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Juan Daniel Oviedo, el actual director del DANE, ha manifestado públicamente, y en varias ocasiones, que el censo nacional de población y vivienda, que se viene realizando desde el año pasado, tiene varios errores. El funcionario indicó que aunque la operación presenta problemas, la entidad tiene la capacidad de aislarlos.
En entrevista con El Espectador, Oviedo se refirió al manejo que se le está dando a la información, al papel de la comisión de expertos que lo está asesorando y al peso político que tendrán los resultados.
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¿Cuándo van a publicar los resultados del censo?
Estamos en capacidad de tener los resultados definitivos para el 26 de junio, pero estamos evaluando sitios donde será el evento y dependemos de su disponibilidad de fechas. Nuestra ventana es que no pase del jueves 4 de julio.
¿Deben cumplir con alguna fecha límite?
Tenemos plazo hasta el 30 de junio para certificarle al Departamento Nacional de Planeación (DNP) las estructuras de población departamental del último censo realizado.
Usted ha advertido de varios errores en el censo, ¿qué ha encontrado?
Una de las dificultades que tuvo este censo es que la cartografía que se utilizó para ir a campo no estaba tan fresca, se levantó en 2015 y se actualizó en 2016 y 2017, por eso encontramos 27 % más hogares de los previstos, pues en esos tres años la urbanización fue muy fuerte. Aun así todo parece indicar que los mapas tienen un nivel de tolerancia que permite tomar decisiones.
¿Qué se está haciendo para solucionarlos?
El censo está siendo sometido a un proceso de evaluación externa en materia demográfica. Convoqué a un grupo de expertos nacionales y extranjeros antes de lanzar los resultados preliminares que está estudiando toda la planeación estadística, demográfica, operativa y la implementación logística y técnica de todos los procesos. En últimas, estoy preparando al país para que entienda que el comité de expertos va a decir que hubo unas deficiencias que no se pueden volver a repetir, pero a pesar de estas dificultades tenemos la posibilidad de darle un aval oficial a la información que recolectamos.
¿Hasta qué punto la comisión de expertos puede corregir información que ya se levantó?
Los expertos no van a corregir, el objetivo de la misión es validar la integridad del proceso de planeación y de los insumos básicos que se utilizaron para estructurar el operativo, así como determinar que hayan existido mecanismos de seguimiento y control suficientemente rigurosos para minimizar los errores que se pudieran cometer y mitigar los riesgos de una forma óptima.
¿El censo se puede salvar?
Sí, se puede decir que se puede salvar. Muchos demógrafos han venido a decirme que lo haga porque el de 2005, Dios mío, tuvo sus problemas.
¿Entonces los errores no son tan graves?
Los errores no son tan graves.
¿Esos errores fueron por omisión de la administración anterior?
Son situaciones que se producen por tacañería presupuestal. Y mi juicio madura cuando veo otras situaciones similares, como la de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 y la Encuesta de Calidad de Vida 2017, además del Censo Nacional de Población y Vivienda. El exdirector del DANE pidió $380.000 millones y le dieron menos. Cómo es posible que no exista un sentido de responsabilidad, de decir que nos vamos a aventurar a hacer el censo, pero con una bolsa de contingencias; ese hubiera podido ser un escenario correcto del gobierno para asumir el reto de hacerlo en un año electoral y no dejar al país sin censo si hubiera buena voluntad. Aquí hubo una cosa que no fue manejada bien.
¿Cómo lo manejó?
Cuando llegué me recibieron con que tenía que hablar con el ministro de Hacienda para pedir una adición presupuestal de $25.000 millones, porque el presupuesto daba para que el 9 de septiembre no tuviera más plata. Al final nos dieron $14.000 millones.
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El uso que se le dará al censo
¿Se siente confiado con los resultados del censo?
