El dilema global de la pobreza extrema en la era de la pandemia

Entre muchos otros asuntos, la pandemia por el COVID-19 tendrá un impacto negativo en la pobreza global, asunto que si bien puede no sorprender a nadie, sí resulta alarmante, pues representa retroceder décadas en desarrollos a escala global en poco más de un año, si se quiere.

La ecuación para llegar a esta aseveración es bien conocida por prácticamente cualquiera, pero incluye la depresión de prácticamente todos los sectores de la economía, lo que a su vez termina generando cierres en empresas, algo que produce tasas inusitadas de desempleo; el desempleo impulsa el consumo hacia abajo y con éste se va la oportunidad de sobrevivir de otras compañías y el ciclo vuelve a empezar.

Lea también: Historia de un mal año: los peligros para la clase media en la crisis

El propio Banco Mundial (BM) estima que la pandemia puede empujar a 71 millones de personas hacia la pobreza extrema, bajo el escenario más optimista; en el más pesimista esto se traduce en 100 millones de personas.

Para Latinoamérica, la Cepal estima que 16 millones de personas en toda la región podrían pasar a engrosar el renglón de pobreza extrema (lo que elevaría la cuenta a 83 millones en la región).

De acuerdo con el BM, la ampliación global en la pobreza extrema que se registrará por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus hará que el indicador crezca por primera vez desde 1998, lo que borraría el progreso logrado desde 2017.

El panorama que pinta el organismo multilateral es bastante malo. Pero Philip Alston, saliente relator de las ONU para pobreza y derechos humanos, cree que todo es mucho peor.

Alston acaba de entregar su último informe oficial, en el que advierte que la forma de medir la pobreza, bajo los lineamientos diseñados por el mismo Banco Mundial, oculta realidades sombrías. El ahora exrelator de la ONU asegura que al utilizar los marcos teóricos del BM se ha creado la ilusión de que el mundo ha avanzado sostenidamente en la reducción de la pobreza extrema, cuando el escenario real puede ser mucho menos triunfalista.

“…la comunidad internacional erróneamente habla de progreso en la eliminación de la pobreza extrema al utilizar como referencia un estándar de subsistencia miserable, en vez de un parámetro de vida mínimamente adecuado. Esto, a su vez, facilita que se hagan declaraciones enormemente exageradas acerca de la erradicación de la pobreza extrema y oculta el estado de peligroso empobrecimiento en el que aún subsisten billones de personas”.

En Colombia, cifras de Fedesarrollo hablan de un aumento de la pobreza que, en el peor de los casos, podría llegar hasta 33,6 % (lo que significa sumar 3,1 millones de personas a este renglón social); vale la pena aclarar que pobreza y pobreza extrema no son lo mismo, por cierto, pero las proyecciones del centro de pensamiento económico ayudan a establecer el tablero de juego para el país.

Alston advierte que, si bien el mundo ha avanzado con la definición y solución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), éstos están fallando en aspectos claves, como la erradicación de pobreza, la equidad económica, de género y el cambio climático. “Necesitan ser recalibrados en respuesta al COVID-19, la consecuente recesión y la aceleración en el cambio climático”.

“El COVID-19 puede verse como una prueba de lo que significarán las variaciones en temperatura y precipitaciones, incremento en frecuencia e intensidad de desastres naturales, aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, entre otros, ya que nuestro nivel de preparación también es bajo y no se ha logrado la reducción de emisiones a escala internacional necesaria para evitar los escenarios más graves”, escribió en este diario Helena García, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad.

De fondo, lo que dice Alston es que la pandemia sólo aceleró y profundizó los problemas estructurales a nivel global, que en muy buena parte nacen de la desigualdad económica como norma de un sistema que regula la producción, el comercio y las relaciones laborales.

Para el relator de la ONU, la eliminación de la pobreza (que considera un asunto político) requiere reconsiderar la relación entre crecimiento económico y erradicación de la pobreza, por ejemplo.

En su informe, Alston propone varios puntos extra para mejorar la erradicación de pobreza a escala global: “Atacar la inequidad y abrazar la redistribución; promover una justicia tributaria; implementar una protección social universal; adoptar una gobernanza participativa; adoptar una medición internacional de pobreza y centrarse en el rol de los gobiernos en este tema”.

