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Una vez más en este año, y por cuarta en el mandato del gobierno de Iván Duque, tenemos que hablar de reforma tributaria.
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Luego del rotundo fracaso de la anterior iniciativa, que inspiró un paro nacional que no tiene horizonte claro de finalización y que se llevó por delante al anterior ministro de Hacienda, el Gobierno prepara la presentación de un nuevo proyecto de ley para redefinir el contrato social alrededor de los impuestos en el país. O, cuando menos, buscar recursos para sobreaguar la crisis económica, las necesidades de gasto social y hacerle frente al déficit fiscal de $90 billones.
Para este punto nadie parece esperar una reforma de fondo y estructural, sino más bien un proyecto de emergencia que permita honrar los compromisos de deuda del país y continuar (cuando menos) las inversiones sociales de apoyo a los más golpeados durante la pandemia. Lo primero para tranquilizar a firmas calificadoras de riesgo (y proveedores de crédito) y lo segundo para detener el crecimiento de pobreza y pobreza extrema, así como intentar darle un impulso al consumo y con ello darle dinamismo al mercado interno del que depende un país cuyas exportaciones no son muchas ni muy variadas (ancladas primordialmente en bienes minero-energéticos).
En esta ocasión, la ronda de conversaciones tributarias no cuenta con el perverso mecanismo de declaraciones y retractaciones, que fue el eje de comunicación de la pasada iniciativa, que no alcanzó a vivir siquiera un mes en buena parte gracias a esa estrategia de decir y no decir empleada por el Gobierno.
De entrada, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha dejado claro que no se piensa tocar a la clase media, que la meta de recaudo es de $14 billones (la pasada era de $23,8 billones), que no es viable pedirle un préstamo al Banco de la República y que una de las prioridades es continuar con la financiación de los programas sociales. Desde el Gobierno también se ha señalado como atractiva la propuesta de la Andi y del Consejo Gremial de tomar de vuelta parte de los beneficios que las empresas recibieron en la reforma vigente (la segunda de la administración Duque, luego de que la primera se cayera en la Corte Constitucional).
Las primeras informaciones señalaban que esta semana se podría presentar la nueva propuesta, pero vale la pena aclarar que estos cálculos son anteriores a la suspensión de las negociaciones entre el Gobierno y el Comité del Paro, hecho que sucedió el domingo.
El cuándo es importante porque el Gobierno se va quedando sin muchas opciones para tramitar y lograr la aprobación de una propuesta que, por donde sea que se le mire, es vital. La semana pasada, justamente, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal urgió aprobar una reforma tributaria que genere mayores ingresos permanentes a partir de 2022 y 2023.
Así lo aseguró el Comité tras analizar la evolución de las finanzas públicas y revisar una versión preliminar del escenario fiscal de las próximas vigencias, esto de cara a la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que señala la ruta económica para los próximos 10 años.
Así las cosas, estas son algunas de las propuestas más llamativas de cara a la presentación de la próxima reforma tributaria, bien sea esta semana o no.
Los empresarios
La Andi ha insistido en que si se aplazan temporalmente algunos de los beneficios que se les entregaron a las empresas, se podrían recaudar anualmente unos $8,9 billones, divididos principalmente en dos fuentes de ingresos.
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La primera es el aplazamiento de la compensación al impuesto de industria y comercio, conocido popularmente como ICA, algo que representaría unos $7 billones por año. La segunda es posponer las reducciones en las tarifas de renta para las empresas, que dejaría cerca de $2 billones cada año.
Estas propuestas son vistas con buenos ojos por el Gobierno y por algunos legisladores. Pero también generan desconfianza en algunos analistas, pues un aplazamiento es posponer las necesidades, no una solución de fondo para éstas.
Vale la pena recordar que uno de los insumos técnicos más certeros para la tributaria pasada, la que fue retirada por el presidente Duque, fue justamente una comisión de expertos que examinó los beneficios en impuestos que hacen que el estatuto tributario se asemeje a un colador de pasta.
La academia
Un grupo de investigadores de las universidades Javeriana, Externado, de los Andes y del Rosario, así como de Fescol, presentaron hace poco menos de un mes una propuesta que apunta a recaudar más de $20 billones anuales sin gravar a las personas que ganan menos de $6 millones mensuales y sin tocar el IVA.
Esta es una iniciativa interesante, pues concentra el trabajo conjunto de un grupo de expertos en el tema y habla de puntos que no se discuten tan ampliamente en otros círculos. Esta propuesta conjunta de la academia se concentra en las personas con mayores capacidades de contribución, gravando, sin beneficios especiales, los dividendos y las ganancias ocasionales.
“El recaudo que se obtiene por las modificaciones al impuesto de renta de personas naturales que recomendamos proviene de las personas de más altos ingresos del país. Así, por ejemplo, en la propuesta del Gobierno Nacional una persona con ingresos laborales de 500 millones de pesos al mes tributaría a una tasa efectiva del 35,9 %, mientras que en la nuestra tributaría a una tasa efectiva del 40,4 %”, explica el documento. “Sin embargo, la diferencia central de nuestra propuesta es que no solo grava a esas tasas los ingresos laborales, sino que también aplica para los dividendos y ganancias ocasionales, que son fuentes de ingresos pequeñas o no existentes para los asalariados, pero muy importantes para los más ricos del país, y que en la propuesta del Gobierno estarían gravadas a tasas efectivas que en general no superan el 15 % o el 10 %, respectivamente”, agrega.
El Gobierno
Además de buscar los $14 billones en recaudo, la propuesta del Gobierno llevaría, en palabras del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, “un requisito sine qua non: prolongar el Ingreso Solidario de tres millones a cerca de cinco millones de familias, un programa de educación superior gratuito para población vulnerable que beneficiará a 700.000 estudiantes; extender el programa de apoyo a la empresa formal, el subsidio para proteger a más de cuatro millones de trabajadores, que es lo que hoy se protege; extender la devolución del IVA no a dos millones de hogares, sino a 4,5 millones de vulnerables; y contar con fondos para el fomento de la empleabilidad de personas que han tenido una mayor incidencia en el desempleo, como los jóvenes y las mujeres mayores de 40 años”.
Además de esto, el funcionario ha insistido en que no se tocarían las reglas de juego en IVA ni en impuesto de renta; o sea, no se ampliaría la base de contribuyentes de este tributo, como sí lo contemplaba la propuesta abortada en el Congreso. Tampoco se tocarían las pensiones.
Al final, la profundidad y alcance de lo que proponga el Gobierno y apruebe el Congreso jugará un papel no sólo en el camino de la recuperación económica (una senda que aún cuenta con un alto grado de incertidumbre y fragilidad), sino que también será el germen, o no, de una próxima reforma tributaria. Pareciera que en medio de la actual crisis política y económica nadie tiene mucho ánimo, ni capital, para dar una discusión de fondo sobre los impuestos en Colombia. Esa conversación puede que sea materia para otro año, quizá uno poselectoral.