Si no, no estaría aguantando todo este palo. Un censo nunca ha tenido nivel de error cero y cuando se hace por barrido suele haber inconsistencias en el interior de la base de datos, la gente lo ha tomado a manera de burla, pero tenemos que ser claros, los censos en todas partes del mundo tienen esos problemas. Para mí es enfrentarme a un nuevo paradigma en el que la estadística ya no se da de espaldas a los usuarios.
¿Cree que el Congreso también les dará la credibilidad suficiente a sus datos?
El Congreso no aprueba un censo desde el 64. El del 85 quedó aprobado de facto por la Constitución del 91, pero ni el de 1993 ni el de 2005 se avalaron. Podemos dar la discusión, pero en el Congreso van a decir que no nos creen, como pasó en la Comisión Tercera. El censo tiene la capacidad de leer de forma muy fina lo que está pasando en la estructura poblacional colombiana. El país tiene que entender que no solo es comer callado y decir que todo está perfecto para que la credibilidad del DANE funcione.
A los soplones que destapan grandes crisis no les va bien, lo sé, se queman. Pero no puedo decir es que todo estaba perfecto para que la gente crea que somos 46 millones. Todos los exdirectores dicen que los censos siempre han tenido problemas y qué tal que el hecho que esté detrás de eso es que se hayan preocupado más por callar los problemas que por garantizar que no vuelvan a suceder.
¿Para qué sirven los resultados del censo?
Para temas electorales y presupuestales que se calculan con los datos de población. Para nosotros es una responsabilidad muy grande con el país poder entregar estos resultados para que la asignación de recursos y curules de diputados se haga de forma consecuente.
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La precisión de la información
¿La información recolectada ya está toda procesada?
El operativo de recolección lo cerramos el 2 de noviembre, cuando encontramos que éramos 42,8 millones de personas, esa fue la primera base cruda. Luego tuvimos que digitalizar casi 300.000 formularios en papel y en febrero despejamos la incertidumbre. Así llegamos a 45,5 millones de personas, una nueva base que teníamos que empezar a contrastar porque podía haber datos duplicados. Al hacerlo resultaron ser 44,8 millones de personas.
¿Esa base se limpia o solo se consolida?
A esa base le hicimos controles de calidad y cobertura, por ejemplo en lo relacionado con la consistencia demográfica a través de análisis que hacen unos algoritmos. Gracias a que es la primera vez que se pregunta el número de cédula en un censo, pudimos contrastar la información con la Registraduría Nacional y con la Base de Datos Única de Afiliados a seguridad social (BDUA). Eso nos ayuda a mejorar la información sustancialmente y a lograr una consistencia de la pirámide poblacional. Aunque hay que reconocer que hubo gente que no quedó contabilizada porque no nos abrieron las puertas o no estaban o se cambiaron de casa. Eso conforma el criterio de omisión censal.
¿Y qué tan alta o baja es esa omisión?
Estamos utilizando métodos probabilísticos de vanguardia para poder establecerlo, la revelaremos el día que entreguemos los resultados. En un censo tolerable debería estar en 5,7 %, que es el promedio de América Latina para la ronda de 2010. Estamos seguros de estar en niveles tolerables, no es un censo irregular o que no haya cubierto alguna zona del país. Para darle un ejemplo, el censo de Chile tuvo una omisión censal del 9,3 %, nosotros vamos a estar muy por debajo de eso.
La gente se alarmó cuando el DANE dijo que éramos 42,8 millones de colombianos. ¿Cómo explicarlo?
Una cifra de 42,8 millones es caótica, es casi lo mismo que dio el censo de 2005, pero en ese punto faltaba meter casi 1,3 millones de personas que estaban en papel y sumarle las omisiones. La gente tiene un paradigma porque es difícil que nos digan que vamos a ser 50 millones en 2018 y llegue alguien y diga que no, que somos 46 millones. Pero cuando uno va a lo que origina la población, como los niveles de fecundidad, ve que tuvimos un cambio estructural en el país en materia de movilidad social y económica.