El mayor reto del campo es el extensionismo digital

El agro fue de los pocos sectores que no cerró ni se detuvo durante la pandemia. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en su crecimiento económico porque el PIB agropecuario fue del 2,4 % para 2021 (el PIB anual fue del 10,6 %, según el DANE).

La economía no creció como debería y la pobreza rural no se detuvo. Entre 2020 y 2021 dicha población por debajo de la línea de pobreza pasó de ser el 42,2 % al 44,6 %. Mientras que la pobreza monetaria extrema estaba en 18,2 y se ubicó en el 18,8 %. Esto empeora cuando la jefatura del hogar está en cabeza de una mujer, lo que evidencia la brecha de género que hay allí.

Ante este panorama toma mayor importancia la apuesta que se hace en el campo para dinamizarlo y fomentar su desarrollo económico. De esto se encarga, en parte, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) porque es la responsable de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial del Ministerio de Agricultura.

Su presidenta, Ana Cristina Moreno habla de dichos retos, especialmente el de llevar tecnología al campo, mitigar los altos costos de los insumos agropecuarios y las estrategias para buscar reducir la brecha rural y urbana y de género.

Le puede interesar: ¿Cuál es la transformación que necesita el campo?

¿Cuál ha sido el proyecto para tecnificar a los campesinos y llevar la tecnología al campo?

En los proyectos que nosotros cofinanciamos buscamos darles elementos de innovación y de modernización. Entonces, desde que se estructuran los proyecto le ponemos sellos de innovación y modernización a través de diferentes herramientas. Estos tienen una implementación de entre 12 y 13 meses y queda la capacidad instalada y una asociación de productores fortalecida y que tuvo la asistencia técnica para apropiarse de esas nuevas tecnologías y equipos que les dejamos.

Respecto al extensionismo digital, estamos usando las herramientas tecnológicas que se complementan con las tradicionales. Por ejemplo, seguimos usando el canal de las emisoras de radio. Con la Universidad tecnológica de Pereira estamos llegando a 150.000 productores con información. A todos no les llegan los mismos contenidos porque se hace una caracterización de la región en que está, el cultivo que produce y demás para que el acompañamiento sea específico.

Esto llega mediante mensajes de texto y WhatsApp y ellos cuando bajan al pueblo el fin de semana se conectan al Internet, descargan los contenidos e interactúan con nuestros asesores. También le toman foto a la hoja a la que le salió como una plaga y no sabe cómo tratarla, busca donde le entra la señal y se la manda al asesor que les da recomendaciones.

¿Le están apostando a proyectos del agro que tengan la tecnología como punto central?

Sí, uno de ellos es el proyecto piscícola en zona bananera del Magdalena. También estamos planteando como tener más agricultura de precisión en invernaderos. Para saber de cuánto es la humedad y temperatura, saber cuándo regar y fertilizar, aprovechar los insumos.

¿Cuál es la apuesta más importante y que haya implicado mayores retos?

Lo más duro en este periodo de Gobierno ha sido poner en marcha el extensionismo digital. Implica darle forma, contenidos, y encontrar a los usuarios beneficiarios que son 150.000 porque se parte de bases de datos de las alcaldías que muchas veces están desactualizados.

Puede leer: Las mujeres pioneras detrás de la exportación de arroz colombiano a Estados Unidos.

¿Qué estrategias han implementado para mitigar las presiones inflacionarias que han tenido los insumos agropecuarios?

Lanzamos una estrategia de la mano con Agrosavia con el acompañamiento del Instituto Humboldt, para darle recomendaciones a los productores en función de que identifiquen cómo reemplazar o sustituir algunos insumos o fertilizantes que están con mucha inflación. También tenemos unos métodos alternativos de producción y sobre todo, el uso eficiente de esos insumos. Muchas veces se basan en costumbres o mitos a la hora de abonar. Y esto va de la mano con unos talleres presenciales.

