El plan para achicar el Estado y direccionar subsidios

Una cuesta muy empinada ha comenzado a transitar el Gobierno en materia de reforma fiscal y reorganización de las finanzas del Estado. Pese a que comenzó bien, la discusión del proyecto tributario se ha venido desdibujando por la cantidad de voces que se escuchan desde diferentes entidades del Ejecutivo, consideran analistas locales.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sigue mostrando una fotografía sobre el estado de la economía que no es buena. Los indicadores de deuda pública son elevados, sin incluir vigencias futuras, sentencias judiciales y las obligaciones en el sector salud. “Tenemos unos indicadores de deuda que, sumando todo, supera ampliamente el 55 % del PIB. Eso afecta la capacidad de maniobra”, advirtió, resaltando que es una foto bastante regular. El pronunciamiento del funcionario fue hecho en el congreso internacional de Fasecolda, el gremio de los aseguradores.

Con el fin de conseguir los recursos que se necesitan para balancear las finanzas públicas, que son del orden de 1,5 puntos del PIB, el Gobierno ha diseñado varias alternativas: un primer capítulo tiene que ver con la austeridad, ajuste en el gasto público, un plan de renovación del Estado y reorganización de los subsidios.

Los diferentes tipos de reformas que prepara el Gobierno van a llevar a “recortes del gasto público bastante significativos”, dijo Carrasquilla recordando lo que en el pasado se llamó el Plan de Renovación de la Administración Pública, que terminó con la liquidación de varias empresas estatales (como Telecom) y la reorganización de muchas otras.

Sobre subsidios dijo que hay un exceso de gasto en los programas sociales. Recordó que a mediados de la década anterior Colombia era un país con el 50 % de la población en condición de pobreza y hoy es del 26 %. Pero esa dinámica no se ha visto reflejada en el régimen subsidiado de salud, afirmó.

Estatuto tributario chiquito

El segundo capítulo tiene que ver con la modernización del estatuto tributario, porque el vigente, en materia de rentas personales, es “para un país relativamente pobre donde hay mucha dificultad para el recaudo, donde no hay tecnología y donde hay que enfatizar otras fuentes de recursos”, explicó el ministro de Hacienda.

En Colombia, contrario a lo que sucede en otros países de la región y de la OCDE, las empresas tributan el 82,6 % del impuesto de renta y las personas naturales, el 17,4 %. “Eso no tiene sentido”, sostiene Guillermo Perry, exministro y miembro de la Comisión del Gasto. El gravamen a las personas naturales es más importante que el de las empresas, porque es el impuesto que es progresivo y es justo, señaló Perry.

La carga tributaria corporativa muestra que 3.143 empresas consideradas grandes pagan una tasa de 29 %; unas 7.250 medianas sociedades lo hacen con el 32,8 % y 6.860 pequeñas responden por un impuesto de renta de 34,6 %.

Recientemente el presidente Iván Duque anunció mayor carga tributaria para las personas ricas con un alivio para las empresas. Si eso pasa, advierte Perry, lo que va a suceder es que “los asalariados de ingresos altos van a pagar más, pero los más ricos no van a pagar más, porque sus ingresos no son de salarios, sino de dividendos y de ganancias de capital, que no los están gravando”.

Juan David Escobar Franco, presidente de Seguros SURA Colombia, destacó “el interés de reducir la sobrecarga de impuestos a las empresas, que se busque ampliar la base de contribuyentes personas naturales y combatir la evasión y elusión, aprovechando bases de datos disponibles de transacciones”.

El estatuto tributario le está quedando chiquito al país, sostiene Carrasquilla, tras indicar que Colombia es un país de ingreso medio, “con una clase media en proceso de expansión y de crecimiento”, lo cual indica que la carga tributaria de las personas debe ser mayor. La modernización y reacomodamiento del estatuto tributario se busca solucionar con la ley de financiamiento, anticipó el funcionario.

El capítulo de evasión y elusión tiene dos componentes: un régimen tributario simple y un uso sofisticado de la información financiera y transaccional de la economía.

El IVA, una discusión política

El promedio de tasa del IVA del 16 % que tiene Colombia la ubica en la parte media de la tabla entre varios países del mundo. Cuando se compara con el recaudo comienza a bajar y cuando se mide con eficiencia y productividad llega al final de la lista. El recaudo del IVA en Colombia no rinde porque tiene muchas exenciones y excluidos.

