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Una creciente ocurrida aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango, el 12 de mayo de 2018, significó la destrucción de 70 casas y la afectación de otras 162. Este y otros impactos, como los de tipo ambiental, son los que se han registrado durante el primer año que cumple la contingencia de esta infraestructura energética.
Como lo explica EPM, el 28 de abril de 2018 ocurrió un acontecimiento que partió en dos la historia del proyecto. Para la fecha los avances en su construcción significaban una evolución del 87%, con un correcto cumplimiento del cronograma y presupuesto. No obstante, ese día el destaponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) significó el comienzo de esta contingencia.
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Según las declaraciones entregadas por el gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, la complejidad de la situación hace que hoy se anuncie la culminación del primero de tres años de trabajo de recuperación.
Hasta la fecha se han logrado "hitos" como el taponamiento de uno los túneles y vaciar la casa de máquinas, por la que estuvo pasando el agua de río Cauca, entre otros que han permitido que el riesgo a las comunidades que se han visto, o que podrían verse afectadas, disminuyan, según EPM.
Es importante mencionar que aún continúa la alerta roja sobre el municipio de Puerto Valdivia, situación que terminaría tras la colocación de un pretapón en uno de los túneles. Estas y otras acciones son las que esperan realizar EPM próximamente.
De la Cuesta aseguró que espera que algún día Hidroituango sea como el Embalse de Guatapé.
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Las comunidades
Isabel Cristina Zuleta es la directora de Ríos Vivos Antioquia, en entrevista con El Espectador el pasado 9 de abril, se mostró enfática al afirmar que el proyecto aún no devuelve la confianza a las comunidades, ni repara los daños materiales, sociales y ambientales generados.
“En la ribera del embalse se ven muchos derrumbes anormales y eso nos genera incertidumbre. Necesitamos que nos devuelvan la confianza, necesitamos estudios serios e independientes que nos digan si el proyecto es o no viable”, comentó.
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Esta vocera reforzó su argumento al decir que, si efectivamente EPM tuviera controlada la emergencia, Puerto Valdivia no seguiría estando en alerta roja, si se habrían tenido que matar más de 100.000 peces.
Por su parte EPM asegura que las comunidades conforman el principal pilar de sus prioridades, por debajo del cuidado al medio ambiente y el mismo proyecto.
Si bien reconocen que esta obra de infraestructura energética ha significado la afectación de muchas familias, aseguran que han adelantado esfuerzos para intentar reparar los daños. Muestra de ello es el auxilio de $1.100.000 que reciben cada uno de estos hogares y la restitución y reubicación de las viviendas que fueron destruidas por la creciente, entre otras atenciones de tipo educativo, psicológico y social.
Sin embargo, las 162 viviendas que han resultado afectadas no han recibido una destinación de dinero que permitan su reparación, de la Cuesta asegura que esto ha sido así porque la emergencia aún sigue vigente, razón por la cual una inversión resultaría un despropósito.
“No podemos hacer reparaciones por eso, estamos en alerta roja y la orden es evacuar. Esto por el momento”, recalcó.
En total EPM estima haber invertido más de $20.000 millones en ayudas para las comunidades afectadas, las cuales representan 17.184 personas que integran 5.626 familias.