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En el último mes se han conocido diferentes acercamientos que ha tenido Colombia en su intención de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El más reciente de estos fue la visita de la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, a París el pasado 30 de enero.
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El informe que ofreció el Ministerio del Trabajo sobre la reunión que tuvo la ministra con el secretario de la OCDE refleja una jornada en la cual se demostró el avance que ha tenido el país en temas laborales como la informalidad, la subcontratación, violencia contra sindicalistas y legislación laboral, entre otros.
Vale la pena recordar que principalmente son dos los temas que tiene pendiente Colombia para convertirse en el país número 36 de esta organización: comercio y asuntos laborales.
Este último factor, a pesar del buen reporte que ofreció MinTrabajo, podría llegar convertirse en uno de los principales obstáculos para que el país entre a la OCDE, al menos bajo la visión de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
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“Nosotros podemos demostrar, y así lo haremos ante el comité, que Colombia no debe ser aceptada porque no es un país que se caracterice por tener buenas prácticas en los términos que denomina la OCDE. Por el contrario, hay un cúmulo de asuntos con los cuales podemos demostrar, no solo en materia laboral, de que Colombia no llena dichos requisitos”, dijo Diógenes Orjuela, director del departamento de relaciones internacionales de la CUT, Diógenes Orjuela.
En la argumentación que tiene el Ministerio, al momento de exponer las buenas prácticas que tiene Colombia para ingresar a la OCDE destaca el hecho de que actualmente la Unidad Nacional de Protección (UNP) asiste a 393 dirigentes y activistas sindicales ante posibles amenazas que ponen en riesgo su integridad.
A lo anterior se suma el hecho de que se han llevado a cabo más de 3.600 estudios de riesgo y, entre 2011 y 2017, se han proferido 362 sentencias condenatorias, siendo el homicidio contra sindicalistas una de las tasas de investigación más altas de la Fiscalía al consolidar un 38%, “cifra que, si bien aún es insuficiente, sí habla del interés del ente acusador por avanzar en esta materia”, destaca el Ministerio.
No obstante, para la CUT son más los líderes sindicales que no gozan de esta protección, e incluso llega a denunciar que el número de protegidos ha ido disminuyendo. “Hay una política de la UPN de quitar esquemas y el argumento que nos han dado es que el país está en paz y que ahora no se necesitan esas protecciones”, agregó Orjuela.
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En este escenario también hay que contemplar que en los más de 1.500 procesos que tiene la Fiscalía que relacionan a empresarios con ataques a líderes sindicales no ha habido uno solo llamado a juicio por violación de libertades sindicales.
La ministra Restrepo recordó que la Fiscalía tiene el compromiso de avanzar en las investigaciones de delitos contra sindicalistas y que, desde el despacho de la propia vicefiscal, María Paulina Riveros, se estableció la creación de un grupo élite para este fin.
“Colombia no ha progresado en ninguno de los temas que este comité le ha venido planteado: la informalidad elevada en el tema del trabajo en Colombia, el tema de la ineficiencia en la inspección del trabajo, el impacto negativo en el progreso sindical de los pactos colectivos y de los contratos sindicales, la violencia antisindical y la impunidad ante los asesinatos de los trabajadores”, concluyó Orjuela.
El directivo sindical aseguró que el año pasado radicaron una carta ante la OCDE expresando sus argumentos de por qué Colombia no debe entrar a la organización.
También agregó que están actualizando dicho documento para presentarlo en marzo, mes en el cual Colombia nuevamente se reunirá con la OCDE, encuentro en el que se podría tomar una decisión sobre su ingreso a la organización.
Aparte del tema sindical, las cifras que entregó el Ministerio en materia laboral también hablan de la creación de 3,9 millones de empleos desde 2010, de los cuales el 70% son formales, así como la formalización de 35.000 trabajadores desde 2017 y la consolidación de 904 inspectores de trabajo.