Sobre este último punto, el relator de la ONU llama la atención sobre cómo la solución de la pobreza extrema parece ser un asunto que se ha ido dejando cada vez más en manos de actores privados, como las empresas. Ante esto advierte, categóricamente: “Los negocios no están motivados, manejados, empoderados o incentivados para desempeñar muchas de las funciones públicas que, sistemáticamente, se les están endilgando”.

A la par de la discusión sobre cambio climático, la pandemia también ha traído un resurgimiento (de emergencia y traumático en muchos casos) del rol de los gobiernos centrales para encargarse de asuntos claves como la robustez de los sistemas de salud, así como tomar medidas para garantizar medios de subsistencia para los más vulnerables en medio de la crisis.

Las advertencias del duro informe de Alston tocan terrenos como el de la renta básica universal al hablar de medios de protección social universales.

“La gente se ha sorprendido de una cosa: de lo rápido que hemos caído. Y han caído vidas y trayectorias laborales que parecían seguras. Muchas personas, en el norte y en el sur, se han dado cuenta de que en dos semanas de confinamiento desaparece cualquier atisbo de seguridad material. Esto ha hecho que el debate sobre el derecho incondicional a la seguridad material se haya extendido en todo el mundo. Hay muchos sectores que nunca habían pensado en la renta básica y con lo sucedido se lo están planteando seriamente. Incluso, medios del establecimiento, como el Financial Times, la están sugiriendo para un nuevo contrato social”, dijo en una entrevista para este diario David Casassas, académico y experto español en este tema.

Uno de los aspectos interesantes en las discusiones acerca de la pobreza extrema, la renta básica universal e incluso el cambio climático, es que si bien son conversaciones atravesadas poderosamente por la economía, también se trata de temas que se elevan a la categoría de derechos humanos.

Y aquí todo el asunto cambia porque se está hablando de algo más que corregir aberraciones del mercado: no son temas de ajustar políticas económicas, no exclusivamente, sino de tomar decisiones humanas, pensadas para no vulnerar los derechos más básicos.

“La renta básica debe ser vista como la universalización del derecho humano a elegir una vida propia”, en palabras de Casassas.

Y, en las de Alston, “la pobreza extrema debe ser entendida como una violación de los derechos humanos”.

Entre muchos otros asuntos, la pandemia por el COVID-19 tendrá un impacto negativo en la pobreza global, asunto que si bien puede no sorprender a nadie, sí resulta alarmante, pues representa retroceder décadas en desarrollos a escala global en poco más de un año, si se quiere.

La ecuación para llegar a esta aseveración es bien conocida por prácticamente cualquiera, pero incluye la depresión de prácticamente todos los sectores de la economía, lo que a su vez termina generando cierres en empresas, algo que produce tasas inusitadas de desempleo; el desempleo impulsa el consumo hacia abajo y con éste se va la oportunidad de sobrevivir de otras compañías y el ciclo vuelve a empezar.

Lea también: Historia de un mal año: los peligros para la clase media en la crisis

El propio Banco Mundial (BM) estima que la pandemia puede empujar a 71 millones de personas hacia la pobreza extrema, bajo el escenario más optimista; en el más pesimista esto se traduce en 100 millones de personas.

Para Latinoamérica, la Cepal estima que 16 millones de personas en toda la región podrían pasar a engrosar el renglón de pobreza extrema (lo que elevaría la cuenta a 83 millones en la región).

De acuerdo con el BM, la ampliación global en la pobreza extrema que se registrará por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus hará que el indicador crezca por primera vez desde 1998, lo que borraría el progreso logrado desde 2017.

El panorama que pinta el organismo multilateral es bastante malo. Pero Philip Alston, saliente relator de las ONU para pobreza y derechos humanos, cree que todo es mucho peor.

Alston acaba de entregar su último informe oficial, en el que advierte que la forma de medir la pobreza, bajo los lineamientos diseñados por el mismo Banco Mundial, oculta realidades sombrías. El ahora exrelator de la ONU asegura que al utilizar los marcos teóricos del BM se ha creado la ilusión de que el mundo ha avanzado sostenidamente en la reducción de la pobreza extrema, cuando el escenario real puede ser mucho menos triunfalista.

