El precio de la guerra
El estudio ‘Costos económicos y sociales del conflicto’ señala que, tras firmarse la paz, el PIB departamental se duplicaría.
Juan Camilo Vega Barbosa
La crudeza del conflicto armado ha causado un fuerte impacto a la economía regional del país. Por ejemplo, un aumento de 1% en los secuestros o en los ataques violentos por parte de grupos irregulares reduce el PIB de los departamentos en 0,36% y 0,04%, respectivamente. Así lo establece el libro Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?, realizado por el Departamento de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
Sin embargo, de concretarse la paz, se consolidaría una inmensa fuente de progreso y desarrollo. Porque con conflicto armado el PIB departamental se está duplicando cada 18,5 años, mientras que, de lograrse la paz, este tiempo se reduciría a 8,5 años pues crecería a una tasa de 4,4%, implicando que Colombia ganaría una década de crecimiento.
Para Ana María Ibáñez, decana de Economía, “el conflicto armado ha impuesto costos económicos y sociales enormes sobre el país y la población por más de cincuenta años. Conocer y cuantificar estos costos es fundamental para evidenciar las consecuencias de continuar con el conflicto e identificar políticas públicas que los mitiguen y reduzcan, especialmente después de su finalización”.
Entre los principales resultados de la publicación se encuentra que por cada tres ataques violentos adicionales en un año aumenta en 5,5 puntos porcentuales la probabilidad de que las firmas manufactureras salgan del país. Una postura no compartida Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial, quien sostiene que “el deterioro de la industria se debe a la falta de políticas públicas eficientes que reactiven la producción interna”.
Por otro lado, Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, concluye que el conflicto deteriora el capital humano de los colombianos con repercusiones negativas sobre la salud, causadas por la aspersión aérea con glifosato.
Frente a esta problemática, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, responde que “uno de los acuerdos a los que se ha llegado en el proceso de paz es que se realizará un programa de destrucción de cultivos de coca, el cual primero se hará por medio de la erradicación manual y, en última instancia, con las fumigaciones por glifosato”.
La investigación fue desarrollada antes del arranque de los diálogos de paz de La Habana (Cuba) y para Catherine Rodríguez, docente de la Universidad de los Andes y coautora del libro, “si se pudiera volver a escribir, resultaría muy enriquecedor analizar los costos de la reparación de las víctimas, pues las estimaciones indican que el Estado deberá destinar cerca de $40 billones en este aspecto”.
jvega@elespectador.com
@camilovega0092
La crudeza del conflicto armado ha causado un fuerte impacto a la economía regional del país. Por ejemplo, un aumento de 1% en los secuestros o en los ataques violentos por parte de grupos irregulares reduce el PIB de los departamentos en 0,36% y 0,04%, respectivamente. Así lo establece el libro Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?, realizado por el Departamento de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
Sin embargo, de concretarse la paz, se consolidaría una inmensa fuente de progreso y desarrollo. Porque con conflicto armado el PIB departamental se está duplicando cada 18,5 años, mientras que, de lograrse la paz, este tiempo se reduciría a 8,5 años pues crecería a una tasa de 4,4%, implicando que Colombia ganaría una década de crecimiento.
Para Ana María Ibáñez, decana de Economía, “el conflicto armado ha impuesto costos económicos y sociales enormes sobre el país y la población por más de cincuenta años. Conocer y cuantificar estos costos es fundamental para evidenciar las consecuencias de continuar con el conflicto e identificar políticas públicas que los mitiguen y reduzcan, especialmente después de su finalización”.
Entre los principales resultados de la publicación se encuentra que por cada tres ataques violentos adicionales en un año aumenta en 5,5 puntos porcentuales la probabilidad de que las firmas manufactureras salgan del país. Una postura no compartida Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial, quien sostiene que “el deterioro de la industria se debe a la falta de políticas públicas eficientes que reactiven la producción interna”.
Por otro lado, Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, concluye que el conflicto deteriora el capital humano de los colombianos con repercusiones negativas sobre la salud, causadas por la aspersión aérea con glifosato.
Frente a esta problemática, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, responde que “uno de los acuerdos a los que se ha llegado en el proceso de paz es que se realizará un programa de destrucción de cultivos de coca, el cual primero se hará por medio de la erradicación manual y, en última instancia, con las fumigaciones por glifosato”.
La investigación fue desarrollada antes del arranque de los diálogos de paz de La Habana (Cuba) y para Catherine Rodríguez, docente de la Universidad de los Andes y coautora del libro, “si se pudiera volver a escribir, resultaría muy enriquecedor analizar los costos de la reparación de las víctimas, pues las estimaciones indican que el Estado deberá destinar cerca de $40 billones en este aspecto”.
jvega@elespectador.com
@camilovega0092