¿Colombia podría tener un transporte público gratuito en las ciudades con sistemas masivos? La propuesta la dio a conocer el presidente, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la calificó como una “buena idea”. ¿En qué consiste?
Petro propone que, a través del cobro de una cuota mensual en la factura de la luz, los ciudadanos tendrían el derecho de subirse “en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea”. Así las cosas, el costo real del transporte público sería distribuido entre todos los colombianos, teniendo en cuenta las diferencias en las tarifas para cada estrato.
“Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema”, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.
Pero, más allá de analizar si atarle otra arandela a la factura de la luz o no, las discusiones sobre la propuesta de Petro deben partir de una realidad evidente: la gran mayoría de sistemas de transporte público en Colombia atraviesan por una crisis financiera que pone en riesgo la prestación del servicio.
Las complicadas finanzas de los sistemas
De acuerdo con cifras del Mintransporte, el déficit de los transportes públicos de nueve ciudades del país en 2023 (es decir, solo el proyectado para este año, sin considerar el acumulado) suma $5,9 billones.
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La base del problema es que, a grandes rasgos, los sistemas tienen una tarifa técnica (lo que realmente cuesta transportar a un pasajero) mayor que la tarifa que pagan los usuarios. Para cubrir esa diferencia, en varias ciudades del país se han creado fondos de estabilización tarifaria, pero estos cada vez necesitan más dinero, especialmente después de la pandemia.
En Bogotá, por ejemplo, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluye TransMilenio, necesitaba antes de la emergencia sanitaria $900.000 millones para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), pero este año se necesitan $2,9 billones.
Tomás Elejalde Escobar, gerente general del Metro de Medellín, le explicó a este diario que en el caso de esa ciudad el déficit acumulado ya suma $513.000 millones para los sistemas de metro, metrocable y tranvía, para los buses (que sí tienen fondo de estabilización) el déficit acumulado es de $90.000 millones.
En Bucaramanga, por su parte, ya se anunció que el Metrolínea será liquidado tras un grave déficit. Este sistema llegó a transportar cerca de 35.000 pasajeros diarios y antes de la pandemia transportaba unos 110.000, pero lo proyectado (que nunca se logró) eran 350.000. El ente gestor se acogió en 2020 a la Ley de Quiebras para reestructurar la deuda de cerca de $160.000 millones, pero como no se logró una negociación y la cifra sigue creciendo (ya está cerca de los $300.000 millones).
Estos son tres de los muchos casos que se están presentando en el país.
Movilidad masiva, una necesidad
El transporte público, pese a todos sus reparos, es un servicio que prioriza el uso colectivo de las vías, por ende, ofrece ventajas ambientales y sociales, sin mencionar que para buena parte de la población es la única opción de transporte, por eso sus avances se traducen en mejoras en la calidad de vida.
La solución para los sistemas de transporte público del país no será la misma, pero hay que tomar decisiones para garantizar sostenibilidad a largo plazo.
Darío Hidalgo, experto en movilidad urbana, explica que siempre faltarán recursos del Estado, porque el transporte público debe ser asequible, además, se necesita dinero extra para actualizar la flota. Y, evidentemente, cerrar el hueco que dejó la pandemia requiere esfuerzos mayores.
“Es un reto complejo, porque no existen fuentes fijas, entonces hay que solicitar apoyo cada tanto de los concejos municipales y del Gobierno. En Bogotá, en tres ocasiones, hemos estado cerca de que el servicio sea suspendido. En Barranquilla, Pereira, Cali y otras ciudades se han presentado líos porque no están los recursos para apoyar la operación permanente de los sistemas”.
Ahora bien, para el experto no solo se trata de “poner más plata”, también hay estrategias de gestión operacional que pueden reducir los costos. Eso sí, el sistema solo será sostenible con suficientes pasajeros, lo que implica poner en marcha medidas “impopulares” (como el Pico y Placa, o el cobro por congestión, este último propuesto recientemente por el Ministerio de Transporte) orientadas a que más personas se bajen del carro o la moto, para que se suban al transporte público.
De fondo, la meta es fortalecer la principal opción de transporte que tienen las personas de menores recursos, mientras se mejora la movilidad en las ciudades (dando prelación a lo colectivo, por encima del transporte individual) y, dicho sea de paso, se mejora la calidad del aire en las ciudades.
Para todo ello, el servicio del transporte público debe mejorar, así como la falta de cobertura, la crisis financiera y la inseguridad. Problemas que afectan a prácticamente todas las opciones de movilidad masiva en el país.
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