El castrochavismo, la libre empresa y lo que sí debería preocupar de la economía

En tiempos recientes, especialmente en días de campaña electoral, el término castrochavismo, un neologismo desafortunado cuando menos, se ha vuelto el caballito de batalla de varios sectores del espectro político y también de los gremios empresariales cercanos a éstos.

Como buena figura retórica es deformada y explotada, con la conveniencia propia de la política, para meter en la misma bolsa a prácticamente cualquiera. Bajo esta denominación terminan juntos y revueltos candidatos con planteamientos económicos tan diferentes como Humberto de la Calle, Sergio Fajardo o Gustavo Petro. Ahora, la estrategia no es nueva en Colombia.

Durante la primera década de este siglo, la retórica del terrorismo fue usada, y abusada, indiscriminadamente para ganar elecciones en Estados Unidos, Europa y en Colombia. Ahora parece que, ante el avance de los acuerdos de paz, cambiamos un miedo por otro: el terrorismo por el castrochavismo.

Para muchos de los usuarios de este término, sus mayores pesadillas están asociadas a políticas que ataquen la libre empresa y el buen funcionamiento de los mercados. Al tiempo que se teme un escenario, poco se habla de otro: la consolidación de carteles y oligopolios en el país, que entorpecen el funcionamiento honesto y equilibrado de la lógica de libre empresa.

En los últimos cinco años, en el país han salido a relucir diferentes carteles como el de los pañales, papel higiénico, cuadernos, azúcar, seguridad privada, cemento y hasta el del arroz. Gracias a la buena labor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y a una política de beneficios a delatores, se ha podido evidenciar cómo desde altos puestos directivos de reconocidos grupos económicos se negociaban precios de productos y servicios para ganar mayor poder de mercado, en detrimento del bolsillo de los colombianos y del sano funcionamiento de una economía competitiva y libre.

La consolidación de poder es un factor predominante en la economía, no sólo en el sector empresarial, sino también en el financiero. Y la verdad es que hay poco debate sobre este tema, que no resulta algo menor. Un editorial de este periódico daba cuenta de cómo los altos niveles de concentración en el sector bancario generaban que, cerca del 70 % de los activos del sistema, estuviera en manos de sólo tres grupos económicos; estos son los mismos actores que gozan de una ventaja inmensa en el sistema privado de pensiones.

Por ejemplo, en el caso del cartel de la seguridad privada, la SIC impuso multas por $14.000 millones, luego de que las empresas involucradas se hicieran irregularmente con licitaciones por más de $100.000 millones. En 2015, catorce empresas azucareras fueron multadas con unos $320.000 millones por la entidad y los daños de sus acciones, se estima, podían haber llegado a $730.000 millones anuales.

Los hallazgos de los “Paradise papers” y los “Panama papers”, que desaparecen rápidamente del debate nacional, muestran cómo es la evasión de impuestos a escala global, un fenómeno que, de paso, ayuda a ensanchar los vergonzosos niveles de desigualdad (reflejados en el índice Gini) y terminan pegándoles a las finanzas públicas. Estas son acciones que emprenden tanto grupos ilegales, como de legítimos empresarios que defienden la libertad de empresa y el desarrollo económico.

Hay que hablar de asuntos puntuales en el debate electoral y no eludirlos bajo el manto del desatinado concepto del castrochavismo, que termina por ocultar problemáticas locales y emplea un miedo fantasioso e irracional para manipular una elección.

La conversación debería girar en torno a temas como la superación de la dependencia a las materias primas, con ideas al menos de mediano plazo. Ya se ha dicho en este diario que este es un ejercicio que requiere imaginación y voluntad política para efectuar una reingeniería del aparato productivo y así comenzar a pensar en industrias verdes, turismo sostenible, desarrollo de software que impulse la economía digital (pero con claras metas de formalidad en términos de empleo).

Las propuestas y los análisis acerca de la economía local tienen que ser el centro del debate. Esto requiere que algunos sectores empresariales que han caído en la trampa retórica del castrochavismo asuman con altura esta discusión, pero también renueven su compromiso ético con el manejo de precios y poder en un mercado con grandes índices de concentración.

Es claro que la estrategia de algunos es compararse con el vecino sin ver los propios problemas. Y aquí hay una contradicción interesante: ver los líos del otro, pero violar, durante años, la libre competencia. No es coherente temerle a la fantasía de la dictadura castrochavista en Colombia, pero, al mismo tiempo, defender en silencio la dictadura del oligopolio, la evasión de impuestos y la violación de los derechos de los consumidores.