Cifras del Ministerio indican que el costo fiscal de los bienes excluidos y exentos del IVA es cercano a $57 billones. Perry considera que más de la mitad de la producción de bienes y servicios de la economía no genera IVA. Pero las exenciones benefician más a los grupos de altos ingresos: el 10 % de los ricos del país se lleva el 27 % del valor de esas exenciones y las que realmente favorecen a los pobres apenas es del 4 %. Una de las soluciones es gravar todos esos productos con una sola tasa y al ingreso más bajo “devolverles el estimativo de lo que se les está gravando a través de Familias en Acción y se consigue un aumento del recaudo”, dijo el exministro de Estado. Sin embargo, advirtió que eso es “difícil políticamente” en el Congreso, porque se presta a una discusión populista.

El profesor Víctor Castañeda, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, apunta: “Una familia que vive con un salario mínimo, con el que presumiblemente gasta $200.000 en mercado, con un IVA del 19 %, terminaría pagando $40.000 más. Para una población que vive con un mínimo ese monto representa bastante dinero, e independientemente de que logren devolvérselo en un futuro, el problema es que si no pueden contar con ese dinero hoy, no tienen cómo sobrevivir”.

Sin conocerse una propuesta clara del Gobierno en materia de iniciativa tributaria, comienzan los empresarios de diferentes sectores a advertir las consecuencias negativas que conllevaría sobre la productividad. “Como industria aseguradora, no estamos pidiendo tratamientos preferenciales, pero tampoco esperamos que nos pongan en desventaja internacional y que se aumenten las cargas y tarifas, pues esto afectaría nuestra competitividad. Se debe tener en cuenta que hoy la mayoría de los seguros pagan 16 % de IVA, con excepción de las soluciones de vida. Si esta tarifa sube, sería restrictivo para la necesidad de protección de personas, que cubre en su mayoría población de ingresos medios y empresas, e iría en contravía de lograr una mayor penetración de los seguros en el país, que actualmente es muy baja”, indicó Escobar Franco.

Una cuesta muy empinada ha comenzado a transitar el Gobierno en materia de reforma fiscal y reorganización de las finanzas del Estado. Pese a que comenzó bien, la discusión del proyecto tributario se ha venido desdibujando por la cantidad de voces que se escuchan desde diferentes entidades del Ejecutivo, consideran analistas locales.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sigue mostrando una fotografía sobre el estado de la economía que no es buena. Los indicadores de deuda pública son elevados, sin incluir vigencias futuras, sentencias judiciales y las obligaciones en el sector salud. “Tenemos unos indicadores de deuda que, sumando todo, supera ampliamente el 55 % del PIB. Eso afecta la capacidad de maniobra”, advirtió, resaltando que es una foto bastante regular. El pronunciamiento del funcionario fue hecho en el congreso internacional de Fasecolda, el gremio de los aseguradores.

Con el fin de conseguir los recursos que se necesitan para balancear las finanzas públicas, que son del orden de 1,5 puntos del PIB, el Gobierno ha diseñado varias alternativas: un primer capítulo tiene que ver con la austeridad, ajuste en el gasto público, un plan de renovación del Estado y reorganización de los subsidios.

Los diferentes tipos de reformas que prepara el Gobierno van a llevar a “recortes del gasto público bastante significativos”, dijo Carrasquilla recordando lo que en el pasado se llamó el Plan de Renovación de la Administración Pública, que terminó con la liquidación de varias empresas estatales (como Telecom) y la reorganización de muchas otras.

Sobre subsidios dijo que hay un exceso de gasto en los programas sociales. Recordó que a mediados de la década anterior Colombia era un país con el 50 % de la población en condición de pobreza y hoy es del 26 %. Pero esa dinámica no se ha visto reflejada en el régimen subsidiado de salud, afirmó.

Estatuto tributario chiquito

El segundo capítulo tiene que ver con la modernización del estatuto tributario, porque el vigente, en materia de rentas personales, es “para un país relativamente pobre donde hay mucha dificultad para el recaudo, donde no hay tecnología y donde hay que enfatizar otras fuentes de recursos”, explicó el ministro de Hacienda.

