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Sabía que cuando compra una tarjeta prepago en la calle, ésta pudo ser producto de un robo hecho por un empleado de la empresa de telecomunicaciones? ¿Que cuando pone combustible en su carro posiblemente el ‘bombero’ no está reportando la venta al dueño de la estación de servicio? ¿Es consciente de que las personas que se saltan los torniquetes del transporte público y están robando a las empresas son quizá trabajadores del mismo sistema de movilidad? Pues de acuerdo con la más reciente investigación de la multinacional Alto, líder en prevención, disuasión y disminución de pérdidas ocasionadas por delitos patrimoniales con operación en México, Chile, España y Colombia, el 67% de estos casos son protagonizados por los mismos trabajadores de las empresas. Grave.
Los números muestran que esas pequeñas acciones de hurto representan al final del año unos US$3,600 millones, cerca de $7,35 billones, lo que se traduce en el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según lo reveló la Encuesta de fraude en Colombia 2013, realizada por la firma auditora KPMG. El informe dejó ver que los sectores de telecomunicaciones, combustibles y transporte público son los que más afectados se están viendo, con porcentajes que incluso alcanzan el 4% del total de sus ventas por año.
Cabe destacar que este panorama cuantitativo no incluye los robos que terminan con penas carcelarias. En palabras de Luis Anaya, gerente general de Alto Colombia, “el ‘robo hormiga’, que es el típico hurto de pequeñas cantidades de productos o servicios empieza con no pagar en un supermercado, o conectarse ilegalmente a la red wi-fi del vecino, no pagar un pasaje en el transporte público masivo o el cosquilleo en los buses, también se termina midiendo, incluso, en la reventa de gasolina”.
El asunto se vuelve alarmante cuando se entiende que más de la mitad de esos hurtos proviene del personal de las compañías. “Hay corrupción por parte de los departamentos de compras, hay fraude electrónico con hackeo de firmas y hackeo de cuentas, y hay un tema de robos de usuarios. Estos delitos no son considerados graves en ningún país, tanto como para meter a alguien a la cárcel, pero sí tienen el peso suficiente para ser denunciables. Nosotros nunca nos imaginamos que en la industria iba a haber tanta complicidad interna y lo que nos encontramos es impresionante. En retail se pierden US$150 millones al año en Colombia y el 70% es por el personal”, señaló.
Según el ejecutivo de Alto, combatir este problema es una decisión que sólo está en manos de las directivas de cada organización: “Los representantes de las empresas tienen una responsabilidad muy importante sobre los actos de los empleados. Debe existir algún tipo de sanción y lo que normalmente sucede es que los despiden, de modo que ellos van y buscan otro trabajo y no pasa nada. Los mismos empresarios deben tener una política de tolerancia cero, que los lleve a estar prevenidos, que los impulse a capacitar a los empleados”.
Aunque en el país existen 83 empresas que ya son conscientes del daño que causa esta modalidad de robo interno, aún hay algunas que desconocen el asunto. Fernando Sanclemente, gerente de Transmilenio, aseguró: “No tenemos un registro de ‘robo hormiga’ por parte de los trabajadores, no es un hecho notorio en la entidad. Sabemos que el externo marginal alcanza el 2% de las pérdidas”.
Razones con las que coincide Álvaro Younes, presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles (Fedepetrol). “En el caso de las estaciones de servicios, sí se presentan robos, pero no es muy frecuente. Aunque nos alcanza a afectar, tomar medidas no es muy fácil, pues parece que fuera un comportamiento especial”. Así como lo afirmaron los estudios de Alto, el directivo sostuvo que “los empleados que encontramos delinquiendo son expulsados, porque no podemos hacer una lista negra, aunque despedirlos significa que van a ir a robar a otro lado. No se denuncia porque eso es algo que sucede desde entidades como el Congreso y no existen correctivos legales”.
Por su parte, Rafael España, director económico de Fenalco, organización que trabaja por el desarrollo del comercio, una de las industrias más afectadas del país, dijo que “según el censo de mermas que hacemos desde hace 10 años, en el que se incluyen supermercados y almacenes por departamento, la mitad de los robos en estos nichos los realizan los empleados y la otra mitad viene de personas externas”.
Agregó que los productos más apetecidos por los ladrones eran condones y vitaminas, ahora son carnes difíciles de detectar a la salida de los locales. “Fenalco ha expresado que la ley en Colombia no es la mejor para estos casos, pues dice que el robo debe ser mayor de un salario mínimo para que se justifique la judicialización”, y sostuvo que “todo el universo de las grandes superficies ya es consciente de la gravedad del problema para reducir esas mermas”.
Anaya, de Alto, concluye que es necesario mirar con detenimiento este tema, que va más allá de las mismas industrias: “El robo termina dañando la imagen del país, genera una sensación de inseguridad para los inversionistas que vienen, pues no sólo deben pensar en que los pueden estar robando sino que presupuestalmente deben destinar algo para armar la infraestructura de seguridad necesaria. Por ejemplo, los celulares robados los están llevando a Ecuador, Venezuela y Perú porque no hay ningún tipo de restricción, lo cual se está volviendo gravísimo porque eso empieza a generar una imagen de peligro en Colombia”.
Con base en información que la Policía le brindó a Alto, hay un registro a nivel nacional de apenas el 15% de denuncias de este tipo de delitos. Las causas están asociadas a que los ciudadanos consideran que la justicia no funciona, que los robos en pequeñas proporciones no generan grandes pérdidas y que ya es normal este accionar. No obstante, las estadísticas muestran que en retail han sido judicializadas cerca de 35.000 personas en cinco años, logrando una disminución del 50% en muchos casos.