*Profesor Escuela de Economía, Universidad Nacional de Colombia.

En tiempos recientes, especialmente en días de campaña electoral, el término castrochavismo, un neologismo desafortunado cuando menos, se ha vuelto el caballito de batalla de varios sectores del espectro político y también de los gremios empresariales cercanos a éstos.

Como buena figura retórica es deformada y explotada, con la conveniencia propia de la política, para meter en la misma bolsa a prácticamente cualquiera. Bajo esta denominación terminan juntos y revueltos candidatos con planteamientos económicos tan diferentes como Humberto de la Calle, Sergio Fajardo o Gustavo Petro. Ahora, la estrategia no es nueva en Colombia.

Durante la primera década de este siglo, la retórica del terrorismo fue usada, y abusada, indiscriminadamente para ganar elecciones en Estados Unidos, Europa y en Colombia. Ahora parece que, ante el avance de los acuerdos de paz, cambiamos un miedo por otro: el terrorismo por el castrochavismo.

Para muchos de los usuarios de este término, sus mayores pesadillas están asociadas a políticas que ataquen la libre empresa y el buen funcionamiento de los mercados. Al tiempo que se teme un escenario, poco se habla de otro: la consolidación de carteles y oligopolios en el país, que entorpecen el funcionamiento honesto y equilibrado de la lógica de libre empresa.

En los últimos cinco años, en el país han salido a relucir diferentes carteles como el de los pañales, papel higiénico, cuadernos, azúcar, seguridad privada, cemento y hasta el del arroz. Gracias a la buena labor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y a una política de beneficios a delatores, se ha podido evidenciar cómo desde altos puestos directivos de reconocidos grupos económicos se negociaban precios de productos y servicios para ganar mayor poder de mercado, en detrimento del bolsillo de los colombianos y del sano funcionamiento de una economía competitiva y libre.

La consolidación de poder es un factor predominante en la economía, no sólo en el sector empresarial, sino también en el financiero. Y la verdad es que hay poco debate sobre este tema, que no resulta algo menor. Un editorial de este periódico daba cuenta de cómo los altos niveles de concentración en el sector bancario generaban que, cerca del 70 % de los activos del sistema, estuviera en manos de sólo tres grupos económicos; estos son los mismos actores que gozan de una ventaja inmensa en el sistema privado de pensiones.

Por ejemplo, en el caso del cartel de la seguridad privada, la SIC impuso multas por $14.000 millones, luego de que las empresas involucradas se hicieran irregularmente con licitaciones por más de $100.000 millones. En 2015, catorce empresas azucareras fueron multadas con unos $320.000 millones por la entidad y los daños de sus acciones, se estima, podían haber llegado a $730.000 millones anuales.

Los hallazgos de los “Paradise papers” y los “Panama papers”, que desaparecen rápidamente del debate nacional, muestran cómo es la evasión de impuestos a escala global, un fenómeno que, de paso, ayuda a ensanchar los vergonzosos niveles de desigualdad (reflejados en el índice Gini) y terminan pegándoles a las finanzas públicas. Estas son acciones que emprenden tanto grupos ilegales, como de legítimos empresarios que defienden la libertad de empresa y el desarrollo económico.

Hay que hablar de asuntos puntuales en el debate electoral y no eludirlos bajo el manto del desatinado concepto del castrochavismo, que termina por ocultar problemáticas locales y emplea un miedo fantasioso e irracional para manipular una elección.

La conversación debería girar en torno a temas como la superación de la dependencia a las materias primas, con ideas al menos de mediano plazo. Ya se ha dicho en este diario que este es un ejercicio que requiere imaginación y voluntad política para efectuar una reingeniería del aparato productivo y así comenzar a pensar en industrias verdes, turismo sostenible, desarrollo de software que impulse la economía digital (pero con claras metas de formalidad en términos de empleo).

Las propuestas y los análisis acerca de la economía local tienen que ser el centro del debate. Esto requiere que algunos sectores empresariales que han caído en la trampa retórica del castrochavismo asuman con altura esta discusión, pero también renueven su compromiso ético con el manejo de precios y poder en un mercado con grandes índices de concentración.

Es claro que la estrategia de algunos es compararse con el vecino sin ver los propios problemas. Y aquí hay una contradicción interesante: ver los líos del otro, pero violar, durante años, la libre competencia. No es coherente temerle a la fantasía de la dictadura castrochavista en Colombia, pero, al mismo tiempo, defender en silencio la dictadura del oligopolio, la evasión de impuestos y la violación de los derechos de los consumidores.

*Profesor Escuela de Economía, Universidad Nacional de Colombia.