Disenso por el transporte de carbón de la frontera

El cierre de la frontera con Venezuela no solamente generó discordias diplomáticas, sino también diferencias entre exportadores y transportadores de carbón.

Los primeros aseguran que, aun cuando el Gobierno redujo en 50% el valor de los peajes entre Norte de Santander y Barranquilla y mantuvo las tarifas de los combustibles a precio de frontera, los propietarios de los automotores aumentaron 17% el valor de los recorridos para evacuar el mineral hacia el puerto.

Desde que el presidente Nicolás Maduro decretó las restricciones en la línea divisoria entre los dos países, más de 400.000 toneladas de carbón están represadas, 200.000 de ellas en Norte de Santander y la otra mitad en el puerto del lago Maracaibo, en Venezuela, a la espera de recibir la autorización para embarcar.

El decreto de emergencia económica emitido por el Ejecutivo contempla que esa evacuación se lleve a cabo a través de tres rutas: una por carretera, la otra combinada con transporte fluvial y la última con tren. Todas las opciones, sin embargo, demandan la participación de los transportadores, razón por la cual los exportadores manifiestan su preocupación por las condiciones en las que hoy llegan a la rueda de negocios que se adelantará en Cúcuta.

“Estamos despachando 25 vehículos al día, beneficiados con las medidas del Gobierno. Cuando arrancamos teníamos una tarifa y hoy vamos con una 17% más alta. Si los transportadores empiezan con el juego de especular con los precios, los exportadores dirán que no hay carga y la dejarán donde está. Es preferible asumir el costo financiero que ponerse a exportarlo a pérdida”, dijo el gerente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander, Jaime Rodríguez.

La situación puede hacer inviable la aplicación de las medidas del Ejecutivo para atender a ese sector, que a la fecha acumula pérdidas por más de US$5 millones y amenaza con poner en riesgo más de 31.000 plazas de empleo, entre directos e indirectos. Más aún cuando el objetivo en el largo plazo es estabilizar estas operaciones por Colombia para evitar situaciones similares a la ocurrida recientemente. Según Rodríguez, “todos queremos que sea estable, exportadores y las administraciones de los puertos, pero resulta que los transportadores todavía no se ponen en sintonía”.

Por su parte, Asecarga y Colfecar, asociaciones que agremian a las empresas que participarán en la ronda de negociaciones, manifestaron que las tarifas que establecieron están determinadas por el precio de su operación y que, aunque quieren dar una mano para solucionar la crisis, también son empresarios y no se trata de perder.

Uno de los problemas que, dicen, se deben negociar son las cargas de compensación, es decir, la mercancía que deben traer de vuelta luego de entregar el carbón. “El Gobierno está promoviendo unas exenciones en peajes y el precio de la gasolina, pero tiene que haber una planificación logística que permita considerar que hay insumos que también se podrían traer, no necesariamente a Cúcuta sino a otras ciudades”, explicó el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Juan Carlos Rodríguez.

De lo contrario tendrían que asumir el coste del trayecto de regreso, lo que incrementaría las tarifas más del 30%, restándoles impacto a las medidas con las que Santos espera ayudar a la industria carbonera de esa región. “Es fundamental integrar a todos los miembros de la cadena. Nosotros no pretendemos que el Gobierno nos solucione el 100% de las dificultades, pero la negociación está en función no sólo de los carboneros, porque, si bien es cierto que estamos llevando carbón, los exportadores tienen otros productos que importar”, manifestó Rodríguez.

Entretanto, Jairo Herrera Murillo, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga), considera que la reducción del precio de los peajes y combustibles hace viable reducir en 25% las tarifas para los exportadores de carbón. “De ninguna manera estamos especulando con los precios. Estamos haciendo patria, porque el transporte de carretera atraviesa una crisis ya que no hay carga, hay sobreoferta vehicular y los fletes van a la baja”, concluyó Herrera.

Hoy, Cúcuta será escenario de las negociaciones entre estos gremios, y como mediador estará el Ministerio de Transporte. Las diferencias demuestran que el cierre de la frontera pasó de ser un asunto diplomático a uno nacional, porque los problemas están rebotando y requieren soluciones estructurales.