Además, con nuestra dirección de Asociatividad estamos implementando una estrategia de compra programada de insumos y que por esos volúmenes se pueda hacer una mejor negociación en el precio de los insumos.

¿Qué tanto están ayudando estas estrategias a mitigar los efectos del encarecimiento de los insumos agropecuarios?

Todavía no podemos medir qué tanto están ayudando porque son estrategias recientes. Respecto a las compras programadas, apenas hemos podido terminar de concertar las necesidades de un grupo de asociaciones.

¿Han podido encontrar una salida a los problemas de comercialización de los alimentos por la falta de carreteras y vías terciarias?

Sin duda uno de los temas principales para la comercialización de los productos agropecuarios son las vías terciarias, carreteras destapadas. Ahí nos hemos articulado con el Invías con el gran programa de Colombia Rural, una inversión del Gobierno Nacional, aunque estas son competencia de las alcaldías. Pero sabemos que, para un municipio de categoría sexta, como una mayoría del país, tener recursos disponibles para hacer esos proyectos es muy difícil. Por eso el Gobierno ha invertido 5.5 billones de pesos y ha intervenido más de 25.000 kilómetros en mejoramientos y mantenimientos en concertación con las alcaldías.

¿Cómo están apuntándole a disminuir la pobreza rural?

Todas nuestras intervenciones van enfocadas en mejorar la calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas de las zonas rurales de Colombia. Cuando cofinanciamos un proyecto productivo y hacemos cierre financiero tiene que tener rentabilidad, que se sostengan en el tiempo y generen ingresos.

Eso le pega directamente a la medición de los indicadores de pobreza monetaria del país. Otras acciones como la prestación del servicio de asistencia técnica también ayuda a ese propósito y a mejorar las capacidades y la comercialización mediante la línea de asociatividad.

Además, frecuentemente hacemos actividades de comercialización como mercados campesinos, agroferias y las ruedas de negocios. Así no cofinanciemos el proyecto productivo de esos campesinos, engancharlos con esas puntas compradoras puede contribuir a mejorar los indicadores de pobreza.

También lea: ¿Cómo repensar las reglas fiscales de Latinoamérica?

Otra de las brechas importantes en el campo es la de mujeres rurales. ¿Tienen iniciativas que le apunten a reducir esa desigualdad?

De los casi 20.000 productores que hemos podido beneficiar en la en la financiación de proyectos, casi 7.000 son mujeres. Además, identificamos las postulaciones presentadas por asociaciones de mujeres para buscar aliados como la Consejería Presidencial para la Mujer y logramos priorizar seis de esos proyectos y los vamos a apalancar y cofinanciar con los recursos del Fondo Mujer Emprende. Y también nos enganchamos con la Corporación Colombia Internacional (CCI) y su estrategia de 500.000 mujeres agro empresarias para el 2030.

¿Cómo involucrar a las nuevas generaciones en estos procesos productivos y aumentar el interés de los jóvenes en el campo?

Nosotros en la integración de las generaciones tenemos proyectos en los que los jóvenes se enganchan con las tecnologías para la comercialización. Ellos no quieren verse como sus padres y abuelos que son campesinos tradicionales, por eso la manera de involucrarlos es que encuentren en el campo una posibilidad para su desarrollo profesional. Eso lo hacemos mediante esa tecnología, modernización e innovación. Es con esos juguetes que nuestros jóvenes se involucran y que también se puede mejorar la productividad.

¿Fomentan o apoyan los proyectos para que exporten y cumplan con los requisitos en los productos que tienen los demás países?

No tenemos una línea para la exportación, pero sí apoyamos a los proyectos que cofinanciamos que tienen vocación exportadora. En Supía (Caldas) tenemos uno en función del mejoramiento de trapiches paneleros para sacar la panela pulverizada que es la que se compra en el mercado internacional. Los ayudamos en el proceso y ya exportan, por ejemplo, a Alemania.

