El dictamen de Medicina Legal en el caso Cerro Matoso

En 2017 se cumplen 38 años desde que el presidente Julio César Turbay otorgó la primera concesión para la explotación de níquel en Montelíbano, Córdoba. Y todavía faltan 27 años más de aprovechamiento de este recurso mineral en esa zona del país. Colombia ha recibido, producto de regalías e impuestos, $8,9 billones por la actividad de Cerro Matoso en las últimas tres décadas y esa mina, hoy, es la más grande de Suramérica.

En medio de los avatares y los cambios en el mercado, la producción se ha mantenido. Ascendió a 36 mil toneladas el año pasado, pero la empresa reportó pérdidas de US$70 millones hace dos años y el discurso de los directivos de la empresa coincide en que la situación está complicada. El inversionista, la australiana South32, mira con recelo lo que pasa en este lado del mundo.

Pero la problemática que ocupa este artículo es mucho más profunda y ya común en el mundo: cuál es el impacto de la actividad minera, la explotación de níquel específicamente, en la salud de los seres humanos.

El mismo tiempo que lleva Cerro Matoso tratando de mantenerse en pie es el que han dedicado las comunidades indígenas a pedir que se detenga la explotación, porque les genera dermatitis, pérdida de la visión, enfermedades genéticas, malformaciones, esterilidad, entre otras.

Después de casi cuatro décadas de explotación de níquel, los colombianos no conocen los efectos del mineral en la salud. Entre tanto, el pueblo zenú, que habita esta zona desde tiempos prehispánicos, ha dado la lucha por evitar que los maten, como advirtió ya hace tres años Israel Aguilar, cacique mayor del resguardo zenú del Alto San Jorge, en este diario.

Dos tutelas por una presunta violación de los derechos fundamentales a la salud, ambiente sano y consulta previa fue la alternativa que eligió la comunidad para hacerle frente a la compañía. La relación histórica de estos dos actores ha sido conflictiva y allí no existen los puntos medios.

En medio del proceso, y por petición de Cerro Matoso, la Corte Constitucional le solicitó al Instituto de Medicina Legal adelantar un estudio técnico que definiera si la actividad minera era la que generaba los males que aquejaban a indígenas y afrodescendientes que viven en las zonas aledañas.

Pese a los retrasos de la entidad encargada del estudio, que pidió dos prórrogas, recientemente entregó los resultados a la alta corte. El Espectador tuvo acceso exclusivo a uno de los documentos más esperados en los últimos 30 años por el sector minero, así como por ambientalistas, científicos y la misma comunidad.

Este trabajo fue desarrollado en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, todos parte de la zona de influencia de la mina. A 1.147 personas les fue realizado un estudio que comprendió examen clínico, toma de imágenes fotográficas, imágenes radiográficas y muestras biológicas. El objetivo fue establecer cuáles son las enfermedades que padecen las personas y qué se las genera.

No fue un trabajo fácil, dado que los factores que pueden impactar negativamente la salud de los habitantes de esta zona pueden ser de diversa índole. Y resulta difícil atribuírselo a una sola causa, según Medicina Legal. También el hecho de que en el país no hay una comunidad con la cual se pudiera hacer la comparación, lo hizo más complejo.

De acuerdo con el documento firmado por Martha Elena Pataquiva y Sandra Lucía Moreno, ambas funcionarias de Medicina Legal, “en el 24,41 % de los casos (280) se encontraron signos irritativos de la vía aérea superior y de la conjuntiva ocular, con mayor cantidad de población con estos síntomas en Puente Uré”.

Esto hace referencia a irritaciones en las fosas nasales, boca, faringe y laringe, así como en algunas membranas que tapizan los ojos. La literatura científica sobre el tema ha logrado establecer que el níquel entra al cuerpo humano, principalmente, por los pulmones, el tracto gastrointestinal y la piel. El cuadro clínico, dice el informe, de trabajadores de la industria incluye “rinitis, sinusitis, perforaciones del tabique nasal y asma”.

Entre tanto, otro de los problemas asociados al contacto con níquel son las enfermedades dermatológicas. Uno de los hallazgos que deja el trabajo de Medicina Legal es que en el 41,32 % de los casos (474) se encontraron manifestaciones dermatológicas, con mayor cantidad de síntomas en la población de Pueblo Flecha, un corregimiento cercano a la mina de Cerro Matoso y que, dicho sea de paso, también, alerta la entidad, podría caer en una situación epidémica de tuberculosis producto de malos hábitos de higiene y deficientes condiciones sanitarias.

