El desafío del licenciamiento ambiental: ¿qué frena los proyectos estratégicos?

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Foto: ANLA

El director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Negrete, aseguró que la entidad mantiene un enfoque de puertas abiertas y que ha impulsado mesas técnicas con gremios para garantizar que las solicitudes de licenciamiento ambiental cumplan con la normatividad vigente y se procesen de manera eficiente.

Negrete hizo estas declaraciones durante el XXI Congreso Nacional de la Infraestructura, realizado en Cartagena, donde participó en el panel Vías terciarias, sostenibilidad ambiental y valorización. En su intervención, subrayó la importancia de la sostenibilidad ambiental y la calidad de los estudios de impacto en proyectos de infraestructura, especialmente en vías terciarias.

El conversatorio contó también con la participación de Jorge Ramírez, viceministro de Infraestructura; Pablo Roda, director de Estudios de Económica Consultores; Clemente del Valle, director del Centro Regional de Finanzas Sostenibles MODERA; y Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.

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Negrete afirmó que la ANLA trabaja en estrecha colaboración con empresas, gremios y el Gobierno para identificar vacíos en los estudios de impacto ambiental. “Debemos mejorar la calidad de estos estudios”, señaló, destacando que infraestructura, resiliencia y gobernanza son herramientas clave para alcanzar la equidad y el desarrollo sostenible.

Entre 2022 y 2024, la ANLA ha otorgado 31 licencias ambientales para proyectos de infraestructura, distribuidas en 16 nuevas licencias y 15 modificaciones. Las licencias para nuevos proyectos se han enfocado en iniciativas estratégicas de conectividad vial, portuaria y aeroportuaria, priorizando la adopción de medidas de mitigación y compensación ambiental.

Las modificaciones, por su parte, han buscado ajustar proyectos en ejecución para alinearlos con los estándares técnicos y normativos vigentes, adaptándose a las particularidades de cada territorio.

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De acuerdo con la Ley 99 de 1993, la licencia ambiental es un instrumento de gestión que busca prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos ambientales de cualquier obra o actividad. A esto se suma una reciente sentencia de la Corte Constitucional, que desde el 11 de julio exige que los estudios de licenciamiento incluyan un análisis de los impactos en materia de cambio climático.

El grupo de Infraestructura de la ANLA se encarga del seguimiento a proyectos en construcción y operación, como vías, túneles, puertos y aeropuertos. Según el Decreto 1076 de 2015, la entidad cuenta con 90 días hábiles para pronunciarse sobre solicitudes de licencias para nuevos proyectos y 60 días hábiles para modificaciones de proyectos existentes.

Negrete resaltó que entre agosto de 2022 y julio de 2024 la ANLA respondió dentro de los tiempos legales 100 % de las solicitudes relacionadas con proyectos de generación y transmisión de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y 99 % de las solicitudes de otros sectores como infraestructura, minería y agroquímicos.

Sin embargo, reconoció que factores externos como consultas previas, audiencias públicas, conflictos de orden público y sustracción de áreas protegidas pueden prolongar los tiempos de trámite.

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, le dijo a El Espectador que las licencias ambientales representan un punto de equilibrio. “Hay que buscar armonía entre el licenciamiento ambiental y la necesidad de que los proyectos avancen. Nos preocupa que, bajo el pretexto del licenciamiento ambiental, se paralicen obras estratégicas para el país”, afirmó.

Según Caicedo, esto evitaría obstáculos para evitar lo que está sucediendo en Bogotá, “ese es el punto de equilibrio que se tiene que encontrar”.

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El caso de la autopista Norte en Bogotá

Uno de los ejemplos más discutidos es el proyecto de ampliación de la autopista del norte en Bogotá, estructurado por la ANI bajo una alianza público-privada. En 2023, el concesionario presentó los diseños para poner en marcha la ampliación entre las calles 191 y 245, pero la ANLA archivó la solicitud en enero de 2024, afectando una inversión de $217.000 millones en la fase de preconstrucción.

Expertos consultados explicaron que el concesionario debe presentar un nuevo estudio de impacto ambiental para resolver los puntos señalados como insuficientes. Este trabajo ha involucrado un equipo multidisciplinario que incluye información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el fideicomiso Lagos de Torca, con el objetivo de ajustar el proyecto a modelos de conectividad ecológica.

Se prevé que el nuevo estudio se presente en diciembre, y de ser aprobado en el plazo de 90 días con el pronunciamiento de la ANLA, las obras podrían iniciar en el segundo semestre de 2025.

Este caso refleja las complejidades y desafíos del proceso de licenciamiento ambiental, especialmente en proyectos estratégicos para la movilidad urbana.

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