Otro caso es la apuesta de la vainilla en el Chocó. Aquí no tenemos referentes con esta flor y es un producto con enfoque total para la exportación que se paga muy bien en el mercado internacional. Por eso lo cofinanciamos y tiene recursos de la Unión Europea. Además, la vainilla nos permite la conservación del bosque nativo, la sostenibilidad ambiental y en medio de comunidades muy vulnerables.

¿Cuáles ha sido las mayores apuestas que han tenido desde la Agencia de Desarrollo Rural?

Son cuatro aspectos. El primero es la cofinanciación de proyectos productivos, con una metodología de convocatoria y por primera vez pudimos ya llegar a los 32 departamentos del país. Hemos cofinanciado 196 proyectos que han beneficiado a casi 20.000 productores. Para cuando cierre de Gobierno vamos a tener entre 240 y 250 proyectos.

El segundo es el servicio público de extensión agropecuaria que se conoce como la asistencia técnica tradicional. Teníamos el reto de darle el enfoque de extensionismo, un servicio más integral. Ya estamos llegando a 230.000 productores. Era un servicio que llevaba muchos años como dormida en el país y logramos poner en marcha estas estrategias con un ingrediente nuevo: el extensionismo digital. La pandemia nos llevó a la virtualidad y quisimos que nuestros campesinos y nuestras mujeres rurales también tuvieran la oportunidad de servirse de esas herramientas tecnológicas. Así sea un teléfono celular que no sea inteligente para llamar a un Call Center o recibir mensajes de texto y tener así el acompañamiento.

Lo tercero es el tema de la agricultura por contrato. Nos propusimos como meta en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno vincular 300.000 productores a esta estrategia, ya superamos los 250.000 y vamos a cumplir la meta. El programa significa que los productores quedan enganchados con puntas compradoras. Hay asociaciones que están despachando directamente, por ejemplo, a cadenas de supermercados. De este modo se han eliminado intermediarios innecesarios en la cadena.

Lea: ¿Cómo los exportadores evitan que sus cargas se contaminen con sustancias ilícitas?

¿Cuáles son las características o requisitos que tienen en cuenta para cofinanciar un proyecto?

En la metodología, estructuración y calificación de los proyectos tenemos los indicadores de: productividad, generación de ingresos e impacto social.

¿Cuáles son los departamentos en los que tienen mayor cobertura?

Se asignan unos topes departamentales de acuerdo a la asignación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la población rural. Tenemos unos con 1000 y otros con 3.000 millones de pesos. De acuerdo con eso, Boyacá y Cauca son los departamentos con mayor asignación. Mientras que los más recientes son San Andrés y Providencia y Amazonas.

¿Ustedes cómo miden el impacto que tienen en los proyectos que cofinancian?

Nosotros tenemos una dirección de monitoreo y seguimiento de los proyectos. Estamos implementando unas encuestas de satisfacción de los beneficiarios. Pero en este momento no tenemos evaluaciones de impacto robustas. El DNP es el encargado de evaluar la incidencia de los programas del Gobierno y estamos trabajando con ellos.

¿A qué debería darle continuidad en el próximo Gobierno?

Sería muy valioso mantener el programa de agricultura por contrato. Ese enfoque tiene mucho sentido para los productores. No solo se trata de encontrarles quinen les compre, sino también las capacidades que ellos desarrollan para ser unos buenos proveedores y que las relaciones comerciales se mantengan en el tiempo. Pasa mucho en el sector que cumplen con la primera entrega, pero no con la segunda. Entonces les dejan de comprar. También es importante la presentación, el empaque, las medidas y pesos.

Y un reto para el próximo Gobierno, desde la Agencia de Desarrollo Rural, tiene que ver con la implementación de capital semilla para los beneficiarios de adjudicación de tierras. En el decreto 9002 de 2017 quedó la tarea de acompañar con proyectos productivos a los beneficiarios que se les adjudican tierras desde la Agencia Nacional de Tierras. Se ha venido haciendo el levantamiento para saber los requisitos, cuántos son, dónde y cómo la ADR va a cofinanciar con el capital semilla que deberá empezar la implementación en el 2023. Es un programa de largo aliento, dos o tres gobiernos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

El agro fue de los pocos sectores que no cerró ni se detuvo durante la pandemia. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en su crecimiento económico porque el PIB agropecuario fue del 2,4 % para 2021 (el PIB anual fue del 10,6 %, según el DANE).

