Licitación de pasaportes tiene dineros, pero se enreda el certificado para usarlos
La Cancillería y el Ministerio de Hacienda coinciden en que el proceso vigente no fue adjudicado, pues se usó un certificado de disponibilidad presupuestal que ya estaba vencido.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la nueva licitación de pasaportes que fue adjudicada a Thomas Greg and Sons, en medio de la polémica que esto desató en el Gobierno.
“La plata de ese contrato estaba prevista, no se puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal, es lo primero que le van a pedir. Tiene certificado de disponibilidad presupuestal sí, entonces habrá la licitación, por el momento la plata está ahí”, dijo Bonilla.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, había dicho el pasado martes que “no es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido”.
Lo que sucedió, de acuerdo con la cartera, fue que “la Cancillería volvió a abrir un proceso con CDP 11224 del 5 de enero de 2024 y ese proceso está vigente” y “José Antonio Salazar (exsecretario general de la Cancillería) adjudicó el proceso que estaba declarado desierto y con un CDP que había caducado”.
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Además, Murillo sostuvo que “el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio. El mismo doctor Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del Canciller (e)”.
En esto coincide el Minhacienda, pues le da la razón al ministro de Relaciones Exteriores (E) Luis Gilberto Murillo. “Está en lo cierto cuando dice que hay un proceso vigente que no ha sido adjudicado y el Dr. José Antonio Salazar se extralimitó en funciones adjudicando algo que ya se había declarado desierto”.
Desde la Cancillería han dicho que el certificado era para el proceso licitatorio inicial que se declaró desierto y no para el nuevo proceso. Vale aclarar que el Ministerio de Hacienda no expide este tipo de certificados, pero sí dispone de los dineros.
Pero el Ministerio reconoció que el proceso licitatorio se abrió el 24 de mayo de 2023 con CDP 74-923 del 3 de abril de 2023 y fue declarado desierto el 13 de septiembre de 2023. “El CDP caducó el 31 de diciembre de 2023 al igual que la autorización del cupo de vigencias futuras”.
El Minhacienda aclaró que ningún proceso licitatorio puede iniciarse sin un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) vigente y no puede haber dos CDP vigentes sobre el mismo proceso licitatorio.
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De otro lado, se asegura que José Antonio Salazar, al devolverse competencias a la Secretaría General no podía tomar decisiones de tipo retroactivo: derogar una decisión ya tomada y que habían cerrado el proceso con la declaratoria de desierta de la licitación.
“Los recursos de la vigencia 2024 y las vigencias futuras cuentan con la respectiva autorización, están registradas en el proceso licitatorio No. 003 de 2024 y que cuenta con el CDP 11224 del 5 de enero de 2024″, finalizó el Ministerio de Hacienda.
La firma del contrato por casi $600 mil millones de pesos entre la Cancillería y Thomas Greg se daría el próximo lunes 4 de marzo, que es la ficha límite para formalizar el acuerdo. Esto a pesar de los cuestionamientos que ha hecho Gustavo Petro al respecto.
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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la nueva licitación de pasaportes que fue adjudicada a Thomas Greg and Sons, en medio de la polémica que esto desató en el Gobierno.
“La plata de ese contrato estaba prevista, no se puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal, es lo primero que le van a pedir. Tiene certificado de disponibilidad presupuestal sí, entonces habrá la licitación, por el momento la plata está ahí”, dijo Bonilla.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, había dicho el pasado martes que “no es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido”.
Lo que sucedió, de acuerdo con la cartera, fue que “la Cancillería volvió a abrir un proceso con CDP 11224 del 5 de enero de 2024 y ese proceso está vigente” y “José Antonio Salazar (exsecretario general de la Cancillería) adjudicó el proceso que estaba declarado desierto y con un CDP que había caducado”.
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Además, Murillo sostuvo que “el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio. El mismo doctor Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del Canciller (e)”.
En esto coincide el Minhacienda, pues le da la razón al ministro de Relaciones Exteriores (E) Luis Gilberto Murillo. “Está en lo cierto cuando dice que hay un proceso vigente que no ha sido adjudicado y el Dr. José Antonio Salazar se extralimitó en funciones adjudicando algo que ya se había declarado desierto”.
Desde la Cancillería han dicho que el certificado era para el proceso licitatorio inicial que se declaró desierto y no para el nuevo proceso. Vale aclarar que el Ministerio de Hacienda no expide este tipo de certificados, pero sí dispone de los dineros.
Pero el Ministerio reconoció que el proceso licitatorio se abrió el 24 de mayo de 2023 con CDP 74-923 del 3 de abril de 2023 y fue declarado desierto el 13 de septiembre de 2023. “El CDP caducó el 31 de diciembre de 2023 al igual que la autorización del cupo de vigencias futuras”.
El Minhacienda aclaró que ningún proceso licitatorio puede iniciarse sin un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) vigente y no puede haber dos CDP vigentes sobre el mismo proceso licitatorio.
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De otro lado, se asegura que José Antonio Salazar, al devolverse competencias a la Secretaría General no podía tomar decisiones de tipo retroactivo: derogar una decisión ya tomada y que habían cerrado el proceso con la declaratoria de desierta de la licitación.
“Los recursos de la vigencia 2024 y las vigencias futuras cuentan con la respectiva autorización, están registradas en el proceso licitatorio No. 003 de 2024 y que cuenta con el CDP 11224 del 5 de enero de 2024″, finalizó el Ministerio de Hacienda.
La firma del contrato por casi $600 mil millones de pesos entre la Cancillería y Thomas Greg se daría el próximo lunes 4 de marzo, que es la ficha límite para formalizar el acuerdo. Esto a pesar de los cuestionamientos que ha hecho Gustavo Petro al respecto.
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