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El catastro multipropósito es una pieza clave de la reforma rural integral del Acuerdo Final. Al ser un inventario de las condiciones físicas, económicas y jurídicas de los predios, es una herramienta útil para tomar decisiones, incrementar el recaudo tributario, aumentar la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva, entre otros objetivos necesarios para lograr la paz. El Gobierno lo incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo y lo puso en marcha con un CONPES y otras normatividades.
Aunque la pandemia en 2020 implicó reajustes y algunos retrasos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) hoy resalta varios avances, como haber pasado de 2,25 % del área nacional con información catastral actualizada en 2020 a casi el 16 % en 2021. Esto equivale a 18 millones de hectáreas en total. Hace dos años, la cifra era 5,6 %; sin embargo, como explica la directora del IGAC, Olga Lucía López, hay que tener en cuenta que, a medida que pasa el tiempo, la información que supera los cinco años de vigencia se considera desactualizada.
Una de las claves de esta estrategia es la descentralización de las labores a través de la habilitación de gestores catastrales y dejando al IGAC como gestor de última instancia, es decir, para que intervenga donde no haya ningún otro habilitado. Según López, actualmente hay 19 gestores habilitados (que tienen a su cargo cerca de nueve millones de hectáreas en todo el país) y hay cerca de siete solicitudes en proceso. En todo caso, el proceso se encuentra cerca de la meta de tener 20 gestores para 2022.
Algo fundamental, resalta la funcionaria, es la voluntad que tengan alcaldes y gobernadores para atravesar por este proceso. La meta oficial es llegar a 27 millones de hectáreas actualizadas a finales de 2021. Para el último año de este gobierno es aún más ambiciosa: 60 % de actualización. López, entonces, hace un llamado a los mandatarios para que asuman la gestión catastral, algo que, según ella, repercute positivamente en las administraciones, al dejar como resultado información actualizada que, a su vez, es útil para aumentar el recaudo y las inversiones.
Como caso de éxito, el IGAC destaca a Soacha. Su alcalde, Juan Carlos Saldarriaga, afirma que el 100 % del área urbana del municipio quedó actualizada en 2020 (180.000 predios). Según él, se creía que el inventario urbano de Soacha valía $6 billones. “Con la actualización, sabemos que la ciudad cuesta $23 billones. Soacha tenía riqueza, muchos ricos, encubriéndose en la ciudad”. Añade que, por el retorno de la inversión en el catastro, “vale la pena ‘hacer el sacrificio’”, incluso de popularidad.
En 2020, la cifra del predial para recaudar era de $28.000 millones, mientras que para 2021 subió a $196.000 millones. Con los incentivos, como descuentos de hasta el 50 %, se tiene proyectado que el recaudo llegará a unos $100.000 millones, en todo caso, casi cinco veces lo obtenido el año pasado. Su próxima meta es que el área rural quede actualizada a finales de este año, tarea que no se pudo hacer el año pasado por falta de recursos.
Para financiar el catastro de 2020, explica Saldarriaga, se destinaron más de $20.000 millones del presupuesto del municipio que, según el mandatario, fue posible reservar disminuyendo costos, por ejemplo, en la escala de honorarios de la alcaldía, dotaciones, entre otros. En lo técnico, se utilizaron imágenes satelitales, aviones y tecnologías como la infrarroja para determinar la altura de los inmuebles. Estas herramientas, agrega el alcalde, hicieron más eficiente y dieron más transparencia al operativo, que tomó cerca de seis meses.
¿Es multipropósito?
Según el alcalde Saldarriaga, la información levantada permite “guiar las inversiones” (para las que, por el aumento en el recaudo, habrá más recursos). Es decir, saber dónde hay carencias de servicios públicos; dónde están los niños, para hacer parques y colegios, entre otros puntos. Según la directora del IGAC, por otro lado, el catastro es el “primer paso en la cadena de formalización” de tierras, otro de los objetivos de la reforma rural integral. Explica: “La información queda disponible para la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, entidad competente en formalización.
De los 7,3 millones de hectáreas actualizadas en 2020 entre el IGAC y los gestores catastrales (que forman parte de los 18 millones de hectáreas en total), el 97 % corresponde a área rural y el 3 % a urbana, informa el IGAC. López agrega que el trabajo conjunto y coordinado ha logrado “eficiencias” entre el Instituto y la ANT, como, por ejemplo, colaboración en el trabajo de campo. No obstante, algunos expertos señalan que el catastro tiene un enfoque técnico-predial, con fines principalmente tributarios, lo que preocupa, pues no se estaría prestando suficiente atención a las otras “capas” de la información que harían del catastro un ejercicio realmente “multipropósito”.
Las variables ambientales, productivas y de conflictos con la vocación del uso del suelo son algunas de las que, para Jhenifer Mojica, consultora en temas de tierras, no son visibles. Según esta experta, la descentralización de la gestión catastral generó competencia (entre gestores) y un gran énfasis en la adopción de tecnología; sin embargo, para ella, se parece más a un catastro tradicional, más eficiente, pero sin “un acuerdo interinstitucional entre entidades como Agricultura, Ambiente y las de catastro para definir cómo hacer el catastro realmente multipropósito”.
“La información económica, social y productiva se queda corta en la gestión catastral multipropósito, por el énfasis en lo inmobiliario, que le quita fuerza al multipropósito. Se desconocen los estudios técnico-productivos, ingresos, calidad de suelos, actualización del IGAC de las zonas geoeconómicas homogéneas”, es una de las inquietudes que quedaron planteadas en una sesión virtual con procuradores Agrarios y Ambientales de varios departamentos, el pasado 25 de septiembre. Así lo recoge un documento de consultoría para la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, elaborado por Mojica y Silvia Ayala.
Para Diego Trujillo, exprocurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, de entrada, es “loable” que el gobierno de Iván Duque haya puesto el catastro como uno de sus principales objetivos, pues es “imposible pensar en paz territorial sin la información completa (…) Nada es posible para la ordenanza, la justicia, lo ambiental, lo agrario y el buen uso de suelo con la información catastral desactualizada”, sobre todo en los suelos rurales “que tantos años de conflicto nos han enseñado que es el botín de guerra por el que todas las partes pelean”.
Explica que el caos en la información fomenta que “las mafias y la ilegalidad (narcos, deforestadores, usurpadores, acaparadores…) reinen porque no hay quién controle. El Estado, al no tener la información, no puede controlar ni proteger”, así como los municipios no tienen los datos técnicos adecuados para que los concejos decidan qué quieren o deben hacer con la tierra. Agrega que para la Procuraduría fue satisfactorio ver un cambio radical en el IGAC, desde 2018 aproximadamente, después del marchitamiento que, considera, hubo desde comienzos de este siglo.
Sin embargo, opina que no ha pasado lo mismo con la Agencia Nacional de Tierras. Trujillo, por cierto, cree que la atomización del Incoder en varias entidades fue un “gran error”. Agrega que es necesario dar el debate de crear un Ministerio de Tierras “fuerte, para la protección de la propiedad pública, porque existen el Ministerio de Agricultura, el de Minas y el de Ambiente, pero ninguno de los tres le pone atención a que el verdadero patrimonio público de este país, el más biodiverso, es su tierra, suelos y recursos naturales”. Concluye que, “hasta que no se integre el problema tributario, con lo social y ambiental”, no habrá justicia ni solución de fondo para los problemas territoriales.