La economía no creció como debería y la pobreza rural no se detuvo. Entre 2020 y 2021 dicha población por debajo de la línea de pobreza pasó de ser el 42,2 % al 44,6 %. Mientras que la pobreza monetaria extrema estaba en 18,2 y se ubicó en el 18,8 %. Esto empeora cuando la jefatura del hogar está en cabeza de una mujer, lo que evidencia la brecha de género que hay allí.

Ante este panorama toma mayor importancia la apuesta que se hace en el campo para dinamizarlo y fomentar su desarrollo económico. De esto se encarga, en parte, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) porque es la responsable de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial del Ministerio de Agricultura.

Su presidenta, Ana Cristina Moreno habla de dichos retos, especialmente el de llevar tecnología al campo, mitigar los altos costos de los insumos agropecuarios y las estrategias para buscar reducir la brecha rural y urbana y de género.

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¿Cuál ha sido el proyecto para tecnificar a los campesinos y llevar la tecnología al campo?

En los proyectos que nosotros cofinanciamos buscamos darles elementos de innovación y de modernización. Entonces, desde que se estructuran los proyecto le ponemos sellos de innovación y modernización a través de diferentes herramientas. Estos tienen una implementación de entre 12 y 13 meses y queda la capacidad instalada y una asociación de productores fortalecida y que tuvo la asistencia técnica para apropiarse de esas nuevas tecnologías y equipos que les dejamos.

Respecto al extensionismo digital, estamos usando las herramientas tecnológicas que se complementan con las tradicionales. Por ejemplo, seguimos usando el canal de las emisoras de radio. Con la Universidad tecnológica de Pereira estamos llegando a 150.000 productores con información. A todos no les llegan los mismos contenidos porque se hace una caracterización de la región en que está, el cultivo que produce y demás para que el acompañamiento sea específico.

Esto llega mediante mensajes de texto y WhatsApp y ellos cuando bajan al pueblo el fin de semana se conectan al Internet, descargan los contenidos e interactúan con nuestros asesores. También le toman foto a la hoja a la que le salió como una plaga y no sabe cómo tratarla, busca donde le entra la señal y se la manda al asesor que les da recomendaciones.

¿Le están apostando a proyectos del agro que tengan la tecnología como punto central?

Sí, uno de ellos es el proyecto piscícola en zona bananera del Magdalena. También estamos planteando como tener más agricultura de precisión en invernaderos. Para saber de cuánto es la humedad y temperatura, saber cuándo regar y fertilizar, aprovechar los insumos.

¿Cuál es la apuesta más importante y que haya implicado mayores retos?

Lo más duro en este periodo de Gobierno ha sido poner en marcha el extensionismo digital. Implica darle forma, contenidos, y encontrar a los usuarios beneficiarios que son 150.000 porque se parte de bases de datos de las alcaldías que muchas veces están desactualizados.

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¿Qué estrategias han implementado para mitigar las presiones inflacionarias que han tenido los insumos agropecuarios?

Lanzamos una estrategia de la mano con Agrosavia con el acompañamiento del Instituto Humboldt, para darle recomendaciones a los productores en función de que identifiquen cómo reemplazar o sustituir algunos insumos o fertilizantes que están con mucha inflación. También tenemos unos métodos alternativos de producción y sobre todo, el uso eficiente de esos insumos. Muchas veces se basan en costumbres o mitos a la hora de abonar. Y esto va de la mano con unos talleres presenciales.

Además, con nuestra dirección de Asociatividad estamos implementando una estrategia de compra programada de insumos y que por esos volúmenes se pueda hacer una mejor negociación en el precio de los insumos.

