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Aún hay dos fechas para participar del día sin IVA en 2022, estas son el 17 de junio y el 2 de diciembre. Como un “éxito” calificó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el primero de estos días (que fue el 11 de marzo), al reportar más de 6,8 millones de transacciones que significaron ventas superiores a los $9,1 billones.
No pagar el 19 % de ciertos artículos (porque no todos están exentos de este impuesto) se ha convertido en un gran atractivo para los compradores. Hay que recordar que esta iniciativa nació en la pandemia como un mecanismo para apalancar la reactivación del comercio, y su resultado ha sido tal que ya parece haber sentado bases para consolidarse en el país.
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Sin embargo, no todos están de acuerdo con la Estrategia. Ejemplo de esto es la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), que publicó recientemente una serie de documentos llamada “¿Qué hacer en políticas públicas?”, donde analiza la política tributaria del país y expone, lo que considera son sus debilidades.
Para Fedesarrollo, si el país quiere mejorar su recaudo tributario es necesario que elimine los días sin IVA. Más allá de que muchos prefieren esperar a que lleguen estas fechas para hacer compras significativas (como las de electrodomésticos), se ha encontrado que en la práctica esta estrategia tiene una incidencia regresiva, es decir, beneficia más a las personas de ingresos medios y altos que a las de ingresos bajos.
Esta es una de varias propuestas de la fundación para mejorar las políticas tributarias del país. En el listado también se encuentra el introducir un impuesto mínimo de renta para el 5 % de la población con más altos impuestos, así como eximir del IVA al 20 % de la población más pobre.
¿Más impuestos?
El análisis de Fedesarrollo también revela que, si se compara Colombia con otros países de América Latina, su recaudo es inferior, ya que se acerca al 14 % de su Producto Interno Bruto (PIB). En los otros países de la región, este se aproxima al 22 % del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 34 % del PIB.
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“Además, subsiste una regresividad en el impuesto de renta de personas, pues las personas en el 5% de ingresos más altos pagan menos impuestos en proporción a sus ingresos que personas que tienen ingresos más bajos. Finalmente, hay altos niveles de evasión en el pago de impuestos, del orden de 5,4% del PIB: 3,4% del PIB en el impuesto de renta a empresas, 1,3% del PIB en el IVA y 0,7% del PIB en el impuesto de renta a personas”, detalla Fedesarrollo.
En el listado de las propuestas de Fedesarrollo para mejorar las políticas tributarias del país, se encuentra una que involucra al sector empresarial. Se propone la eliminación de exenciones sectoriales y empresariales, así como la conformación de un estatuto tributario que trate de igual manera a todas las actividades productivas. También, se plantea la creación de un impuesto mínimo de renta del 20 % sobre todas las utilidade antes de los beneficios tributarios; la revisión y eventual eliminación de las denominadas zonas francas, además de eliminar el descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) frente al impuesto de renta, volviendo así al modelo anterior, en el que el ICA era un deducible del impuesto de renta como un costo de producción.
Sumado a esto, se propone introducir un impuesto a las comidas y bebidas no saludables, como las que tienen un alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas.
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“En cuanto a información y transparencia se debe: 1) publicar las declaraciones de renta de las empresas; 2) anonimizar y poner a disposición del público las declaraciones de renta de las personas; 3) establecer un registro de cabilderos o lobistas y empresas que usan sus servicios; 4) hacer interoperables las bases de datos de aduanas e impuestos. Adicionalmente, se deben implementar medidas para limitar las deducciones y transacciones: 1) introducir una cláusula antiabuso que liste los gastos que empresas y personas no podrán deducir del impuesto de renta, como afiliaciones a clubes sociales, gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda, gastos personales y gastos realizados en efectivo; 2) prohibir las transacciones en efectivo de inmuebles, semovientes, joyas, obras de arte, vehículos, aeronaves y embarcaciones con valor superior a los $2 millones”, añade Fedesarrollo.
Sobre los impuestos al patrimonio, inmuebles y activos financieros y no financieros, la fundación plantea que deberían ser valorados a precios de mercado y no con base a su costo histórico. Los predios rurales también deberían tener una actualización catastral que refleje su verdadero valor comercial.
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Con relación a la DIAN, Fedesarrollo propone: 1) establecer un régimen de remuneración y estabilidad laboral en la DIAN que permita la contratación y remuneración de personal especializado de alto nivel, sujeto a remoción discrecional por razones de integridad o por participación en acuerdos con los declarantes o evasores; y 2) evaluar al personal de la DIAN en función de su desempeño individual, eliminando los incentivos asociados a metas sobre el crecimiento del recaudo, migrando hacia incentivos a la inclusión de nuevos contribuyentes”.
Con estas propuestas, Fedesarrollo asegura que busca mitigar la evasión y mejorar la confianza de la ciudadanía para con el Estado.
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