“…la comunidad internacional erróneamente habla de progreso en la eliminación de la pobreza extrema al utilizar como referencia un estándar de subsistencia miserable, en vez de un parámetro de vida mínimamente adecuado. Esto, a su vez, facilita que se hagan declaraciones enormemente exageradas acerca de la erradicación de la pobreza extrema y oculta el estado de peligroso empobrecimiento en el que aún subsisten billones de personas”.

En Colombia, cifras de Fedesarrollo hablan de un aumento de la pobreza que, en el peor de los casos, podría llegar hasta 33,6 % (lo que significa sumar 3,1 millones de personas a este renglón social); vale la pena aclarar que pobreza y pobreza extrema no son lo mismo, por cierto, pero las proyecciones del centro de pensamiento económico ayudan a establecer el tablero de juego para el país.

Alston advierte que, si bien el mundo ha avanzado con la definición y solución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), éstos están fallando en aspectos claves, como la erradicación de pobreza, la equidad económica, de género y el cambio climático. “Necesitan ser recalibrados en respuesta al COVID-19, la consecuente recesión y la aceleración en el cambio climático”.

“El COVID-19 puede verse como una prueba de lo que significarán las variaciones en temperatura y precipitaciones, incremento en frecuencia e intensidad de desastres naturales, aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, entre otros, ya que nuestro nivel de preparación también es bajo y no se ha logrado la reducción de emisiones a escala internacional necesaria para evitar los escenarios más graves”, escribió en este diario Helena García, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad.

De fondo, lo que dice Alston es que la pandemia sólo aceleró y profundizó los problemas estructurales a nivel global, que en muy buena parte nacen de la desigualdad económica como norma de un sistema que regula la producción, el comercio y las relaciones laborales.

Para el relator de la ONU, la eliminación de la pobreza (que considera un asunto político) requiere reconsiderar la relación entre crecimiento económico y erradicación de la pobreza, por ejemplo.

En su informe, Alston propone varios puntos extra para mejorar la erradicación de pobreza a escala global: “Atacar la inequidad y abrazar la redistribución; promover una justicia tributaria; implementar una protección social universal; adoptar una gobernanza participativa; adoptar una medición internacional de pobreza y centrarse en el rol de los gobiernos en este tema”.

Sobre este último punto, el relator de la ONU llama la atención sobre cómo la solución de la pobreza extrema parece ser un asunto que se ha ido dejando cada vez más en manos de actores privados, como las empresas. Ante esto advierte, categóricamente: “Los negocios no están motivados, manejados, empoderados o incentivados para desempeñar muchas de las funciones públicas que, sistemáticamente, se les están endilgando”.

A la par de la discusión sobre cambio climático, la pandemia también ha traído un resurgimiento (de emergencia y traumático en muchos casos) del rol de los gobiernos centrales para encargarse de asuntos claves como la robustez de los sistemas de salud, así como tomar medidas para garantizar medios de subsistencia para los más vulnerables en medio de la crisis.

Las advertencias del duro informe de Alston tocan terrenos como el de la renta básica universal al hablar de medios de protección social universales.

“La gente se ha sorprendido de una cosa: de lo rápido que hemos caído. Y han caído vidas y trayectorias laborales que parecían seguras. Muchas personas, en el norte y en el sur, se han dado cuenta de que en dos semanas de confinamiento desaparece cualquier atisbo de seguridad material. Esto ha hecho que el debate sobre el derecho incondicional a la seguridad material se haya extendido en todo el mundo. Hay muchos sectores que nunca habían pensado en la renta básica y con lo sucedido se lo están planteando seriamente. Incluso, medios del establecimiento, como el Financial Times, la están sugiriendo para un nuevo contrato social”, dijo en una entrevista para este diario David Casassas, académico y experto español en este tema.

Uno de los aspectos interesantes en las discusiones acerca de la pobreza extrema, la renta básica universal e incluso el cambio climático, es que si bien son conversaciones atravesadas poderosamente por la economía, también se trata de temas que se elevan a la categoría de derechos humanos.

Y aquí todo el asunto cambia porque se está hablando de algo más que corregir aberraciones del mercado: no son temas de ajustar políticas económicas, no exclusivamente, sino de tomar decisiones humanas, pensadas para no vulnerar los derechos más básicos.

“La renta básica debe ser vista como la universalización del derecho humano a elegir una vida propia”, en palabras de Casassas.

Y, en las de Alston, “la pobreza extrema debe ser entendida como una violación de los derechos humanos”.