La importancia de este documento radica en que es el primero en dar pistas sobre los posibles vínculos entre la explotación de níquel y las enfermedades mencionadas. Sin embargo, no logra establecer si hay otros factores ambientales que las generan. Aunque las reacciones descritas en el informe también podrían ser producto del mal tratamiento de agua a falta de acueducto, el consumo de cigarrillo o factores no estudiados en el ambiente por la naturaleza del trabajo.

“Al evaluar los diferentes factores ambientales en relación con la presentación de manifestaciones clínicas en la población, se pudo evidenciar que algunos factores claramente considerados de riesgo ambiental y sanitario, como lo son la eliminación de desechos sanitarios enterrándolos, arrojándolos al caño o al cocinar leña, se presentaron en el análisis estadístico como factores protectores para desarrollar la enfermedad (...) existen otros factores de riesgo ambiental no considerados en la encuesta publicada, que pueden encontrarse a nivel de suelo, aire y agua, no evaluados en el presente estudio”, señala el documento.

Finalmente, Medicina Legal pudo establecer que podría existir una relación entre la mina y las enfermedades de quienes viven cerca de ella. “Llama la atención que la mayor prevalencia tanto de las manifestaciones dermatológicas como de las manifestaciones irritativas de la vía aérea superior ocurre en mayor proporción en las poblaciones de Pueblo Flecha, Puerto Colombia y Torno Rojo. Es por esta razón que se realizó un abordaje analítico para determinar si la distancia a la mina está relacionada de forma indirecta con la presentación de manifestaciones clínicas, observándose que tanto las manifestaciones irritativas de la vía aérea como las manifestaciones dermatológicas ocurren con mayor frecuencia en las personas ubicadas cerca de la mina”, concluye el documento.

El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, asegura que “el documento no es concluyente y todavía falta que nos respondan varias preguntas sobre el mismo. Igual en este proceso hay una serie de pruebas que tiene la Corte para emitir una sentencia al respecto. Lo que queda claro en el informe y en un reporte del Ministerio de Salud es que no hay nada concluyente que diga que diga que hay una relación de causalidad con las afectaciones que se encontraron en las personas estudiadas”.

La compañía planteó varias inquietudes a Medicina Legal, entre ellas una relacionada con la verificación de informes ambientales anteriores que evidenciaban la presencia de níquel soluble (está en la tierra), que podría explicar la presencia del mineral en los ríos y en el aire que respiran los habitantes de la zona. Esto haría que los niveles de níquel en la sangre y en la orina fueran similares, pero no sucedió de esta forma.

A propósito de esto, el estudio concluye que los niveles de orina en la sangre llegaron a 10,53 mcg/lt , mientras que en la orina llegó a 27,36 mcg/lt. Esto, reconocen los mismos investigadores, son niveles altos del mineral en el cuerpo de las personas, incluso están por encima de los resultados arrojados por otros estudios hechos a nivel internacional en trabajadores con exposición crónica a este material.

Todo indica que se habría tratado de fallas en el procesamiento del material de muestreo o la posibilidad de contaminación de las muestras debido a factores ambientales en terreno.

El documento que solicitó la Corte Constitucional es el primero que se lleva a cabo en Colombia sobre esta problemática. La entidad se tomó el trabajo de concentrar la literatura científica mundial, que de alguna manera les da la razón a las comunidades sobre las afectaciones que puede generar el contacto constante con el níquel, sea por trabajar directamente con él o por estar a diario cerca de éste.

Gaviria adelantó que próximamente se llevará a cabo otro estudio que tardará entre dos y tres años y tendrá un valor que supera los US$2 millones. Este trabajo no contemplará únicamente aspectos clínicos, sino también ambientales, que es precisamente una de las recomendaciones que hizo Medicina Legal.

Lo cierto es que por ahora esta es una de las pruebas más poderosas que tiene la Corte para tomar una decisión de fondo sobre la explotación de níquel en Montelíbano. Hasta que se inicie y se tengan los resultados del gran informe del que habla el presidente de la minera, será el de Medicina Legal el único sustento científico que tenga Colombia para debatir sobre esta actividad.

Finalmente, no siendo el objetivo del documento, arrojó un resultado que se pierde en medio del debate ambiental y de salud: en esta zona de Colombia son los homicidios la principal causa de muertes, seguida por los accidentes de tránsito, en el caso de los hombres.

En este territorio grupos como el Epl y las Farc históricamente han hecho presencia, por lo que se puede concluir que no es un dato para sorprenderse, sino que está explicado por las dinámicas de violencia propias de una zona dominada por agentes al margen de la ley y con escasa presencia institucional.

El Estado todavía tiene mucho que hacer por estos territorios, donde, una vez más, son las comunidades indígenas y afrodescendientes las que tienen que vivir a su suerte.

