El kilómetro 58 y tarifas de pasajes aéreos, entre los temas del debate sobre la Vía al Llano

Más de $200.000 millones se tiene contemplado invertir en la vía Bogotá-Villavicencio a raíz de las emergencias que han conllevado al cierre del corredor. Hasta el momento, según el Gobierno, se han destinado $60.000 millones para 59 puntos críticos que se han atendido, de un total de casi 130 que se tienen detectados. El viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, insistió en que se destinarán cerca de $120.000 millones para el kilómetro 58, uno de los puntos más críticos del corredor durante los últimos días, a causa de la caída de material.

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Así lo afirmó en el marco del debate de control político llevado a cabo este martes en el Congreso de la República y citado por la senadora de la U Maritza Martínez. Los parlamentarios y alcaldes presentes en la sesión reclamaron al Gobierno soluciones definitivas para esta vía, que, según el viceministro, ha tenido que ser cerrada por condiciones de seguridad. “No podemos reabrirla si ponemos en riesgo la vida de los usuarios”, dijo.

A los $60.000 millones ya destinados y los $120.000 millones anunciados por el viceministro, se suman los $8.000 millones para los kilómetros 64 y 46 (producto de lo pagado por el concesionario Coviandes después del desplome del puente de Chirajara); $30.000 millones para los “túneles falsos” en esos mismos puntos; y $3.500 millones para el kilómetro 86. Por parte del Invías, se habló de $16.000 millones invertidos en el puente Caridad.

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De acuerdo con Gutiérrez, se estudiarán propuestas como la hecha por la representante Jennifer Arias, según la cual se podrían renegociar vigencias futuras de contratos de concesión que no hayan logrado cierre financiero. La idea, que el gobierno considera viable, se podría “tener recursos adicionales para atender los puntos críticos”, en palabras del viceministro.

La senadora Martínez también mencionó que debería estudiarse la posibilidad de que aumente la reparación por $8.000 millones que pagó Coviandes luego del desplome del puente Chirajara, pues, si esa estructura hubiera entrado en operación, la afectación por los actuales cierres sería menor. Es decir, la falta del viaducto sigue ocasionando daños para los usuarios. La parlamentaria también insitió en que este es un problema nacional y que, por tanto, debe solucionarse con recursos de la Nación. 

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Entre las peticiones de Martínez estuvo la de aumentar la presencia de seguridad y atención en salud ante la coyuntura actual. Según ella, debido a los trancones y embotellamientos, los conductores quedan vulnerables, sin la posibilidad de moverse y con acceso limitado a hidratación, comida, baños, etc. También, que se revisen los cobros de los peajes y se habilite la base aérea de Apiay para vuelos de transporte de pasajeros y carga. “Urgen nuevas frecuencias con menores tarifas y aeronaves con mayor capacidad”, trinó la senadora al término del debate.

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Durante la sesión, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, se expresó en un sentido similar, manifestando su inconformidad con los incrementos que se dan en las tarifas de los tiquetes aéreos durante estas coyunturas. Avianca e Easy Fly son algunas de las aerolíneas que prestan su servicio entre Bogotá y la capital del Meta. Robledo hizo un llamado a la solidaridad por parte de las empresas, en tanto que el viceministro de Transporte explicó que en la entidad a la que pertenece no hay competencias para regular esas tarifas. Sin embargo, explicó que se ha intentado aumentar las frecuencias y líneas aéreas presentes –como Easy Fly– para generar competencia y que la dinámica del mercado hale los precios a la baja.

El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, apuntó a posibilidades como “suspender el IVA” en el cobro de los pasajes, es decir, medidas para reducir cargas en las tarifas en vista de que los precios no se pueden regular. Asimismo, hizo un llamado de atención especial sobre el kilómetro 58 en donde, según Coviandes, permanecen unos 15.000 metros cúbicos. Según el mandatario, en los puestos de mando unificado se han contemplado escenarios de deslizamientos de hasta cuatro millones de metros cúbicos que, en palabras del alcalde, por supuesto no podrían resolver con una “retro”, sino con el “estado de emergencia que hemos estado solicitando (que se declare) desde hace algunas semanas, para que se puedan acometer las acciones y poderlo resolver”.

