El problema petrolero de Putumayo

En Putumayo, la indisoluble relación entre la industria petrolera y las comunidades indígenas, así como los cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados, frenan el aprovechamiento de los recursos naturales para estimular la economía, pero también el derecho de las personas a decidir sobre lo que pasa en su territorio. Al margen, a veces como espectador, la institucionalidad ve los toros desde la barrera.

Esta semana se conocería la decisión de la Corte Constitucional con respecto a una tutela interpuesta por la comunidad awá, en la que alegan que no se llevó a cabo el trámite de consulta previa para que 27 pozos petroleros ubicados en Puerto Asís, de Ecopetrol, Vetra y Gran Tierra Energy, pudieran ser explotados. En medio de la crisis de ese sector, esta decisión sería una nueva estocada.

La importancia de lo que defina el alto tribunal no se explica únicamente porque la operación en ese municipio sea suspendida hasta tanto los awás determinen si quieren o no empresas petroleras en su territorio o la corporación considere que éstos no tienen razón en sus demandas. El meollo es el rumbo que podrían tomar otros procesos similares, que no son pocos, ni menos importantes.

Según cifras de la industria, entre 2013 y 2015 fueron presentadas once tutelas por parte de comunidades indígenas y afrodescendientes, que solicitan ser consultadas e indemnizadas por presuntos impactos ambientales y culturales por parte de las empresas operadoras y de transporte de petróleo. Aunque aparecen La Guajira, Meta y Huila, es en el Putumayo el departamento donde mayores procesos de estos adelanta.

El común denominador en la mayoría de estos procesos es que estos grupos sociales piden a las autoridades suspender la actividad petrolera para que se adelante la consulta y, en algunos casos, incluso, solicitan sea levantada infraestructura necesaria para la operación que ha estado instalada allí por décadas. Orito, donde a principio de este mes la Corte pidió parar la explotación petrolera, es uno de los ejemplos sobre la parálisis de la actividad.

De acuerdo con Gregorio Rodríguez, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (Acipap), existen una serie de incumplimientos por parte del Gobierno con esa comunidad. El denominado Plan de Salvaguarda, dice Rodríguez, lleva seis años en negociación y hasta ahora no se ha hecho nada para superar siquiera el primer punto, que tiene que ver con territorio. De esta negociación dependen más de seis mil indígenas awás.

“El plan salvaguarda, sobre el tema petrolero, dice que se debe revisar si las empresas que han llegado han reparado los perjuicios, pero esto no se ha resuelto. Además, los procesos que se han adelantado son inconsultos. El Gobierno no ha hecho caso y sigue atendiendo las solicitudes de las multinacionales, especialmente las petroleras (…) Lo que se ha logrado a favor del pueblo awá ha sido con paros y con tutelas”, dice.

Desde los productores de crudo se ve una problemática diferente. El desplome de los precios los hace vulnerables ante cualquier factor externo a la operación. Vetra, empresa con presencia en esa zona, se iría a la quiebra si llegasen a suspender sus operaciones en Putumayo. Más del 50 % de su producción –que se ha reducido a la mitad por la crisis– depende de ese departamento.

El presidente de la firma,  Humberto Calderón, asegura que “si las tutelas fallan a favor de las comunidades, a pesar de que no tengan la razón, a nosotros nos quiebran, tenemos que levantar la carpa e irnos (…) El Ministerio del Interior ha dicho en más de diez ocasiones que en esa zona no hay comunidades indígenas, pero se mueven intereses que no son precisamente los de las comunidades”.

Sin embargo, a lo que debe apostarle el país, comenta José Vicente Zapata, socio de la firma de abogados Holland & Knight en Bogotá, es a determinar cuál es el mecanismo de participación y qué impacto tiene sobre el avance de los proyectos, pero también cerrar el vacío jurídico que se genera cuando, por diversos motivos, una comunidad no es incluida en una consulta previa.

“Todo el mundo está de acuerdo con hacer consulta, el problema se presenta cuando rebasa lo que debería ser un mecanismo de participación ciudadana. Me refiero a que la consulta se puede convertir en instrumento sin fin. La falta de claridad sobre hasta dónde va, la está volviendo inagotable. ¿Qué ganamos o perdemos como comunidad y como Estado al parar un proyecto que ya había comenzado?”, aclara Zapata.

En este confuso panorama, tanto para el sector petrolero como para las comunidades  indígenas hay un factor elemental que hace que estos conflictos terminen en las cortes: la tibieza de la intervención institucional. El país necesita que este toro se coja por los cuernos antes de que una embestida de empresas petroleras sea la que avise que por la crisis deben abandonar el país.