En 2017 se cumplen 38 años desde que el presidente Julio César Turbay otorgó la primera concesión para la explotación de níquel en Montelíbano, Córdoba. Y todavía faltan 27 años más de aprovechamiento de este recurso mineral en esa zona del país. Colombia ha recibido, producto de regalías e impuestos, $8,9 billones por la actividad de Cerro Matoso en las últimas tres décadas y esa mina, hoy, es la más grande de Suramérica.

En medio de los avatares y los cambios en el mercado, la producción se ha mantenido. Ascendió a 36 mil toneladas el año pasado, pero la empresa reportó pérdidas de US$70 millones hace dos años y el discurso de los directivos de la empresa coincide en que la situación está complicada. El inversionista, la australiana South32, mira con recelo lo que pasa en este lado del mundo.

Pero la problemática que ocupa este artículo es mucho más profunda y ya común en el mundo: cuál es el impacto de la actividad minera, la explotación de níquel específicamente, en la salud de los seres humanos.

El mismo tiempo que lleva Cerro Matoso tratando de mantenerse en pie es el que han dedicado las comunidades indígenas a pedir que se detenga la explotación, porque les genera dermatitis, pérdida de la visión, enfermedades genéticas, malformaciones, esterilidad, entre otras.

Después de casi cuatro décadas de explotación de níquel, los colombianos no conocen los efectos del mineral en la salud. Entre tanto, el pueblo zenú, que habita esta zona desde tiempos prehispánicos, ha dado la lucha por evitar que los maten, como advirtió ya hace tres años Israel Aguilar, cacique mayor del resguardo zenú del Alto San Jorge, en este diario.

Dos tutelas por una presunta violación de los derechos fundamentales a la salud, ambiente sano y consulta previa fue la alternativa que eligió la comunidad para hacerle frente a la compañía. La relación histórica de estos dos actores ha sido conflictiva y allí no existen los puntos medios.

En medio del proceso, y por petición de Cerro Matoso, la Corte Constitucional le solicitó al Instituto de Medicina Legal adelantar un estudio técnico que definiera si la actividad minera era la que generaba los males que aquejaban a indígenas y afrodescendientes que viven en las zonas aledañas.

Pese a los retrasos de la entidad encargada del estudio, que pidió dos prórrogas, recientemente entregó los resultados a la alta corte. El Espectador tuvo acceso exclusivo a uno de los documentos más esperados en los últimos 30 años por el sector minero, así como por ambientalistas, científicos y la misma comunidad.

Este trabajo fue desarrollado en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, todos parte de la zona de influencia de la mina. A 1.147 personas les fue realizado un estudio que comprendió examen clínico, toma de imágenes fotográficas, imágenes radiográficas y muestras biológicas. El objetivo fue establecer cuáles son las enfermedades que padecen las personas y qué se las genera.

No fue un trabajo fácil, dado que los factores que pueden impactar negativamente la salud de los habitantes de esta zona pueden ser de diversa índole. Y resulta difícil atribuírselo a una sola causa, según Medicina Legal. También el hecho de que en el país no hay una comunidad con la cual se pudiera hacer la comparación, lo hizo más complejo.

De acuerdo con el documento firmado por Martha Elena Pataquiva y Sandra Lucía Moreno, ambas funcionarias de Medicina Legal, “en el 24,41 % de los casos (280) se encontraron signos irritativos de la vía aérea superior y de la conjuntiva ocular, con mayor cantidad de población con estos síntomas en Puente Uré”.

Esto hace referencia a irritaciones en las fosas nasales, boca, faringe y laringe, así como en algunas membranas que tapizan los ojos. La literatura científica sobre el tema ha logrado establecer que el níquel entra al cuerpo humano, principalmente, por los pulmones, el tracto gastrointestinal y la piel. El cuadro clínico, dice el informe, de trabajadores de la industria incluye “rinitis, sinusitis, perforaciones del tabique nasal y asma”.

Entre tanto, otro de los problemas asociados al contacto con níquel son las enfermedades dermatológicas. Uno de los hallazgos que deja el trabajo de Medicina Legal es que en el 41,32 % de los casos (474) se encontraron manifestaciones dermatológicas, con mayor cantidad de síntomas en la población de Pueblo Flecha, un corregimiento cercano a la mina de Cerro Matoso y que, dicho sea de paso, también, alerta la entidad, podría caer en una situación epidémica de tuberculosis producto de malos hábitos de higiene y deficientes condiciones sanitarias.

