El poder detrás de la acumulación de predios

La solicitud de tomar medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío, en 33 casos, que representan más de 123 mil hectáreas, realizada por la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Tierras parece abrir la caja de pandora sobre la problemática de la acumulación de predios en el país. El diagnóstico es contundente: detrás de estas apropiaciones hay reconocidos empresarios, comerciantes y políticos. Incluso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su reputada hacienda “El Uberrimo” forma parte de los predios sobre los cuales se está pidiendo la anulación.

El asunto no es de poca monta, pues lo que está dejando en evidencia la Contraloría es que empresarios poderosos y políticos violaron las normas de propiedad de la tierras y a través de maniobras jurídicas lograron englobar sus predios en dimensiones muchos más amplias que las que planean las leyes a través de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) que plantea el máximo de extensión que debe tener un predio productivo.

Pero hay un agravante, al tratarse de la apropiación de terrenos baldíos que pertenecen al Estado, la legalización y registro de estos debieron realizarse con maniobras jurídicas y complicidad de funcionarios notariales que dieron vía libre a esta apropiación.

Esta decisión fue tomada luego de valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia. Los resultados fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría, para que dentro del marco de sus competencias determinen si existe responsabilidad penal y disciplinaria.

La denuncia aparece en un momento escabroso para los propietarios de baldíos, pues recientemente se conoció el documento que sería el proyecto de ley para el “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, un pliego de 56 páginas y 166 artículos, en el que quedan plasmados puntos alcanzados en el Acuerdo de Paz, como el fondo de tierras, y que sería tramitado vía fast track. Su objetivo es establecer el marco normativo de todo lo que tenga que ver con el uso y la propiedad de la tierra. De ser aprobado, derogaría la reforma rural vigente, es decir, la Ley 160 de 1994.

Los críticos del borrador, entre esos el expresidente Alvaro Uribe, quien también aparece en la denuncia de la Contraloría, señalan que se cambia la definición de la UAF, que desde el 94 es la cantidad de tierra que, dependiendo de la zona, necesita una familia campesina para subsistir y formar su patrimonio. También es la extensión máxima de tierras baldías que se puede adjudicar, lo que para los opositores del proyecto va en detrimento del protagonismo que en el acuerdo de paz tiene la agricultura familiar.

Los nombres

El expresidente Álvaro Uribe Vélez

El exmandatario siempre se ha dado a conocer como un hombre de campo aficionado a la ganadería. Su hacienda “El Uberrimo” se ha convertido en el símbolo del gusto por el campo. Sin embargo, de acuerdo con el informe de la Contraloría, este sería uno de los predios que habrían pasado los límites que plantean las Unidades Agrícolas Familiares (Uiaf) a través de la acumulación de baldíos.

Señala la denuncia que, la Sociedad Agropecuaria El Uberrimo, ubicada en Córdoba, entre los municipios de San Carlos y Montería, que sobrepasó los límites en 103 hectáreas. Falta la respuesta del expresidente Uribe quien ha sido contundente crítico de la política de tierras del gobierno de su sucesor el presidente Juan Manuel Santos.

Familia Ganem Bechara

Se trata de una de las familias más tradicionales del departamento. La Contraloría citó en su denuncia a William Moises Ganem Bechara, María Victoria Ganem Bechara, Abraham Elías Ganem Bechara (médico) y Rosa María Ganem Bechara. La familia Ganem es reconocida en la región por ser importantes ganaderos y también han incursionado en el negocio del algodón. En este caso la Contraloría los acusa por una acumulación de 570 hectáreas.

Pedro Ghisays Chadid

En el municipio de Canaletes, San Pelayo y Tierralta fue identificada por la Contraloría la presunta acumulación de 132 hectáreas de tierras. Estas pertenecen al más importante representante del chance en el departamento. Pedro Ghisays Chadid quien es el dueño de la empresa Apuestas Córdoba.

El Meridiano

En la lista de propietarios de tierras está también el propietario del periódico más importante de la región, El Meridiano de Córdoba. Su propietario William Enrique Salleg Taboada aparece referenciado en la denuncia de la Contraloría por la posible acumulación de 77 hectáreas de tierra en los municipios de San Carlos y Montería en el departamento.

Los Vélez

Lina María Vélez es propietaria de dos predios inicialmente adjudicados como baldíos que suman 43 hectáreas, vecinos de los de su padre, William Vélez Sierra, quien es un importante empresario del sector de servicios de electricidad, aseo, agua y cabeza del Grupo Ethus.

Además, en la misma región, la Sociedad W de Jesús Vélez Sierra y Cia en comandita simple, del otro hijo del empresario William Vélez, también forman parte de la denuncia. En este caso se habla de una acumulación de 66 hectáreas de baldíos.

Familia Lizaralde

Sin dar mayores datos, la Contraloría también puso de manifiesto la presunta apropiación de tierras de parte de la familia del exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarlde, el mismo que estuvo en medio del debate por la acumulación de predios en la altillanura en favor de la empresa Río Paila. Este hecho generó la salida del embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia Valenzuela.

En este caso se comprobaron maniobras para segmentar los predios por diferentes sociedades dando la apariencia de que se trataba de unidades agrícolas individuales, pero, en la práctica, pertenecían a la misma empresa.

Familia Iragorri

Nuevamente surge uno de los apellidos más reconocidos de la política nacional. Los Iragorri, que actualmente tienen en el ministerio de Agricultura a Aurelio Iragorri. En este caso, a juicio de la Contraloría, habrían adquirido baldíos del Estado violando la norma. Llama la atención la cantidad de hectáreas que llega 3.816 hectáreas. Sin embargo, el ministro de agricultura aseguró que los predios baldíos a los que se refiere el ente de control no son de su propiedad. "No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana. Me parece inadecuado que en la información emitida por la Contraloría General de la República, la cual en general se refiere y debe referirse a personas naturales o jurídicas concretas, se haga referencia a "familiares", generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona", añadió Iragorri.