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El fenómeno de El Niño se manifiesta de diversas formas en distintos países. Mientras que en unos se caracteriza por un incremento en las lluvias, en otros, como es el caso de Colombia, se manifiesta con largas jornadas de sequías.
Se espera que este año se pueda presentar un super El Niño, debido a que las mediciones de calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico manifiestan temperaturas mayores a las habituales.
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Esto, evidentemente, tiene una afectación económica, pues castiga la producción agrícola, amenaza la distribución de agua potable y disminuye el caudal de los embalses, lo que se traduce en riesgo de apagones o interrupciones en el suministro energético. Si se presentara un super El Niño se verían periodos de sequía más intensos y prolongados.
De cara a este escenario, diversas autoridades en la materia se han pronunciado asegurando que el país cuenta con la infraestructura necesaria para atravesar por un fenómeno de El Niño sin mayores complicaciones.
Ese precisamente fue el tema por el que la Comisión Quinta del Senado citó a un debate de control político al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales; el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos; el director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Carlos Adrián Correa Flórez, y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, José Fernando Prada.
Todos aseguraron que se encuentran adelantando las acciones que se requieren para mantener y asegurar el suministro de energía en el país.
Puntualmente el ministro de Minas y Energía señaló que el país está en las condiciones para pasar el fenómeno de El Niño sin mayores afectaciones para el abastecimiento. “Tenemos 35 acciones en desarrollo frente al fenómeno, entre ellas el seguimiento a los embalses que están en niveles por encima de los históricos, entrada de proyectos renovables, la aplicación del cargo por confiabilidad, y la operación de la Regasificadora del Caribe”, detalla.
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Sobre las alertas del riesgo financiero de algunas empresas distribuidoras de energía analizadas por los senadores Miguel Barreto, José David Name, Isabel Cristina Zuleta, Catalina Pérez, Esmeradla Hernández, entre otros, los representantes del gobierno aseguraron que el país está en condiciones para afrontar el fenómeno de El Niño.
No obstante, hay una segunda amenaza que podría afectar el suministro energético en el país, y esta obedece más a razones financieras.
Es una advertencia que hace la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la cual insiste en que los problemas financieros que tienen las electrificadoras pueden ponerlas en jaque.
“Las demoras y falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria (…) así como de otras deudas de entidades estatales que se estiman en 2 billones de pesos que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez”, precisa.
En una comunicación enviada al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), José Fernando Prada, el gremio solicita “medidas de solución estructurales para viabilizar la actividad de comercialización minorista de manera independiente, toda vez que, considerando los saldos por recuperar y otros montos cercanos a 7,2 billones de pesos a julio/23, cada día más crecientes, pudiendo llegar a cerca de 10,5 billones de pesos en diciembre/23, llevaría a la inviabilidad y a default a algunas empresas, y otras podrían estar ante eventuales procesos de limitación de suministro”.
Sobre estos temas financieros la viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdés Valencia, aseguró que para reducir estos riesgos y presiones financieras, próximamente se formalizará la otorgación de créditos directos de Findeter a empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica que hayan aplicado la opción tarifaria establecida por la Creg. “De esta manera se podrá aliviar la situación financiera de estas empresas. Adicionalmente, informó que para el 2023 se cuenta con recursos por $4,1 billones para atender los subsidios de energía eléctrica para usuarios de estratos 1, 2 y 3″, explica la Superservicios.
“El Estado se quedó corto en la definición de políticas públicas. Hay crisis en los servicios públicos, porque el país se quedó en decisiones superficiales. La normatividad tiene que adecuarse en las formas de regular, vigilar y prestar los servicios; y la relación del sector privado en el mercado. La normatividad también tiene que facilitar la democratización de los servicios públicos domiciliarios para que las comunidades y pequeñas empresas entren a competir; que el mercado no solo sea de oligopolios que han propiciado abusos y deficiencias en la calidad de los servicios”, concluyó el superintendente de servicios.
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