Dignidad Agropecuaria convocó este jueves a una Asamblea Nacional para el 23 de enero del próximo año en la que revisará las peticiones que hacen para el sector y “adelantar un proceso de diálogo con el Gobierno”. Voceros del movimiento aseguraron que, a partir del resultado de ese proceso, decidirán si llaman a paro en marzo de 2019.
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Si bien destacaron que el proyecto de ley de financiamiento fue modificado para no gravar con IVA procesos agropecuarios –como la recolección–, afirman que la crisis del sector sigue “viva” y que “con el resto de la reforma propuesta, los productores agropecuarios pagarán, al igual que las capas medias y los más pobres, más impuestos”.
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En ese sentido, manifestaron que su oposición al proyecto de ley de financiamiento se mantiene.
Sus peticiones, al igual que lo manifestaron al gobierno anterior, vuelven a estar enfocadas en la renegociación de los TLC de manera que las importaciones no afecten a los productores nacionales.
A los arroceros, por ejemplo, les preocupa la compra del cereal a países como Estados Unidos, contingentes incluidos en el acuerdo comercial. Este es un sector que en los últimos meses ha intentado disminuir las áreas sembradas, al tiempo que el Gobierno ha dado incentivos al almacenamiento del arroz, luego de la crisis que desató la sobreoferta del producto en el mercado.
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Solicitan también “acoger mecanismos de fijación de precios básicos para los alimentos” y “crear un fondo de estabilización y sustentación para los alimentos y de manera especial para los que están sometidos a la especulación del capital financiero internacional”.
Asimismo, piden “soluciones de política pública” para acceso a crédito agropecuario y disminución en los costos de insumos agropecuarios.