En Putumayo, la indisoluble relación entre la industria petrolera y las comunidades indígenas, así como los cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados, frenan el aprovechamiento de los recursos naturales para estimular la economía, pero también el derecho de las personas a decidir sobre lo que pasa en su territorio. Al margen, a veces como espectador, la institucionalidad ve los toros desde la barrera.

Esta semana se conocería la decisión de la Corte Constitucional con respecto a una tutela interpuesta por la comunidad awá, en la que alegan que no se llevó a cabo el trámite de consulta previa para que 27 pozos petroleros ubicados en Puerto Asís, de Ecopetrol, Vetra y Gran Tierra Energy, pudieran ser explotados. En medio de la crisis de ese sector, esta decisión sería una nueva estocada.

La importancia de lo que defina el alto tribunal no se explica únicamente porque la operación en ese municipio sea suspendida hasta tanto los awás determinen si quieren o no empresas petroleras en su territorio o la corporación considere que éstos no tienen razón en sus demandas. El meollo es el rumbo que podrían tomar otros procesos similares, que no son pocos, ni menos importantes.

Según cifras de la industria, entre 2013 y 2015 fueron presentadas once tutelas por parte de comunidades indígenas y afrodescendientes, que solicitan ser consultadas e indemnizadas por presuntos impactos ambientales y culturales por parte de las empresas operadoras y de transporte de petróleo. Aunque aparecen La Guajira, Meta y Huila, es en el Putumayo el departamento donde mayores procesos de estos adelanta.

El común denominador en la mayoría de estos procesos es que estos grupos sociales piden a las autoridades suspender la actividad petrolera para que se adelante la consulta y, en algunos casos, incluso, solicitan sea levantada infraestructura necesaria para la operación que ha estado instalada allí por décadas. Orito, donde a principio de este mes la Corte pidió parar la explotación petrolera, es uno de los ejemplos sobre la parálisis de la actividad.

De acuerdo con Gregorio Rodríguez, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (Acipap), existen una serie de incumplimientos por parte del Gobierno con esa comunidad. El denominado Plan de Salvaguarda, dice Rodríguez, lleva seis años en negociación y hasta ahora no se ha hecho nada para superar siquiera el primer punto, que tiene que ver con territorio. De esta negociación dependen más de seis mil indígenas awás.

“El plan salvaguarda, sobre el tema petrolero, dice que se debe revisar si las empresas que han llegado han reparado los perjuicios, pero esto no se ha resuelto. Además, los procesos que se han adelantado son inconsultos. El Gobierno no ha hecho caso y sigue atendiendo las solicitudes de las multinacionales, especialmente las petroleras (…) Lo que se ha logrado a favor del pueblo awá ha sido con paros y con tutelas”, dice.

Desde los productores de crudo se ve una problemática diferente. El desplome de los precios los hace vulnerables ante cualquier factor externo a la operación. Vetra, empresa con presencia en esa zona, se iría a la quiebra si llegasen a suspender sus operaciones en Putumayo. Más del 50 % de su producción –que se ha reducido a la mitad por la crisis– depende de ese departamento.

El presidente de la firma,  Humberto Calderón, asegura que “si las tutelas fallan a favor de las comunidades, a pesar de que no tengan la razón, a nosotros nos quiebran, tenemos que levantar la carpa e irnos (…) El Ministerio del Interior ha dicho en más de diez ocasiones que en esa zona no hay comunidades indígenas, pero se mueven intereses que no son precisamente los de las comunidades”.

Sin embargo, a lo que debe apostarle el país, comenta José Vicente Zapata, socio de la firma de abogados Holland & Knight en Bogotá, es a determinar cuál es el mecanismo de participación y qué impacto tiene sobre el avance de los proyectos, pero también cerrar el vacío jurídico que se genera cuando, por diversos motivos, una comunidad no es incluida en una consulta previa.

“Todo el mundo está de acuerdo con hacer consulta, el problema se presenta cuando rebasa lo que debería ser un mecanismo de participación ciudadana. Me refiero a que la consulta se puede convertir en instrumento sin fin. La falta de claridad sobre hasta dónde va, la está volviendo inagotable. ¿Qué ganamos o perdemos como comunidad y como Estado al parar un proyecto que ya había comenzado?”, aclara Zapata.

En este confuso panorama, tanto para el sector petrolero como para las comunidades  indígenas hay un factor elemental que hace que estos conflictos terminen en las cortes: la tibieza de la intervención institucional. El país necesita que este toro se coja por los cuernos antes de que una embestida de empresas petroleras sea la que avise que por la crisis deben abandonar el país.