¿Qué tanto están ayudando estas estrategias a mitigar los efectos del encarecimiento de los insumos agropecuarios?

Todavía no podemos medir qué tanto están ayudando porque son estrategias recientes. Respecto a las compras programadas, apenas hemos podido terminar de concertar las necesidades de un grupo de asociaciones.

¿Han podido encontrar una salida a los problemas de comercialización de los alimentos por la falta de carreteras y vías terciarias?

Sin duda uno de los temas principales para la comercialización de los productos agropecuarios son las vías terciarias, carreteras destapadas. Ahí nos hemos articulado con el Invías con el gran programa de Colombia Rural, una inversión del Gobierno Nacional, aunque estas son competencia de las alcaldías. Pero sabemos que, para un municipio de categoría sexta, como una mayoría del país, tener recursos disponibles para hacer esos proyectos es muy difícil. Por eso el Gobierno ha invertido 5.5 billones de pesos y ha intervenido más de 25.000 kilómetros en mejoramientos y mantenimientos en concertación con las alcaldías.

¿Cómo están apuntándole a disminuir la pobreza rural?

Todas nuestras intervenciones van enfocadas en mejorar la calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas de las zonas rurales de Colombia. Cuando cofinanciamos un proyecto productivo y hacemos cierre financiero tiene que tener rentabilidad, que se sostengan en el tiempo y generen ingresos.

Eso le pega directamente a la medición de los indicadores de pobreza monetaria del país. Otras acciones como la prestación del servicio de asistencia técnica también ayuda a ese propósito y a mejorar las capacidades y la comercialización mediante la línea de asociatividad.

Además, frecuentemente hacemos actividades de comercialización como mercados campesinos, agroferias y las ruedas de negocios. Así no cofinanciemos el proyecto productivo de esos campesinos, engancharlos con esas puntas compradoras puede contribuir a mejorar los indicadores de pobreza.

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Otra de las brechas importantes en el campo es la de mujeres rurales. ¿Tienen iniciativas que le apunten a reducir esa desigualdad?

De los casi 20.000 productores que hemos podido beneficiar en la en la financiación de proyectos, casi 7.000 son mujeres. Además, identificamos las postulaciones presentadas por asociaciones de mujeres para buscar aliados como la Consejería Presidencial para la Mujer y logramos priorizar seis de esos proyectos y los vamos a apalancar y cofinanciar con los recursos del Fondo Mujer Emprende. Y también nos enganchamos con la Corporación Colombia Internacional (CCI) y su estrategia de 500.000 mujeres agro empresarias para el 2030.

¿Cómo involucrar a las nuevas generaciones en estos procesos productivos y aumentar el interés de los jóvenes en el campo?

Nosotros en la integración de las generaciones tenemos proyectos en los que los jóvenes se enganchan con las tecnologías para la comercialización. Ellos no quieren verse como sus padres y abuelos que son campesinos tradicionales, por eso la manera de involucrarlos es que encuentren en el campo una posibilidad para su desarrollo profesional. Eso lo hacemos mediante esa tecnología, modernización e innovación. Es con esos juguetes que nuestros jóvenes se involucran y que también se puede mejorar la productividad.

¿Fomentan o apoyan los proyectos para que exporten y cumplan con los requisitos en los productos que tienen los demás países?

No tenemos una línea para la exportación, pero sí apoyamos a los proyectos que cofinanciamos que tienen vocación exportadora. En Supía (Caldas) tenemos uno en función del mejoramiento de trapiches paneleros para sacar la panela pulverizada que es la que se compra en el mercado internacional. Los ayudamos en el proceso y ya exportan, por ejemplo, a Alemania.

Otro caso es la apuesta de la vainilla en el Chocó. Aquí no tenemos referentes con esta flor y es un producto con enfoque total para la exportación que se paga muy bien en el mercado internacional. Por eso lo cofinanciamos y tiene recursos de la Unión Europea. Además, la vainilla nos permite la conservación del bosque nativo, la sostenibilidad ambiental y en medio de comunidades muy vulnerables.