El cierre de la frontera con Venezuela no solamente generó discordias diplomáticas, sino también diferencias entre exportadores y transportadores de carbón.

Los primeros aseguran que, aun cuando el Gobierno redujo en 50% el valor de los peajes entre Norte de Santander y Barranquilla y mantuvo las tarifas de los combustibles a precio de frontera, los propietarios de los automotores aumentaron 17% el valor de los recorridos para evacuar el mineral hacia el puerto.

Desde que el presidente Nicolás Maduro decretó las restricciones en la línea divisoria entre los dos países, más de 400.000 toneladas de carbón están represadas, 200.000 de ellas en Norte de Santander y la otra mitad en el puerto del lago Maracaibo, en Venezuela, a la espera de recibir la autorización para embarcar.

El decreto de emergencia económica emitido por el Ejecutivo contempla que esa evacuación se lleve a cabo a través de tres rutas: una por carretera, la otra combinada con transporte fluvial y la última con tren. Todas las opciones, sin embargo, demandan la participación de los transportadores, razón por la cual los exportadores manifiestan su preocupación por las condiciones en las que hoy llegan a la rueda de negocios que se adelantará en Cúcuta.

“Estamos despachando 25 vehículos al día, beneficiados con las medidas del Gobierno. Cuando arrancamos teníamos una tarifa y hoy vamos con una 17% más alta. Si los transportadores empiezan con el juego de especular con los precios, los exportadores dirán que no hay carga y la dejarán donde está. Es preferible asumir el costo financiero que ponerse a exportarlo a pérdida”, dijo el gerente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander, Jaime Rodríguez.

La situación puede hacer inviable la aplicación de las medidas del Ejecutivo para atender a ese sector, que a la fecha acumula pérdidas por más de US$5 millones y amenaza con poner en riesgo más de 31.000 plazas de empleo, entre directos e indirectos. Más aún cuando el objetivo en el largo plazo es estabilizar estas operaciones por Colombia para evitar situaciones similares a la ocurrida recientemente. Según Rodríguez, “todos queremos que sea estable, exportadores y las administraciones de los puertos, pero resulta que los transportadores todavía no se ponen en sintonía”.

Por su parte, Asecarga y Colfecar, asociaciones que agremian a las empresas que participarán en la ronda de negociaciones, manifestaron que las tarifas que establecieron están determinadas por el precio de su operación y que, aunque quieren dar una mano para solucionar la crisis, también son empresarios y no se trata de perder.

Uno de los problemas que, dicen, se deben negociar son las cargas de compensación, es decir, la mercancía que deben traer de vuelta luego de entregar el carbón. “El Gobierno está promoviendo unas exenciones en peajes y el precio de la gasolina, pero tiene que haber una planificación logística que permita considerar que hay insumos que también se podrían traer, no necesariamente a Cúcuta sino a otras ciudades”, explicó el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Juan Carlos Rodríguez.

De lo contrario tendrían que asumir el coste del trayecto de regreso, lo que incrementaría las tarifas más del 30%, restándoles impacto a las medidas con las que Santos espera ayudar a la industria carbonera de esa región. “Es fundamental integrar a todos los miembros de la cadena. Nosotros no pretendemos que el Gobierno nos solucione el 100% de las dificultades, pero la negociación está en función no sólo de los carboneros, porque, si bien es cierto que estamos llevando carbón, los exportadores tienen otros productos que importar”, manifestó Rodríguez.

Entretanto, Jairo Herrera Murillo, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga), considera que la reducción del precio de los peajes y combustibles hace viable reducir en 25% las tarifas para los exportadores de carbón. “De ninguna manera estamos especulando con los precios. Estamos haciendo patria, porque el transporte de carretera atraviesa una crisis ya que no hay carga, hay sobreoferta vehicular y los fletes van a la baja”, concluyó Herrera.

Hoy, Cúcuta será escenario de las negociaciones entre estos gremios, y como mediador estará el Ministerio de Transporte. Las diferencias demuestran que el cierre de la frontera pasó de ser un asunto diplomático a uno nacional, porque los problemas están rebotando y requieren soluciones estructurales.