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Este martes Coviandes, a través de un comunicado, informó que “la instalación del radar ha permitido establecer que debe continuarse con las medidas preventivas en el km 58, para garantizar, en lo posible la seguridad, toda vez que continúa registrándose caída de piedra y deslizamiento de material en el sector, lo que ha impedido iniciar las labores de limpieza en la parte inferior del talud. No obstante, en la parte superior se iniciaron los trabajos para la construcción de las terrazas”.

Al final de la sesión, la senadora Martínez hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que haga presencia en estos debates, debido a que es la entidad que, en últimas, aprueba los recursos de la Nación que podrían destinarse para atender la situación. 

Más de $200.000 millones se tiene contemplado invertir en la vía Bogotá-Villavicencio a raíz de las emergencias que han conllevado al cierre del corredor. Hasta el momento, según el Gobierno, se han destinado $60.000 millones para 59 puntos críticos que se han atendido, de un total de casi 130 que se tienen detectados. El viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, insistió en que se destinarán cerca de $120.000 millones para el kilómetro 58, uno de los puntos más críticos del corredor durante los últimos días, a causa de la caída de material.

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A los $60.000 millones ya destinados y los $120.000 millones anunciados por el viceministro, se suman los $8.000 millones para los kilómetros 64 y 46 (producto de lo pagado por el concesionario Coviandes después del desplome del puente de Chirajara); $30.000 millones para los “túneles falsos” en esos mismos puntos; y $3.500 millones para el kilómetro 86. Por parte del Invías, se habló de $16.000 millones invertidos en el puente Caridad.

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De acuerdo con Gutiérrez, se estudiarán propuestas como la hecha por la representante Jennifer Arias, según la cual se podrían renegociar vigencias futuras de contratos de concesión que no hayan logrado cierre financiero. La idea, que el gobierno considera viable, se podría “tener recursos adicionales para atender los puntos críticos”, en palabras del viceministro.

La senadora Martínez también mencionó que debería estudiarse la posibilidad de que aumente la reparación por $8.000 millones que pagó Coviandes luego del desplome del puente Chirajara, pues, si esa estructura hubiera entrado en operación, la afectación por los actuales cierres sería menor. Es decir, la falta del viaducto sigue ocasionando daños para los usuarios. La parlamentaria también insitió en que este es un problema nacional y que, por tanto, debe solucionarse con recursos de la Nación. 

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El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, apuntó a posibilidades como “suspender el IVA” en el cobro de los pasajes, es decir, medidas para reducir cargas en las tarifas en vista de que los precios no se pueden regular. Asimismo, hizo un llamado de atención especial sobre el kilómetro 58 en donde, según Coviandes, permanecen unos 15.000 metros cúbicos. Según el mandatario, en los puestos de mando unificado se han contemplado escenarios de deslizamientos de hasta cuatro millones de metros cúbicos que, en palabras del alcalde, por supuesto no podrían resolver con una “retro”, sino con el “estado de emergencia que hemos estado solicitando (que se declare) desde hace algunas semanas, para que se puedan acometer las acciones y poderlo resolver”.

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Este martes Coviandes, a través de un comunicado, informó que “la instalación del radar ha permitido establecer que debe continuarse con las medidas preventivas en el km 58, para garantizar, en lo posible la seguridad, toda vez que continúa registrándose caída de piedra y deslizamiento de material en el sector, lo que ha impedido iniciar las labores de limpieza en la parte inferior del talud. No obstante, en la parte superior se iniciaron los trabajos para la construcción de las terrazas”.

Al final de la sesión, la senadora Martínez hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que haga presencia en estos debates, debido a que es la entidad que, en últimas, aprueba los recursos de la Nación que podrían destinarse para atender la situación.