¿Cuáles ha sido las mayores apuestas que han tenido desde la Agencia de Desarrollo Rural?

Son cuatro aspectos. El primero es la cofinanciación de proyectos productivos, con una metodología de convocatoria y por primera vez pudimos ya llegar a los 32 departamentos del país. Hemos cofinanciado 196 proyectos que han beneficiado a casi 20.000 productores. Para cuando cierre de Gobierno vamos a tener entre 240 y 250 proyectos.

El segundo es el servicio público de extensión agropecuaria que se conoce como la asistencia técnica tradicional. Teníamos el reto de darle el enfoque de extensionismo, un servicio más integral. Ya estamos llegando a 230.000 productores. Era un servicio que llevaba muchos años como dormida en el país y logramos poner en marcha estas estrategias con un ingrediente nuevo: el extensionismo digital. La pandemia nos llevó a la virtualidad y quisimos que nuestros campesinos y nuestras mujeres rurales también tuvieran la oportunidad de servirse de esas herramientas tecnológicas. Así sea un teléfono celular que no sea inteligente para llamar a un Call Center o recibir mensajes de texto y tener así el acompañamiento.

Lo tercero es el tema de la agricultura por contrato. Nos propusimos como meta en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno vincular 300.000 productores a esta estrategia, ya superamos los 250.000 y vamos a cumplir la meta. El programa significa que los productores quedan enganchados con puntas compradoras. Hay asociaciones que están despachando directamente, por ejemplo, a cadenas de supermercados. De este modo se han eliminado intermediarios innecesarios en la cadena.

Lea: ¿Cómo los exportadores evitan que sus cargas se contaminen con sustancias ilícitas?

¿Cuáles son las características o requisitos que tienen en cuenta para cofinanciar un proyecto?

En la metodología, estructuración y calificación de los proyectos tenemos los indicadores de: productividad, generación de ingresos e impacto social.

¿Cuáles son los departamentos en los que tienen mayor cobertura?

Se asignan unos topes departamentales de acuerdo a la asignación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la población rural. Tenemos unos con 1000 y otros con 3.000 millones de pesos. De acuerdo con eso, Boyacá y Cauca son los departamentos con mayor asignación. Mientras que los más recientes son San Andrés y Providencia y Amazonas.

¿Ustedes cómo miden el impacto que tienen en los proyectos que cofinancian?

Nosotros tenemos una dirección de monitoreo y seguimiento de los proyectos. Estamos implementando unas encuestas de satisfacción de los beneficiarios. Pero en este momento no tenemos evaluaciones de impacto robustas. El DNP es el encargado de evaluar la incidencia de los programas del Gobierno y estamos trabajando con ellos.

¿A qué debería darle continuidad en el próximo Gobierno?

Sería muy valioso mantener el programa de agricultura por contrato. Ese enfoque tiene mucho sentido para los productores. No solo se trata de encontrarles quinen les compre, sino también las capacidades que ellos desarrollan para ser unos buenos proveedores y que las relaciones comerciales se mantengan en el tiempo. Pasa mucho en el sector que cumplen con la primera entrega, pero no con la segunda. Entonces les dejan de comprar. También es importante la presentación, el empaque, las medidas y pesos.

Y un reto para el próximo Gobierno, desde la Agencia de Desarrollo Rural, tiene que ver con la implementación de capital semilla para los beneficiarios de adjudicación de tierras. En el decreto 9002 de 2017 quedó la tarea de acompañar con proyectos productivos a los beneficiarios que se les adjudican tierras desde la Agencia Nacional de Tierras. Se ha venido haciendo el levantamiento para saber los requisitos, cuántos son, dónde y cómo la ADR va a cofinanciar con el capital semilla que deberá empezar la implementación en el 2023. Es un programa de largo aliento, dos o tres gobiernos.

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