El gobernador de Cesar, Cristian Moreno, y la reforma a las regalías

El proyecto de reforma a la Ley de Regalías —que busca una nueva redistribución de los recursos que se generan por la explotación del petróleo, el carbón y otros productos del subsuelo nacional— sigue avanzando en el Congreso, mientras por fuera se siguen creando frentes de oposición a la iniciativa. Uno de ellos, el de los departamentos productores, liderado, entre otros, por el gobernador del Cesar, Cristian Moreno, quien dice que el Gobierno no tiene la razón cuando asegura que no habrá disminución de recursos y propone una concertación que beneficie a todos.

El Gobierno habla de equidad en la repartición de los recursos de las regalías ¿usted no le cree?

La política de equidad la diseñó la Constitución de 1991 cuando planteó que municipios y departamentos productores recibieran unas regalías directas y los que no lo fueran tuvieran dos instrumentos de redistribución: a través del Fondo Nacional de Regalías y con la figura del escalonamiento, que quiere decir que a partir de ciertas condiciones de producción y de precios las regalías no le quedan exclusivamente al territorio productor, sino que las comparte con su entorno. Por ejemplo, en el Cesar ya superamos los 18 millones de toneladas de carbón y entramos a compartir los recursos con departamentos vecinos, como Magdalena, que este año recibirá $45 mil millones para su plan de aguas.

¿Miente el Gobierno cuando dice que no habrá disminución de recursos para productores?

Eso no es posible con el modelo que se está planteando y de acuerdo con las cifras que hemos estudiado. No queremos descalificar al Gobierno, pero es imperioso que se precise cuáles son las perspectivas reales en cuanto a producción y precios. Hay que ser responsables y no sobredimensionar el contexto que en materia de ganancias va a generar la explotación de nuestros recursos naturales no renovables. Algo a tener en cuenta tiene que ver con el precio del dólar. Para la presente vigencia se proyectaron, en el caso nuestro, regalías a una tasa de cambio a $2.000 y hoy está en menos de $1.800.

Hay quienes dicen que estamos ad portas de una bonanza minera y petrolera...

Eso hay que mirarlo con cuidado y uno ve al Ministro de Minas haciendo unas cuentas diferentes frente a las del de Hacienda. En producción petrolera se habla de pasar de los 800 mil barriles diarios, que hoy tenemos, a 1.050.000 en 2012 y 1.500.000 en 2016. Ojalá y sea así, uno no conoce la información que tenga el Gobierno de reservas o nuevos descubrimientos.

¿Por qué siempre que se habla de regalías se relaciona con el tema de corrupción?

Mucho de eso ha ocurrido y no estoy para cubrir a ningún bandido. Pero no es la fuente lo que decide si un recurso es bueno o malo, sino la actitud del funcionario que lo ejecuta, lo mismo que quien tiene el deber y la responsabilidad de ejercer control. En esto sí que hay tela de dónde cortar, porque si se escuchan las versiones de Justicia y Paz en Cesar, se verá quiénes participaban de la torta de la distribución de los recursos públicos como si fueran del bolsillo del más alegre administrador de turno.

¿Qué gobernadores lo apoyan?

Este es un tema de responsabilidades compartidas en el que están también los mandatarios de Santander, Huila, Meta, Córdoba, entre otros, y los municipios productores. Queremos ayudarle al Gobierno a construir de manera responsable un escenario fiscal consistente sin que la capacidad resolutiva de las regiones se degrade. Cesar tiene un presupuesto cercano a los $600 mil millones y los recursos propios —impuestos por cigarrillos y licores, y sobre tasa a la gasolina—, no nos dan más de $90 mil millones. Necesitamos $212 mil millones para pagarles a 6 mil docentes y unos $25 mil millones para planes de salud. La fuente real de nuestras inversiones son las regalías y en términos de respuesta a los requerimientos de calidad de vida de la gente, el departamento se va a quedar eunuco.

¿Cómo se percibe el tema directamente en la región?

Estamos procurando informar, sin descalificar al Gobierno, con el objetivo de que haya un sentido de corresponsabilidad desde las propias comunidades. No es fácil enfrentar una campaña mediática y unas voces con el peso de investidura que hablan de una pelea de poder político para ver quién se queda gerenciando unos pesos y no se reconoce que de lo que se trata es del rediseño del Estado que apunta al desmonte de los gobiernos territoriales para quedarnos gobernando el país desde Bogotá.

Pero si el Gobierno dice que no se van a centralizar las regalías...

El modelo de los fondos que se está planteando, sujetando todo a la dinámica macroeconómica y la intervención de actores del nivel central, necesariamente les quita a las regiones —productoras y no productoras— la titularidad de beneficiarias de las regalías. Eso no lo pueden tapar con un dedo.

¿Cómo manejar el tema en cuanto a las bancadas?

Los partidos, apelando a la Ley de Bancadas y su capacidad sancionatoria, están coartando el derecho y la responsabilidad política que los parlamentarios tienen con sus regiones. Quiero hacerles un llamado respetuoso a los jefes de los partidos para que tengan en cuenta esto. La U les permitió a tres de sus senadores no votar por objeción de conciencia y sé que hay congresistas de otros partidos que quieren hacer lo mismo.