En Colombia, contrario a lo que sucede en otros países de la región y de la OCDE, las empresas tributan el 82,6 % del impuesto de renta y las personas naturales, el 17,4 %. “Eso no tiene sentido”, sostiene Guillermo Perry, exministro y miembro de la Comisión del Gasto. El gravamen a las personas naturales es más importante que el de las empresas, porque es el impuesto que es progresivo y es justo, señaló Perry.

La carga tributaria corporativa muestra que 3.143 empresas consideradas grandes pagan una tasa de 29 %; unas 7.250 medianas sociedades lo hacen con el 32,8 % y 6.860 pequeñas responden por un impuesto de renta de 34,6 %.

Recientemente el presidente Iván Duque anunció mayor carga tributaria para las personas ricas con un alivio para las empresas. Si eso pasa, advierte Perry, lo que va a suceder es que “los asalariados de ingresos altos van a pagar más, pero los más ricos no van a pagar más, porque sus ingresos no son de salarios, sino de dividendos y de ganancias de capital, que no los están gravando”.

Juan David Escobar Franco, presidente de Seguros SURA Colombia, destacó “el interés de reducir la sobrecarga de impuestos a las empresas, que se busque ampliar la base de contribuyentes personas naturales y combatir la evasión y elusión, aprovechando bases de datos disponibles de transacciones”.

El estatuto tributario le está quedando chiquito al país, sostiene Carrasquilla, tras indicar que Colombia es un país de ingreso medio, “con una clase media en proceso de expansión y de crecimiento”, lo cual indica que la carga tributaria de las personas debe ser mayor. La modernización y reacomodamiento del estatuto tributario se busca solucionar con la ley de financiamiento, anticipó el funcionario.

El capítulo de evasión y elusión tiene dos componentes: un régimen tributario simple y un uso sofisticado de la información financiera y transaccional de la economía.

El IVA, una discusión política

El promedio de tasa del IVA del 16 % que tiene Colombia la ubica en la parte media de la tabla entre varios países del mundo. Cuando se compara con el recaudo comienza a bajar y cuando se mide con eficiencia y productividad llega al final de la lista. El recaudo del IVA en Colombia no rinde porque tiene muchas exenciones y excluidos.

Cifras del Ministerio indican que el costo fiscal de los bienes excluidos y exentos del IVA es cercano a $57 billones. Perry considera que más de la mitad de la producción de bienes y servicios de la economía no genera IVA. Pero las exenciones benefician más a los grupos de altos ingresos: el 10 % de los ricos del país se lleva el 27 % del valor de esas exenciones y las que realmente favorecen a los pobres apenas es del 4 %. Una de las soluciones es gravar todos esos productos con una sola tasa y al ingreso más bajo “devolverles el estimativo de lo que se les está gravando a través de Familias en Acción y se consigue un aumento del recaudo”, dijo el exministro de Estado. Sin embargo, advirtió que eso es “difícil políticamente” en el Congreso, porque se presta a una discusión populista.

El profesor Víctor Castañeda, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, apunta: “Una familia que vive con un salario mínimo, con el que presumiblemente gasta $200.000 en mercado, con un IVA del 19 %, terminaría pagando $40.000 más. Para una población que vive con un mínimo ese monto representa bastante dinero, e independientemente de que logren devolvérselo en un futuro, el problema es que si no pueden contar con ese dinero hoy, no tienen cómo sobrevivir”.

Sin conocerse una propuesta clara del Gobierno en materia de iniciativa tributaria, comienzan los empresarios de diferentes sectores a advertir las consecuencias negativas que conllevaría sobre la productividad. “Como industria aseguradora, no estamos pidiendo tratamientos preferenciales, pero tampoco esperamos que nos pongan en desventaja internacional y que se aumenten las cargas y tarifas, pues esto afectaría nuestra competitividad. Se debe tener en cuenta que hoy la mayoría de los seguros pagan 16 % de IVA, con excepción de las soluciones de vida. Si esta tarifa sube, sería restrictivo para la necesidad de protección de personas, que cubre en su mayoría población de ingresos medios y empresas, e iría en contravía de lograr una mayor penetración de los seguros en el país, que actualmente es muy baja”, indicó Escobar Franco.