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Una turbulencia de críticas ha recibido la administración Duque por las propuestas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sobre todo por las iniciativas que tienen que ver con el manejo de la administración pública y las finanzas estatales. Las primeras alertas se dieron al conocerse que el Departamento Nacional de Planeación pierde protagonismo en el manejo de los recursos de inversión y el Ejecutivo pide facultades extraordinarias para modificar el Estado.
“Todo esto se hace en armonía con la idea de tener un país con responsabilidad fiscal, seriedad en el manejo de los recursos, transparencia, aumento del recaudo y mejor focalización del gasto”, dijo el presidente Iván Duque al radicar el proyecto en el Congreso.
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Legisladores contradictores y afectos al Gobierno se han mostrado preocupados por las facultades que pide el presidente Duque por seis meses para implementar un revolcón en la administración pública. Sin embargo, lo cierto es que un proyecto es el que se presenta y otro muy distinto el que sale aprobado. El Plan es la oportunidad que tiene el Gobierno para proponer profundas reformas que resuelvan problemas puntuales o abrir la puerta para la aprobación de grandes micos.
El Plan de Desarrollo de Duque contempla varias reformas: código minero, sistema de salud, servicios públicos, descentralización y ambiente. Igualmente propone reformas al modelo de infraestructura, transporte, sistema pensional, regalías, y por último toca impuestos.
Pero no todo es preocupante. El PND propone aumentar las transferencias a la educación superior sin reformar la Ley 30. La propuesta contempla que esos recursos crezcan con el IPC más 4 puntos en 2020 y luego, para 2022, el IPC más 4,65 puntos.
El director de Asuntos Públicos de la Misión de Observación Electoral y profesor de la Universidad Javeriana, Felipe Edgardo Jiménez, alertó sobre el artículo 181, donde se otorgan facultades extraordinarias al presidente para reformar el Estado: “Ese artículo no tiene límites, ni sustentación y no se entiende el porqué del artículo”. Con este artículo se puede cambiar cualquier cosa y no se sabe qué va a cambiar. “Es muy preocupante”, dice Jiménez.
Entre 2003 y 2005 se llevó a cabo en el país un Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) que logró ahorros equivalentes a 2,5 % del PIB, cerca de $25 billones actuales y que permitió la liquidación, fusión y supresión de varias entidades estatales. “Crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administración central, en razón del ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el presente artículo, así como señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos sin crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales”, es una de las facultades que tendría Presidencia.
Eliminar funciones de Planeación Nacional y pasarlas al Ministerio de Hacienda, en lo relacionado con distribución del presupuesto de inversión, no ha sido bien recibido por varios sectores políticos.
El exdirector de Planeación Nacional y actual titular de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, calificó en su cuenta de Twitter la propuesta como “golpe mortal” para el DNP. “El artículo 35 del Plan de Desarrollo es un golpe mortal para Planeación. Le quitaría su capacidad de influir en la asignación del presupuesto y de asegurar su alineación con las políticas y programas del PND. Además, concentraría un poder desmedido en el Ministerio de Hacienda”, escribió.
La actual directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, considera que no es eficiente que Planeación tome un presupuesto cuando sea de inversión, pero si es de funcionamiento va para el Ministerio de Hacienda. “La idea es coordinarnos con el Ministerio de Hacienda para que haya un solo sistema de información presupuestal, unificamos el presupuesto”, dijo.
La Comisión del Gasto ha propuesto unificar los tres presupuestos existentes: deuda, funcionamiento e inversión. La preocupación viene del lado de la pérdida de capacidad de análisis del DNP y buenas prácticas ganadas en los años de funcionamiento de la entidad.
Otro artículo que despierta preocupación es el que da la posibilidad a municipios y departamento para manejar vigencias futuras en el último año de gobierno de 2019. Jiménez considera que esta propuesta puede “incentivar clientelismo, mala planeación y va en contra de la transparencia electoral”.
La iniciativa podría destrabar proyectos con problemas al finalizar el período, “se podrán autorizar vigencias futuras ordinarias o excepcionales durante el año 2019 para proyectos que conlleven cofinanciación nacional”.
Hasta una pequeña reforma tributaria se propone cuando se da incentivo a los productores de energía con fuentes no convencionales para que deduzcan anualmente de su renta por 15 años siguientes al año gravable en que haya entrado en operación la inversión. Antes era de cinco años. Se le restan facultades a los OCAD para definir y aprobar proyectos y se incluye una reforma al sistema general de regalías, centralizando el manejo de esos recursos.