¿Dónde queda el campo en el debate electoral?

En el debate electoral reciente sorprende que aún persista la idea de que la agenda para el campo colombiano es estrictamente agropecuaria. Estos mensajes son tan peligrosos no sólo porque no dimensionan la multidimensionalidad del problema, sino que mantienen el sesgo urbano en las propuestas de desarrollo. El campo colombiano no es ajeno a los procesos estructurales de transformación que han ocurrido en las últimas décadas en buena parte de los países de América Latina.

Hoy el campo se ha desagrarizado, el mercado laboral es más diversificado y los vínculos urbano-rurales están presentes en las dinámicas de estos territorios. A pesar de esto, la brecha urbano-rural persiste y poco se hace desde las políticas públicas para abordar integralmente a una buena parte de colombianos que viven en estos territorios. Es por ello que la mirada hacia el campo debe ser integral y multisectorial, reconociendo estas transformaciones y la importancia que cumple el campo en un desarrollo equilibrado y justo.

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De acuerdo con las investigaciones de Rimisp, aspectos que ya la Misión para la Transformación del Campo mencionó, en Colombia cerca del 33 % de la población vive en territorios urbano-rurales y rurales, y el 19 % en lo que llamamos rural profundo. Esto quiere decir que por lo menos el 51 % de la población colombiana vive y desarrolla sus actividades en entornos donde la ruralidad está presente en su cotidianidad. Sabemos también que cerca del 80 % de la producción agropecuaria se concentra en territorios más aislados con altos niveles de pobreza y marginación, lo que resta oportunidades de crecimiento a una agricultura moderna. Y que en estos territorios las actividades, como la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, se han convertido en una fuente importante de ingresos en las zonas rurales, lo que hace más difícil la rentabilidad de la agricultura. Por lo que se puede afirmar que la ruralidad colombiana es heterogénea y compleja, y por ello salidas institucionales estrictamente sectoriales no atienden de manera comprehensiva esta realidad.

En este sentido, hablar del campo colombiano obliga a pensar en aquellos factores externos al desempeño propio del sector agropecuario, que son críticos para el desarrollo rural y territorial; por supuesto, sin dejar de reconocer la importancia que tiene la agricultura en el desempeño de estos territorios.

Esto implica que las políticas sectoriales de cierre de brechas atiendan la ruralidad de manera diferenciada, pero con el objetivo de alcanzar los mismos resultados en términos de logros y derechos para los habitantes rurales como ciudadanos colombianos que son. Para ello es clave tener en cuenta cómo se puede hacer una asignación más eficiente del presupuesto para las zonas rurales desde las políticas sectoriales tradicionales.

Este es un tema para el que urge tener un planteamiento claro en este debate electoral. Es decir, es necesario que, en las propuestas actuales de los candidatos, las estrategias para infraestructura, conectividad, sostenibilidad ambiental, innovación y acceso a mercados prioricen la ruralidad dentro de sus inversiones y las incorporen dentro de los grandes resultados de país.

Ya la Misión para la Transformación del Campo (2015) advertía lo atomizada que está la inversión rural en este país. En el presupuesto general de la nación los recursos invertidos en la ruralidad equivalen a 0,8 % como porcentaje del PIB, donde la mayor parte de esta inversión (24 %) se concentra en apoyos directos y en las transferencias condicionadas como Familias en Acción (23 %).

Es necesario, entonces, que esta tendencia se revierta y que los criterios de asignación del gasto tengan en cuenta los esfuerzos que se requieren y lo importante de contar con una agenda intersectorial comprehensiva y explícita. Estas agendas deben prever, además, inversiones territoriales concretas que apunten a aprovechar mejor los vínculos urbanos rurales y el rol que pueden tener las ciudades pequeñas y medianas en un país como Colombia para tener una apuesta integral para el campo colombiano y así avanzar en el cierre de brechas entre lo urbano y lo rural.

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Por lo tanto, una propuesta innovadora y más acorde con la realidad de nuestro campo sería que, de manera explícita, en el nuevo Plan de Desarrollo se incorpore una estrategia multisectorial y multinivel para los territorios rurales, con los bienes y servicios que tienen expresión territorial que pueden contribuir al cierre de estas brechas. Ya lo proponía la Misión para la Transformación del Campo (2014): debe ser una estrategia nacional en la que los principales hitos de esta transformación queden soportados en un Conpes Rural y Confis Rural.

Estas inversiones territoriales deben mejorar la competitividad de la agricultura y la incorporación de los territorios tradicionalmente aislados en trayectorias de crecimiento sostenibles, inclusivas y, por sobre todo, diversificadas. Esto sólo será posible si dentro del plan de inversiones del nuevo Plan Nacional de Desarrollo se precisan y se garantizan las fuentes de financiación y se comprometen resultados con metas concretas en los territorios a través de proyectos específicos para el desarrollo rural.

