El camino cuesta arriba de las reformas pensional y laboral en 2024

Con el inicio del segundo período legislativo el pasado 16 de febrero, vuelve la discusión de proyectos claves, incluyendo las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro. En materia económica, están sobre la mesa las reformas laboral y pensional.

Con el inicio del segundo período legislativo el pasado 16 de febrero, vuelve la discusión de proyectos claves, incluyendo las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro. En materia económica, están sobre la mesa las reformas laboral y pensional.

El camino para aprobar los proyectos está lleno de retos, por decir lo menos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la incertidumbre sobre el apoyo que tendrán las iniciativas en el Congreso y que estas todavía no convencen a gremios y expertos.

Lo que se necesita para salvar la pensional

Esta reforma sobrevivió a la primera legislatura cuando la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate, a mediados de junio, sus 94 artículos. En la segunda legislatura, que inició el 20 de julio de 2023, no se ha discutido ni una sola vez. Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, afirmó el año pasado que el proyecto se debatiría el 16 de febrero, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha anunciado.

Iván Name, presidente del Senado, explicó el viernes que se dará un plazo esta semana para buscar acuerdos antes de avanzar en el trámite. “Estamos tratando de que la pensional salga adelante y que no vaya a perecer”, dijo.

Para que el proyecto no sea archivado, se debe aprobar en los tres debates que le hacen falta (uno en la plenaria del Senado y dos en Cámara) antes del próximo 20 de junio.

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Con la reforma, el gobierno Petro busca acabar con la competencia entre los dos regímenes: uno en cabeza de Colpensiones y el otro en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un sistema de pilares. Actualmente, el mayor problema es que el sistema no cumple con su función: solo uno de cada cuatro adultos mayores recibe una pensión. Entre los otros peros que destacan los analistas está la inequidad, considerando que los subsidios llegan a las personas que no son pobres y que un afiliado con el mismo historial laboral recibe pensiones distintas en el régimen público y en el privado.

Teniendo en cuenta lo establecido en la ponencia para segundo debate, en el sistema que propone el Gobierno las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) entrarán al pilar solidario y se les entregará una renta básica que corresponderá, como mínimo, a la línea de pobreza extrema (inicialmente se calculó que serían $223.000).

Del pilar semicontributivo se beneficiarían quienes (en los mismos rangos de edad del solidario) cotizaron entre 300 y 1.000 semanas. Hoy, a quienes no cumplen el requisito de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia, el cálculo varía dependiendo de si la persona es elegible o no para el pilar solidario.

En el pilar contributivo, todos los afiliados al sistema cotizarán entre uno y tres salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Quienes ganen cuatro salarios mínimos, por ejemplo, cotizarán tres en Colpensiones y uno en las AFP, y quienes ganen uno, dos o tres solo cotizarán en Colpensiones. El último pilar es de ahorro voluntario.

El punto más álgido del debate que se avecina será el umbral de cotización en Colpensiones, que según los expertos debe bajarse para que la reforma sea sostenible. También hay otros cuestionamientos, entre ellos si el fondo de ahorro es suficiente para garantizar la sostenibilidad, si Colpensiones está la altura de la transformación que demanda la reforma (incluyendo la obligación que tendría de administrar el fondo), las características y beneficios del pilar semicontributivo y los alcances del enfoque de género.

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La laboral 2.0

La propuesta del Gobierno para actualizar las reglas del trabajo en Colombia se hundió en la primera legislatura por falta de trámite, pero el Ministerio de Trabajo volvió a radicar la reforma en agosto con algunos cambios (que siguen sin convencer del todo a los empresarios).

A finales de diciembre, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 16 de los 98 artículos que componen el proyecto, incluyendo dos de los más polémicos: el que amplía la jornada nocturna (que comenzaría a las 7:00 p.m. y no a las 9:00 p.m. como ocurre ahora) y el que incrementa gradualmente el recargo para domingos y festivos hasta llegar al 100 % en 2026 (actualmente es del 75 %).

Entre los aprobados se incluyen temas como los límites a la subordinación, medidas para la eliminación de la violencia, acoso y la discriminación en el mundo del trabajo y el acceso a seguridad social para trabajadores de plataformas digitales cuando sean dependientes o subordinados. Para que la laboral salga victoriosa del primer debate, todavía falta la aprobación de los otros 82 artículos.

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Muchos de los reparos que tenían los empresarios al primer proyecto se mantienen y algunos gremios han dicho que en el nuevo texto no se tuvieron en cuenta sus preocupaciones. Quienes se oponen a la reforma argumentan, por ejemplo, que elevaría los costos para la contratación de trabajadores formales e incluso que en lugar de generar más trabajo formal podría causar despidos, ante la imposibilidad de las empresas de asumir los sobrecostos.

La pertinencia de estas medidas con la situación actual de la economía colombiana, que en 2023 creció solo 0,6 %, es otro de los peros.

Convencer a los congresistas de que la reforma no pondrá en riesgo el empleo formal ni la estabilidad financiera de las empresas es apenas una de las muchas tareas que tiene por delante el Gobierno con ese proyecto. De todas formas, hay que decir que la aprobación en primer debate, lo mínimo necesario para que pase de esta legislatura y pueda seguir su trámite, parece menos compleja considerando que los dos artículos más polémicos ya se aprobaron.

El poder de negociación con el Congreso será clave para que las reformas económicas lleguen a buen término este año.

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