La importancia de este documento radica en que es el primero en dar pistas sobre los posibles vínculos entre la explotación de níquel y las enfermedades mencionadas. Sin embargo, no logra establecer si hay otros factores ambientales que las generan. Aunque las reacciones descritas en el informe también podrían ser producto del mal tratamiento de agua a falta de acueducto, el consumo de cigarrillo o factores no estudiados en el ambiente por la naturaleza del trabajo.

“Al evaluar los diferentes factores ambientales en relación con la presentación de manifestaciones clínicas en la población, se pudo evidenciar que algunos factores claramente considerados de riesgo ambiental y sanitario, como lo son la eliminación de desechos sanitarios enterrándolos, arrojándolos al caño o al cocinar leña, se presentaron en el análisis estadístico como factores protectores para desarrollar la enfermedad (...) existen otros factores de riesgo ambiental no considerados en la encuesta publicada, que pueden encontrarse a nivel de suelo, aire y agua, no evaluados en el presente estudio”, señala el documento.

Finalmente, Medicina Legal pudo establecer que podría existir una relación entre la mina y las enfermedades de quienes viven cerca de ella. “Llama la atención que la mayor prevalencia tanto de las manifestaciones dermatológicas como de las manifestaciones irritativas de la vía aérea superior ocurre en mayor proporción en las poblaciones de Pueblo Flecha, Puerto Colombia y Torno Rojo. Es por esta razón que se realizó un abordaje analítico para determinar si la distancia a la mina está relacionada de forma indirecta con la presentación de manifestaciones clínicas, observándose que tanto las manifestaciones irritativas de la vía aérea como las manifestaciones dermatológicas ocurren con mayor frecuencia en las personas ubicadas cerca de la mina”, concluye el documento.

El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, asegura que “el documento no es concluyente y todavía falta que nos respondan varias preguntas sobre el mismo. Igual en este proceso hay una serie de pruebas que tiene la Corte para emitir una sentencia al respecto. Lo que queda claro en el informe y en un reporte del Ministerio de Salud es que no hay nada concluyente que diga que diga que hay una relación de causalidad con las afectaciones que se encontraron en las personas estudiadas”.

La compañía planteó varias inquietudes a Medicina Legal, entre ellas una relacionada con la verificación de informes ambientales anteriores que evidenciaban la presencia de níquel soluble (está en la tierra), que podría explicar la presencia del mineral en los ríos y en el aire que respiran los habitantes de la zona. Esto haría que los niveles de níquel en la sangre y en la orina fueran similares, pero no sucedió de esta forma.

A propósito de esto, el estudio concluye que los niveles de orina en la sangre llegaron a 10,53 mcg/lt , mientras que en la orina llegó a 27,36 mcg/lt. Esto, reconocen los mismos investigadores, son niveles altos del mineral en el cuerpo de las personas, incluso están por encima de los resultados arrojados por otros estudios hechos a nivel internacional en trabajadores con exposición crónica a este material.

Todo indica que se habría tratado de fallas en el procesamiento del material de muestreo o la posibilidad de contaminación de las muestras debido a factores ambientales en terreno.

El documento que solicitó la Corte Constitucional es el primero que se lleva a cabo en Colombia sobre esta problemática. La entidad se tomó el trabajo de concentrar la literatura científica mundial, que de alguna manera les da la razón a las comunidades sobre las afectaciones que puede generar el contacto constante con el níquel, sea por trabajar directamente con él o por estar a diario cerca de éste.

Gaviria adelantó que próximamente se llevará a cabo otro estudio que tardará entre dos y tres años y tendrá un valor que supera los US$2 millones. Este trabajo no contemplará únicamente aspectos clínicos, sino también ambientales, que es precisamente una de las recomendaciones que hizo Medicina Legal.

Lo cierto es que por ahora esta es una de las pruebas más poderosas que tiene la Corte para tomar una decisión de fondo sobre la explotación de níquel en Montelíbano. Hasta que se inicie y se tengan los resultados del gran informe del que habla el presidente de la minera, será el de Medicina Legal el único sustento científico que tenga Colombia para debatir sobre esta actividad.

Finalmente, no siendo el objetivo del documento, arrojó un resultado que se pierde en medio del debate ambiental y de salud: en esta zona de Colombia son los homicidios la principal causa de muertes, seguida por los accidentes de tránsito, en el caso de los hombres.

En este territorio grupos como el Epl y las Farc históricamente han hecho presencia, por lo que se puede concluir que no es un dato para sorprenderse, sino que está explicado por las dinámicas de violencia propias de una zona dominada por agentes al margen de la ley y con escasa presencia institucional.

El Estado todavía tiene mucho que hacer por estos territorios, donde, una vez más, son las comunidades indígenas y afrodescendientes las que tienen que vivir a su suerte.