando se contabilicen todas las reclamaciones que, como consecuencia de la pandemia, no se han reportado”.