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El anuncio de la salida de Uber de Colombia ha generado una fuerte discordia en Colombia. Diferentes expertos, congresistas, y hasta las otras apps de transporte se han pronunciado frente a este hecho que enfrenta los avances tecnológicos e innovaciones mundiales frente a la regulación colombiana. (Lee: Uber dejará de funcionar en Colombia desde el 1° de febrero)
Para el exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones David Luna “el Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) prefirieron, en contra del consumidor, proteger los monopolios y expulsar la tecnología violando la ley, violando el principio de neutralidad de red. Estamos viviendo el principio del fin de los beneficios que genera la economía digital. Esto es vergonzoso, ojalá recapacite el Gobierno”.
Lea: Ordenan suspender la prestación del servicio de Uber en Colombia
Asimismo, el representante a la Cámara Mauricio Toro considera que es un retroceso la salida de Uber, y señala que la reacción de la empresa fue apresurada pues todavía no se ha “resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior contra la decisión de la SIC (que ordenó el pasado 20 de diciembre la suspensión de Uber)”. Además, insistió en la necesidad aprobar el proyecto de Ley que regula el servicio de transporte mediado por plataformas, iniciativa que espera su primer debate en el Congreso.
Por su parte la plataforma Beat dijo que “lamenta que las decisiones adoptadas recientemente en el país entorno a la industria que están limitando el acceso a servicios y oportunidades. Tenemos la esperanza que la situación actual abra un diálogo con el Gobierno para crear una discusión acertada en la cual se tengan en cuenta todas las partes y se priorice al ciudadano”.
¿Qué dijo el Gobierno?
El Ministerio de Transporte emitió un comunicado en respuesta a la salida de Uber en el que dice que “promueve la innovación y la inversión extranjera bajo las perspectivas de cumplimiento de la normatividad vigente, la legalidad y el cumplimiento de la Ley”. Pero advierte que existen leyes, como la 105 de 1993 y la 336 de 1996, indican que está prohibido prestar el servicio público de transporte en un vehículo privado.
Sin embargo, en el mismo comunicado el Gobierno reconoce que “se deben realizar reformas en el Congreso de la República para prever estos fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permita nivelar las reglas del juego para todos los actores determinando nuevas condiciones de habilitación”.