*Directora para Colombia de Rimisp (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural).

En el debate electoral reciente sorprende que aún persista la idea de que la agenda para el campo colombiano es estrictamente agropecuaria. Estos mensajes son tan peligrosos no sólo porque no dimensionan la multidimensionalidad del problema, sino que mantienen el sesgo urbano en las propuestas de desarrollo. El campo colombiano no es ajeno a los procesos estructurales de transformación que han ocurrido en las últimas décadas en buena parte de los países de América Latina.

Hoy el campo se ha desagrarizado, el mercado laboral es más diversificado y los vínculos urbano-rurales están presentes en las dinámicas de estos territorios. A pesar de esto, la brecha urbano-rural persiste y poco se hace desde las políticas públicas para abordar integralmente a una buena parte de colombianos que viven en estos territorios. Es por ello que la mirada hacia el campo debe ser integral y multisectorial, reconociendo estas transformaciones y la importancia que cumple el campo en un desarrollo equilibrado y justo.

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De acuerdo con las investigaciones de Rimisp, aspectos que ya la Misión para la Transformación del Campo mencionó, en Colombia cerca del 33 % de la población vive en territorios urbano-rurales y rurales, y el 19 % en lo que llamamos rural profundo. Esto quiere decir que por lo menos el 51 % de la población colombiana vive y desarrolla sus actividades en entornos donde la ruralidad está presente en su cotidianidad. Sabemos también que cerca del 80 % de la producción agropecuaria se concentra en territorios más aislados con altos niveles de pobreza y marginación, lo que resta oportunidades de crecimiento a una agricultura moderna. Y que en estos territorios las actividades, como la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, se han convertido en una fuente importante de ingresos en las zonas rurales, lo que hace más difícil la rentabilidad de la agricultura. Por lo que se puede afirmar que la ruralidad colombiana es heterogénea y compleja, y por ello salidas institucionales estrictamente sectoriales no atienden de manera comprehensiva esta realidad.

En este sentido, hablar del campo colombiano obliga a pensar en aquellos factores externos al desempeño propio del sector agropecuario, que son críticos para el desarrollo rural y territorial; por supuesto, sin dejar de reconocer la importancia que tiene la agricultura en el desempeño de estos territorios.

Esto implica que las políticas sectoriales de cierre de brechas atiendan la ruralidad de manera diferenciada, pero con el objetivo de alcanzar los mismos resultados en términos de logros y derechos para los habitantes rurales como ciudadanos colombianos que son. Para ello es clave tener en cuenta cómo se puede hacer una asignación más eficiente del presupuesto para las zonas rurales desde las políticas sectoriales tradicionales.

Este es un tema para el que urge tener un planteamiento claro en este debate electoral. Es decir, es necesario que, en las propuestas actuales de los candidatos, las estrategias para infraestructura, conectividad, sostenibilidad ambiental, innovación y acceso a mercados prioricen la ruralidad dentro de sus inversiones y las incorporen dentro de los grandes resultados de país.

Ya la Misión para la Transformación del Campo (2015) advertía lo atomizada que está la inversión rural en este país. En el presupuesto general de la nación los recursos invertidos en la ruralidad equivalen a 0,8 % como porcentaje del PIB, donde la mayor parte de esta inversión (24 %) se concentra en apoyos directos y en las transferencias condicionadas como Familias en Acción (23 %).

Es necesario, entonces, que esta tendencia se revierta y que los criterios de asignación del gasto tengan en cuenta los esfuerzos que se requieren y lo importante de contar con una agenda intersectorial comprehensiva y explícita. Estas agendas deben prever, además, inversiones territoriales concretas que apunten a aprovechar mejor los vínculos urbanos rurales y el rol que pueden tener las ciudades pequeñas y medianas en un país como Colombia para tener una apuesta integral para el campo colombiano y así avanzar en el cierre de brechas entre lo urbano y lo rural.

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Por lo tanto, una propuesta innovadora y más acorde con la realidad de nuestro campo sería que, de manera explícita, en el nuevo Plan de Desarrollo se incorpore una estrategia multisectorial y multinivel para los territorios rurales, con los bienes y servicios que tienen expresión territorial que pueden contribuir al cierre de estas brechas. Ya lo proponía la Misión para la Transformación del Campo (2014): debe ser una estrategia nacional en la que los principales hitos de esta transformación queden soportados en un Conpes Rural y Confis Rural.

Estas inversiones territoriales deben mejorar la competitividad de la agricultura y la incorporación de los territorios tradicionalmente aislados en trayectorias de crecimiento sostenibles, inclusivas y, por sobre todo, diversificadas. Esto sólo será posible si dentro del plan de inversiones del nuevo Plan Nacional de Desarrollo se precisan y se garantizan las fuentes de financiación y se comprometen resultados con metas concretas en los territorios a través de proyectos específicos para el desarrollo rural.

*Directora para Colombia de Rimisp (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural).