Educación y más controles, el largo camino de la seguridad vial

En Colombia, el 40 % de los siniestros en las vías se da por exceso de velocidad. El dato, de por sí contundente, lo es un poco más si se mira desde esta perspectiva: la velocidad no es un accidente o un hecho fortuito, sino una decisión, un proceso consciente de un conductor.

Cuando Ricardo Galindo, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, discute estas cifras no habla de accidentes, sino de siniestros. El cambio en los términos busca reflejar la responsabilidad de fondo que tienen los conductores en cerca del 90 % de los fallecimientos en vías, que se da cada año, que pueden analizarse así: el 40 % corresponde al exceso de velocidad en las vías; el 30 %, por no respetar normas de tránsito; el 10 %, por incidencia del alcohol y el 10 %, por el irrespeto a normas de tránsito, de los peatones.

Este no es un tema menor si se tiene en cuenta que, sólo en 2016, más de 7.000 personas murieron en incidentes de tránsito en todo el país. Esta cifra es mayor que la aportada por el conflicto entre el Estado y las guerrillas. Y habría que sumar 4.500 personas más en el rubro de lesionadas. El asunto es de ese tamaño.

“Hacia el futuro deberíamos hablar incluso de delitos viales”, dice Galindo. De nuevo, el cambio en la terminología apunta a castigar la voluntad de un conductor que toma malas decisiones.

Analizar la seguridad vial desde esta perspectiva puede presentar retos extra, pues el componente de la voluntad plantea un trabajo arduo en dos vertientes al menos: disuasión y educación.

En el primero hay retos evidentes en la sanción a los conductores infractores: se estima que el número de policías de tránsito actual alcanza para cubrir el 30 % del territorio nacional, por ejemplo. “Acá es importante incorporar tecnología para la detección de las infracciones y así generar la disuasión que buscamos. Esto requiere de recursos, pero también de una política nacional que le dé transparencia a la forma como manejamos estos dispositivos”, dice Galindo. El otro problema en este tema es la capacidad que tienen los municipios para hacer efectivos los comparendos. La evasión de multas genera impunidad. Y esta impunidad puede terminar costando vidas.

Por el lado de la educación, el camino puede ser incluso más espinoso, pues, como apunta Galindo, “todos los conductores con más de 16 años pueden ser considerados generaciones perdidas en seguridad vial porque no nos educaron desde pequeños en este tema. Ahí, ya entramos a reeducar y este es un proceso más complejo y que toma más tiempo”.

Aquí se trata de todas las formas de lucha, desde la clásica publicidad en medios masivos (que, por diseño, suele ser muy cruda) hasta las campañas pedagógicas en las calles. Galindo tiene una idea algo más ambiciosa: en el colegio debe haber una cátedra de seguridad vial y la persona debe pasar una suerte de examen de Estado para poder acceder a una licencia de conducción. Esta propuesta va en una línea de pensamiento popular entre algunos expertos en este tema, que ven la conducción como una suerte de privilegio y no como un derecho adquirido.

Los retos en este campo específico son enormes, pues se trata de crear una malla curricular, capacitar docentes y convencer a los entes territoriales de educación sobre la importancia de incluir este tema como parte obligatoria del pénsum.

La unión de una política de educación en seguridad vial y un estricto cumplimiento de las leyes deberían bajar el número de muertos y lesionados en siniestros viales.

La tarea, claramente, no está hecha, pero en 2017, por primera vez en 10 años, el número de muertos en vías disminuyó durante los primeros cuatro meses: 1.920, lo que representa una baja del 9,3 % frente a lo sumado durante el mismo periodo en 2016.

“Necesitamos generar una gran discusión nacional sobre este tema. Es de vital importancia y tiene muchos factores involucrados. No podemos perder de vista que estamos hablando de vidas, de cómo podemos salvarlas”, finaliza Galindo.

En Colombia, el 40 % de los siniestros en las vías se da por exceso de velocidad. El dato, de por sí contundente, lo es un poco más si se mira desde esta perspectiva: la velocidad no es un accidente o un hecho fortuito, sino una decisión, un proceso consciente de un conductor.

Cuando Ricardo Galindo, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, discute estas cifras no habla de accidentes, sino de siniestros. El cambio en los términos busca reflejar la responsabilidad de fondo que tienen los conductores en cerca del 90 % de los fallecimientos en vías, que se da cada año, que pueden analizarse así: el 40 % corresponde al exceso de velocidad en las vías; el 30 %, por no respetar normas de tránsito; el 10 %, por incidencia del alcohol y el 10 %, por el irrespeto a normas de tránsito, de los peatones.

Este no es un tema menor si se tiene en cuenta que, sólo en 2016, más de 7.000 personas murieron en incidentes de tránsito en todo el país. Esta cifra es mayor que la aportada por el conflicto entre el Estado y las guerrillas. Y habría que sumar 4.500 personas más en el rubro de lesionadas. El asunto es de ese tamaño.

“Hacia el futuro deberíamos hablar incluso de delitos viales”, dice Galindo. De nuevo, el cambio en la terminología apunta a castigar la voluntad de un conductor que toma malas decisiones.

Analizar la seguridad vial desde esta perspectiva puede presentar retos extra, pues el componente de la voluntad plantea un trabajo arduo en dos vertientes al menos: disuasión y educación.

En el primero hay retos evidentes en la sanción a los conductores infractores: se estima que el número de policías de tránsito actual alcanza para cubrir el 30 % del territorio nacional, por ejemplo. “Acá es importante incorporar tecnología para la detección de las infracciones y así generar la disuasión que buscamos. Esto requiere de recursos, pero también de una política nacional que le dé transparencia a la forma como manejamos estos dispositivos”, dice Galindo. El otro problema en este tema es la capacidad que tienen los municipios para hacer efectivos los comparendos. La evasión de multas genera impunidad. Y esta impunidad puede terminar costando vidas.

Por el lado de la educación, el camino puede ser incluso más espinoso, pues, como apunta Galindo, “todos los conductores con más de 16 años pueden ser considerados generaciones perdidas en seguridad vial porque no nos educaron desde pequeños en este tema. Ahí, ya entramos a reeducar y este es un proceso más complejo y que toma más tiempo”.

Aquí se trata de todas las formas de lucha, desde la clásica publicidad en medios masivos (que, por diseño, suele ser muy cruda) hasta las campañas pedagógicas en las calles. Galindo tiene una idea algo más ambiciosa: en el colegio debe haber una cátedra de seguridad vial y la persona debe pasar una suerte de examen de Estado para poder acceder a una licencia de conducción. Esta propuesta va en una línea de pensamiento popular entre algunos expertos en este tema, que ven la conducción como una suerte de privilegio y no como un derecho adquirido.

Los retos en este campo específico son enormes, pues se trata de crear una malla curricular, capacitar docentes y convencer a los entes territoriales de educación sobre la importancia de incluir este tema como parte obligatoria del pénsum.

La unión de una política de educación en seguridad vial y un estricto cumplimiento de las leyes deberían bajar el número de muertos y lesionados en siniestros viales.

La tarea, claramente, no está hecha, pero en 2017, por primera vez en 10 años, el número de muertos en vías disminuyó durante los primeros cuatro meses: 1.920, lo que representa una baja del 9,3 % frente a lo sumado durante el mismo periodo en 2016.

“Necesitamos generar una gran discusión nacional sobre este tema. Es de vital importancia y tiene muchos factores involucrados. No podemos perder de vista que estamos hablando de vidas, de cómo podemos salvarlas”, finaliza Galindo.