Es incomprensible que las apuestas del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, no se hayan convertido en los ejes de la discusión pública. Y lo más sorprendente es que esta desidia comience por el propio Gobierno. La agenda de estos días tiene muy poco que ver con el plan de desarrollo. Esta brecha entre las estrategias de medio plazo del plan y la miopía del debate coyuntural está llevando a decisiones erráticas. Es notoria la confusión y la pérdida de perspectiva.
El abandono de la brújula no tiene justificación. Primero, porque el plan de desarrollo fue el resultado de un proceso complejo que incluyó el programa de gobierno, los diálogos regionales vinculantes, los comentarios del Consejo Nacional de Planeación, las discusiones con los gremios, las propuestas de los ministros, y el intenso trabajo del Congreso. Segundo, porque el Gobierno está en la mitad del camino y puede reorientar las prioridades. Tercero, porque el plan toca temas estructurales que claramente van más allá de un gobierno. Y, cuarto, porque las estrategias definidas en el plan son la base para un acuerdo nacional.
Las alternativas formuladas en el plan de desarrollo resultaron de un consenso, y deberían ser la base para el nuevo acuerdo.
Ordenamiento del territorio alrededor del agua. Este es el principal problema estructural de la sociedad colombiana. Tiene que ver con el conflicto armado, la sostenibilidad ambiental, la no contaminación de los ríos, la revisión de la ley orgánica de ordenamiento territorial.
El derecho humano a la alimentación. Este capítulo del plan de desarrollo es la concreción de los compromisos de La Habana. Es la modernización del sector agropecuario, que tiene como principal instrumento el catastro multipropósito. Allí se consignan los mecanismos del plan de choque para recuperar el proceso de paz.
La transición energética y la reindustrialización. El Conpes sobre reindustrialización concreta las líneas fundamentales de la transición hacia una economía verde.
La convergencia regional. Las diferencias son inaceptables. Los cambios del Sistema General de Participaciones deberían: i) Reconocer la heterogeneidad de los municipios y departamentos. ii) Distribuir los recursos con criterios que vayan más allá de la población y tengan en cuenta la conservación de la riqueza ambiental. iii) Darle mayor autonomía financiera para los gobiernos locales.
El mejoramiento de la calidad de vida. El instrumento básico es el registro universal de ingresos, que permitirá modificar de manera sustantiva toda la política de focalización, y distribución de subsidios. Y permitirá hacer más eficiente los gastos en salud, educación y servicios sociales.
Estos ejercicios se tienen que articular alrededor del presupuesto por programa, aprobado en el plan de desarrollo, y que permitirá diseñar proyectos estratégicos de impacto regional y nacional.
Si estas grandes líneas de acción, ya están aprobadas en la ley del plan, valdría la pena retomarlas y ver cómo se van concretando en el acuerdo nacional. No se puede abandonar una ruta que ya está definida.
* Profesor universidades Nacional y Externado, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP)
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