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La realidad económica para la mayoría de las personas mayores es desgarradoramente simple. En 2022, cerca de 4,5 millones de personas mayores no recibían un ingreso pensional, por lo que la mayoría de las personas mayores que no reciben una pensión deben seguir trabajando, depender de sus familiares o recibir un subsidio mensual de $80.000 (Colombia Mayor). Aunque poco, estos $80.000 son una fuente significativa de ingresos entre los más vulnerables. Por ejemplo, el subsidio de Colombia Mayor representó cerca del 55 % del ingreso mensual de las personas mayores que vivían en los hogares con ingresos más bajos. Para este mismo grupo, las pensiones representan menos del 1 % de su ingreso mensual.
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Desafortunadamente, las condiciones del mercado laboral y las tendencias demográficas no muestran un panorama alentador. Muy pocas personas lograrán alcanzar una pensión y cada vez serán más las personas que se encontrarán en situación de vulnerabilidad debido a la ausencia de esta.
Las propuestas que se discuten en el Congreso proponen una reforma pensional basada en un esquema de pilares, en donde se garantice el derecho a un ingreso vitalicio a una buena parte de las personas mayores en Colombia a través de tres tipos de programas. Un componente solidario para las personas más vulnerables, un componente semicontributivo para las personas que no cumplen los requisitos para una pensión completa y un componente contributivo para las personas que logran pensionarse. En este último, el sistema contempla un esquema de reparto complementado con un esquema de ahorro individual para aquellos que tengan ingresos superiores a un umbral.
La reforma propuesta tiene el apoyo de muchos sectores, pero aún debe ser discutida y aprobada por el Congreso. Hay algunos puntos críticos que deben abordarse para que la iniciativa sea exitosa y duradera.
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En primer lugar, el éxito de la reforma depende de que los pilares solidario y semicontributivo sean suficientes para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables. Estas personas contribuyen al sistema, pero son las que menos reciben. El Gobierno y el Congreso tienen la posibilidad de remediar esta situación. Cómo se definen los beneficios de quienes no alcanzan a pensionarse, incluyendo qué tasa de interés y qué subsidios reconocería Colpensiones a las personas por las contribuciones que se hagan al componente de reparto son fundamentales para garantizar ese derecho a un ingreso estable y suficiente para la mayoría de personas mayores en Colombia. De hecho, esta política tiene un impacto muy positivo para cerrar brechas de género entre los adultos mayores, ya que incluso con las políticas de compensación de semanas propuestas en la reforma, buena parte de las mujeres continuarán en el grupo de población que no se logra pensionar.
En segundo lugar, la determinación del umbral de ingresos en el que se dividan los componentes de reparto y de ahorro individual. El Gobierno propone un umbral de tres salarios mínimos (SM). En la práctica, esto significa que la mayoría de trabajadores contribuirían únicamente a Colpensiones. Las propuestas no discuten ningún ajuste en la forma en que se liquidan las pensiones en Colpensiones, por lo que el sistema seguirá otorgando pensiones muy por encima de los ingresos que recibe por cotizaciones.
Inevitablemente, este desbalance implicará una mayor carga fiscal para el Estado. Dada esta preocupación, las propuestas alternativas discuten un umbral más bajo (de 1,5 SM), lo que modera el desbalance fiscal y mantiene el principio que el sistema de reparto garantice una base de ingresos para los futuros pensionados.
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Tercero, el régimen de transición. Como en las reformas anteriores, los cambios del esquema de pensiones tienen en cuenta que hay que respetar las expectativas de las personas que se encuentran cerca de alcanzar una pensión. Las propuestas consideran que mujeres con 750 semanas cotizadas y los hombres con 900 semanas se mantengan en el sistema actual. Estas condiciones resultan en una transición bastante larga, en la que vamos a seguir manteniendo los problemas del actual sistema para los próximos 25 a 30 años.
Finalmente, la forma en que se gestionen los recursos. Para mitigar las preocupaciones sobre el impacto de la reforma en el mercado de capitales, las propuestas incluyen la creación de un fondo de ahorro (FIPC) que canalice parte de los recursos adicionales que reciba Colpensiones durante los primeros años. Si bien esto contribuye, no es una tarea fácil. El régimen de inversiones de un fondo de ahorro a largo plazo requiere un manejo especial, buscando cubrir de mejor manera el pasivo pensional. Quién estará a cargo del FIPC, cuáles serán los elementos a tener en cuenta en el régimen de inversión y cómo se distribuirán las cargas entre generaciones son preguntas que siguen abiertas en la discusión.
El sistema de pensiones que tengamos será el resultado del contrato social. Como sociedad, escogemos a quiénes queremos cubrir, cuánto queremos gastar y cómo lo queremos financiar. La Constitución ya nos da los principios que deberíamos seguir: eficiencia, universalidad y solidaridad. Ojalá los diagnósticos y debates nos lleven a cumplir estos objetivos de la mejor manera posible.
* Profesor de la U. de los Andes.
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