Desligar servicios y tarifas del salario mínimo: ¿Una ayuda para el bolsillo?
En el Plan Nacional de Desarrollo “impulsaremos una nueva modificación que nos permita desindexar otros valores, que cuentan actualmente con alguna restricción legal”, dijo el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.
La administración Petro se ha comprometido con la creación de nuevos índices para aliviar el bolsillo de los colombianos. Desde el año pasado anunció la creación de un índice para el sector eléctrico para tratar de frenar el alza de las tarifas de electricidad, ahora anuncia otro que desligue algunas alzas del salario mínimo y de la inflación total. Esos índices pueden ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo que debe ser aprobado por el Congreso en el primer semestre de 2023.
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Una primera decisión busca desenlazar del salario mínimo más de 85 elementos de la economía. En adelante su tarifa subirá con el mismo nivel de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que a su vez se incrementa con la inflación con corte a octubre de cada año. En este grupo se encuentran la tarifa aplicada para quienes participen en méritos de concurso a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el costo correspondiente a la habilitación de empresas de transporte, valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del programa de formación complementaria de Escuelas Normales Superiores oficiales y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sostuvo que, en el Plan Nacional de Desarrollo, “impulsaremos una nueva modificación que permita desindexar otros valores, que cuentan actualmente con alguna restricción legal”. Parte de estos anuncios forman parte de los acuerdos alcanzados en el Consejo de ministros y en la Mesa de Concertación Salarial.
Recuerda Ocampo que durante las negociaciones salariales se propuso que se iban a desatar del salario mínimo una serie de servicios y bienes “que por tradición se ajustan anualmente con el salario mínimo. Lo que estamos es procediendo a ajustarlos con la inflación”, es decir, que sea con 12% y no con el 16%. “Entre otras cosas para que el costo de vida también aumente menos”, señaló.
En el Plan Nacional de Desarrollo “impulsaremos una nueva modificación que nos permita desindexar otros valores, que cuentan actualmente con alguna restricción legal”, dijo Ocampo. Se busca adoptar un nuevo indicador que esté cercano a la inflación básica que llama el Banco de la República, es decir, sin alimentos, ni productos ni servicios regulados. Ese índice es algo parecido a los que “en la terminología del Banco de la República se llama como inflación básica que es (inflación) sin alimentos y sin (servicios) regulados”, explicó Ocampo.
“Los indicadores de inflación básica pueden facilitar la tarea de fiscalización del banco central por parte del público, al ofrecerle mejores elementos de juicio, fortaleciendo así la credibilidad de las políticas y reduciendo, una vez más, los costos de la política de estabilización de precios”, precisa un estudio del Banco de la República sobre la inflación básica en Colombia.
El mismo banco en su informe sobre política monetaria de octubre del año pasado, sostiene que “La inflación básica (sin alimentos ni regulados) también mantuvo una tendencia alcista durante el tercer trimestre, al pasar del 6,06 % en junio al 7,49 % en septiembre”. En el noveno mes de este año la inflación anualizada al consumidor fue de 11,44%, lo cual indica que los valores indexados a un índice relacionado con la inflación básica llevarían alivio al bolsillo de los consumidores colombianos.
Por el momento, la administración Petro evalúa las diferentes posibilidades que le permitan crear ese indicador. Uno parecido podría funcionar para el sector eléctrico. Según la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para llevar respiro a la economía de los consumidores del sector eléctrico se busca establecer un índice entre el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el IPP (Índice de Precios al Productor), en eso está el gobierno.
El informe de Política Monetaria del banco central sostiene que además de las variables internacionales que presionan la inflación al alza hay elementos locales que han disparado los precios. “A nivel local, además de la depreciación acumulada del peso frente al dólar, los precios al consumidor vienen siendo impulsados por una fuerte demanda interna que supera la capacidad productiva de la economía, por una indexación a tasas más altas de algunos rubros regulados y servicios, así como por un menor abastecimiento de algunos alimentos debido a las mayores exportaciones o ciclos productivos adversos”.
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De los 204 elementos indexados al alza del salario mínimo legal, 85 fueron ligados a la UVT (Unidad de Valor Tributario) decisión adoptada por la administración Petro para tratar de bajarle presión a la inflación que puede terminar 2023 alrededor del 13%. Para este grupo fueron expedidos tres decretos reglamentarios, mediante los cuales se lograron desindexar cobros, tarifas, multas, sanciones, tasas y estampillas. Estos elementos quedarían atados únicamente al crecimiento de la inflación. Los restantes 119, son evaluados para aplicarles el nuevo índice una vez sea aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.
La administración Petro se ha comprometido con la creación de nuevos índices para aliviar el bolsillo de los colombianos. Desde el año pasado anunció la creación de un índice para el sector eléctrico para tratar de frenar el alza de las tarifas de electricidad, ahora anuncia otro que desligue algunas alzas del salario mínimo y de la inflación total. Esos índices pueden ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo que debe ser aprobado por el Congreso en el primer semestre de 2023.
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Una primera decisión busca desenlazar del salario mínimo más de 85 elementos de la economía. En adelante su tarifa subirá con el mismo nivel de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que a su vez se incrementa con la inflación con corte a octubre de cada año. En este grupo se encuentran la tarifa aplicada para quienes participen en méritos de concurso a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el costo correspondiente a la habilitación de empresas de transporte, valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del programa de formación complementaria de Escuelas Normales Superiores oficiales y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sostuvo que, en el Plan Nacional de Desarrollo, “impulsaremos una nueva modificación que permita desindexar otros valores, que cuentan actualmente con alguna restricción legal”. Parte de estos anuncios forman parte de los acuerdos alcanzados en el Consejo de ministros y en la Mesa de Concertación Salarial.
Recuerda Ocampo que durante las negociaciones salariales se propuso que se iban a desatar del salario mínimo una serie de servicios y bienes “que por tradición se ajustan anualmente con el salario mínimo. Lo que estamos es procediendo a ajustarlos con la inflación”, es decir, que sea con 12% y no con el 16%. “Entre otras cosas para que el costo de vida también aumente menos”, señaló.
En el Plan Nacional de Desarrollo “impulsaremos una nueva modificación que nos permita desindexar otros valores, que cuentan actualmente con alguna restricción legal”, dijo Ocampo. Se busca adoptar un nuevo indicador que esté cercano a la inflación básica que llama el Banco de la República, es decir, sin alimentos, ni productos ni servicios regulados. Ese índice es algo parecido a los que “en la terminología del Banco de la República se llama como inflación básica que es (inflación) sin alimentos y sin (servicios) regulados”, explicó Ocampo.
“Los indicadores de inflación básica pueden facilitar la tarea de fiscalización del banco central por parte del público, al ofrecerle mejores elementos de juicio, fortaleciendo así la credibilidad de las políticas y reduciendo, una vez más, los costos de la política de estabilización de precios”, precisa un estudio del Banco de la República sobre la inflación básica en Colombia.
El mismo banco en su informe sobre política monetaria de octubre del año pasado, sostiene que “La inflación básica (sin alimentos ni regulados) también mantuvo una tendencia alcista durante el tercer trimestre, al pasar del 6,06 % en junio al 7,49 % en septiembre”. En el noveno mes de este año la inflación anualizada al consumidor fue de 11,44%, lo cual indica que los valores indexados a un índice relacionado con la inflación básica llevarían alivio al bolsillo de los consumidores colombianos.
Por el momento, la administración Petro evalúa las diferentes posibilidades que le permitan crear ese indicador. Uno parecido podría funcionar para el sector eléctrico. Según la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para llevar respiro a la economía de los consumidores del sector eléctrico se busca establecer un índice entre el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el IPP (Índice de Precios al Productor), en eso está el gobierno.
El informe de Política Monetaria del banco central sostiene que además de las variables internacionales que presionan la inflación al alza hay elementos locales que han disparado los precios. “A nivel local, además de la depreciación acumulada del peso frente al dólar, los precios al consumidor vienen siendo impulsados por una fuerte demanda interna que supera la capacidad productiva de la economía, por una indexación a tasas más altas de algunos rubros regulados y servicios, así como por un menor abastecimiento de algunos alimentos debido a las mayores exportaciones o ciclos productivos adversos”.
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De los 204 elementos indexados al alza del salario mínimo legal, 85 fueron ligados a la UVT (Unidad de Valor Tributario) decisión adoptada por la administración Petro para tratar de bajarle presión a la inflación que puede terminar 2023 alrededor del 13%. Para este grupo fueron expedidos tres decretos reglamentarios, mediante los cuales se lograron desindexar cobros, tarifas, multas, sanciones, tasas y estampillas. Estos elementos quedarían atados únicamente al crecimiento de la inflación. Los restantes 119, son evaluados para aplicarles el nuevo índice una vez sea aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.