El proyecto de reforma a la Ley de Regalías —que busca una nueva redistribución de los recursos que se generan por la explotación del petróleo, el carbón y otros productos del subsuelo nacional— sigue avanzando en el Congreso, mientras por fuera se siguen creando frentes de oposición a la iniciativa. Uno de ellos, el de los departamentos productores, liderado, entre otros, por el gobernador del Cesar, Cristian Moreno, quien dice que el Gobierno no tiene la razón cuando asegura que no habrá disminución de recursos y propone una concertación que beneficie a todos.

El Gobierno habla de equidad en la repartición de los recursos de las regalías ¿usted no le cree?

La política de equidad la diseñó la Constitución de 1991 cuando planteó que municipios y departamentos productores recibieran unas regalías directas y los que no lo fueran tuvieran dos instrumentos de redistribución: a través del Fondo Nacional de Regalías y con la figura del escalonamiento, que quiere decir que a partir de ciertas condiciones de producción y de precios las regalías no le quedan exclusivamente al territorio productor, sino que las comparte con su entorno. Por ejemplo, en el Cesar ya superamos los 18 millones de toneladas de carbón y entramos a compartir los recursos con departamentos vecinos, como Magdalena, que este año recibirá $45 mil millones para su plan de aguas.

¿Miente el Gobierno cuando dice que no habrá disminución de recursos para productores?

Eso no es posible con el modelo que se está planteando y de acuerdo con las cifras que hemos estudiado. No queremos descalificar al Gobierno, pero es imperioso que se precise cuáles son las perspectivas reales en cuanto a producción y precios. Hay que ser responsables y no sobredimensionar el contexto que en materia de ganancias va a generar la explotación de nuestros recursos naturales no renovables. Algo a tener en cuenta tiene que ver con el precio del dólar. Para la presente vigencia se proyectaron, en el caso nuestro, regalías a una tasa de cambio a $2.000 y hoy está en menos de $1.800.

Hay quienes dicen que estamos ad portas de una bonanza minera y petrolera...

Eso hay que mirarlo con cuidado y uno ve al Ministro de Minas haciendo unas cuentas diferentes frente a las del de Hacienda. En producción petrolera se habla de pasar de los 800 mil barriles diarios, que hoy tenemos, a 1.050.000 en 2012 y 1.500.000 en 2016. Ojalá y sea así, uno no conoce la información que tenga el Gobierno de reservas o nuevos descubrimientos.

¿Por qué siempre que se habla de regalías se relaciona con el tema de corrupción?

Mucho de eso ha ocurrido y no estoy para cubrir a ningún bandido. Pero no es la fuente lo que decide si un recurso es bueno o malo, sino la actitud del funcionario que lo ejecuta, lo mismo que quien tiene el deber y la responsabilidad de ejercer control. En esto sí que hay tela de dónde cortar, porque si se escuchan las versiones de Justicia y Paz en Cesar, se verá quiénes participaban de la torta de la distribución de los recursos públicos como si fueran del bolsillo del más alegre administrador de turno.

¿Qué gobernadores lo apoyan?

Este es un tema de responsabilidades compartidas en el que están también los mandatarios de Santander, Huila, Meta, Córdoba, entre otros, y los municipios productores. Queremos ayudarle al Gobierno a construir de manera responsable un escenario fiscal consistente sin que la capacidad resolutiva de las regiones se degrade. Cesar tiene un presupuesto cercano a los $600 mil millones y los recursos propios —impuestos por cigarrillos y licores, y sobre tasa a la gasolina—, no nos dan más de $90 mil millones. Necesitamos $212 mil millones para pagarles a 6 mil docentes y unos $25 mil millones para planes de salud. La fuente real de nuestras inversiones son las regalías y en términos de respuesta a los requerimientos de calidad de vida de la gente, el departamento se va a quedar eunuco.

¿Cómo se percibe el tema directamente en la región?

Estamos procurando informar, sin descalificar al Gobierno, con el objetivo de que haya un sentido de corresponsabilidad desde las propias comunidades. No es fácil enfrentar una campaña mediática y unas voces con el peso de investidura que hablan de una pelea de poder político para ver quién se queda gerenciando unos pesos y no se reconoce que de lo que se trata es del rediseño del Estado que apunta al desmonte de los gobiernos territoriales para quedarnos gobernando el país desde Bogotá.

Pero si el Gobierno dice que no se van a centralizar las regalías...

El modelo de los fondos que se está planteando, sujetando todo a la dinámica macroeconómica y la intervención de actores del nivel central, necesariamente les quita a las regiones —productoras y no productoras— la titularidad de beneficiarias de las regalías. Eso no lo pueden tapar con un dedo.

¿Cómo manejar el tema en cuanto a las bancadas?

Los partidos, apelando a la Ley de Bancadas y su capacidad sancionatoria, están coartando el derecho y la responsabilidad política que los parlamentarios tienen con sus regiones. Quiero hacerles un llamado respetuoso a los jefes de los partidos para que tengan en cuenta esto. La U les permitió a tres de sus senadores no votar por objeción de conciencia y sé que hay congresistas de otros partidos que quieren hacer lo mismo.