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La perspectiva de crecimiento del sector minero en el mediano plazo está centrada en oro y cobre, pero el activismo jurídico, según el gremio minero, ha impedido que crezcan las inversiones y se desarrollen nuevas iniciativas empresariales.
La preocupación por el desarrollo de los proyectos mineros, desde el punto de vista de la producción, también toca al carbón. Es claro que la producción minera viene en descenso. Según cifras reveladas por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en el primer trimestre de 2019 el carbón produjo 39,9 millones de toneladas frente a los 42,8 millones de un año atrás para similar periodo.
La producción de oro estuvo en 567.000 onzas en el primer semestre de 2019, mientras que la cifra para igual lapso en 2018 fue de 532.000 onzas. Por su parte, el sector de cobre produjo en los primeros seis meses de este año 2.503 toneladas, cuando en ese periodo de 2018 había sido de 4.852 toneladas.
El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, explica que las compañías sienten que las dificultades se generan por problemas sociales y ambientales. Según él, hay problemas en materia de una falta de criterio en actuaciones claras de la justicia en los acuerdos municipales.
Nariño admite que, pese a que en la explotación de oro hay una problemática de legalización de pequeños mineros en torno a los proyectos grandes. "Existen preocupaciones comunes en oro y en cobre que son las derivadas de las presiones sociales que la industria está sintiendo", dice. A juicio del dirigente gremial esas presiones sociales están relacionadas con "activismo jurídico" en torno a los proyectos de oro y cobre, pero que también afecta al carbón.
"Lo que está restando el apetito para las inversiones de carbón en el país es el activismo jurídico" en torno a los proyectos del norte colombiano donde se encuentran las principales explotaciones del mineral, sostiene Nariño.
Advirtió que ese activismo jurídico trae consecuencias para el país que no han sido consideradas. Y "cuando a eso se le suman coyunturas de precios como las de meses anteriores, se ponen escenarios muy críticos para las decisiones de inversión, que en la industria minera mantienen la producción para los años siguientes", sostiene el presidente de la Asociación Minera.
Lo preocupante para el sector es que muchas actuaciones judiciales terminen cerrando proyectos, "desconociendo la institucionalidad ambiental del país que históricamente ha otorgado y revisado esos planes de manejo ambiental. Esas pretensiones son para suspender las actividades con consecuencias inimaginables para las cifras macroeconómicas del país, pero también para la región donde están esos proyectos", advirtió el dirigente gremial.
Nariño alerta sobre menores producciones en el futuro por la materialización de acciones judiciales en contra del sector, pero particularmente del carbón, "pretensiones judiciales que tienen un uso en una época electoral".
Insiste en que lo que está sucediendo con el sector minero en materia de "activismo judicial" puede permear a otros sectores productivos de la Nación.
La producción de carbón en el último año registra una caída de cuatro millones de toneladas, que a juicio del gremio minero es consecuencia de decisiones judiciales que no se tomaron oportunamente.