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Un usuario con nuevos hábitos, como el de ver televisión o hacer llamadas por internet, no solo ha puesto a las compañías del sector de las comunicaciones a hacer ajustes en sus negocios, sino también a la regulación a ponerse al día para promover la competencia empresarial, por ejemplo. Los ciudadanos conectados han tenido una mejor comunicación y más opciones de entretenimiento y, quizás, aumentado su conocimiento y productividad, mientras que hay quienes se quedan por fuera de este ecosistema —otra preocupación para la política pública—.
En un intento por atender esta realidad, el Gobierno Nacional radicó este miércoles en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca “modernizar” las TIC, en palabras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). La jefa de la cartera, Sylvia Constaín, presentó la propuesta de articulado ante una Secretaría del Senado llena de cámaras y espectadores, tres semanas después de que el presidente Iván Duque se comprometiera a formular “la regulación necesaria” para el sector, en el encuentro anual de la industria TIC, en Cartagena.
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Entre los elementos que trae el documento, de 45 artículos, está el tan esperado regulador único (o regulador convergente, en vocabulario del gobierno anterior). Reducir trámites y costos es una de las razones por las cuales las empresas del sector han solicitado la creación de una única autoridad, que, en este caso, implicaría la liquidación de la actual Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y la redistribución de sus funciones, que quedarían en manos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Mintic. La Agencia Nacional del Espectro se mantendría en sus funciones.
El proyecto propone una sola contraprestación para que paguen los operadores. Se trata de cuotas que hoy son diferentes dependiendo del caso y que pueden ir a dos fondos: al que financia proyectos para el desarrollo tecnológico del país o al que financia la televisión pública. La reducción de esos aportes que iba incluida en la ponencia del proyecto del gobierno anterior sobre el regulador convergente fue lo que, en últimas, motivó el retiro de la propuesta por parte del Mintic en junio pasado.
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En ese momento, la desfinanciación de la TV pública era la mayor preocupación. En el documento, conocido el miércoles, el Gobierno deja a una reglamentación futura la definición de los porcentajes sobre los ingresos que pagarían las empresas como contraprestación. A la pregunta de si este proyecto “acabará con la televisión pública”, el Mintic responde en un “abecé”: “No, por el contrario, la va a fortalecer. Este proyecto de ley garantiza los recursos de la televisión con incrementos anuales y con recursos adicionales destinados a fortalecer los contenidos”.
En la propuesta de ahora, los dos fondos, además, se transforman en uno solo. Eso, por cierto, había sido una recomendación del Departamento Nacional de Planeación, entidad en la que se venía desempeñando como director de desarrollo digital el actual viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla. Andesco, gremio de empresas de servicios públicos, y Asomóvil, asociación de los principales operadores móviles, manifestaron su apoyo a la creación del regulador y fondo únicos.
Asimismo, resaltaron la necesidad de sacar adelante el aumento del tiempo de asignación del espectro radioeléctrico, que pasaría de 10 a 30 años.
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Al liquidarse la ANTV, las funciones de vigilancia y control pasarían al Mintic, algo que en el proyecto anterior había sido criticado por quienes consideran que es un cambio que no corresponde con la autonomía que en la materia dictó la Constitución Política de 1991. Al cierre de esta edición, varios de los que han estado interesados en el trámite de la iniciativa se encontraban analizando el documento. Si bien hay quienes afirman que el proyecto fue lo suficientemente concertado, como Tulio Ángel, presidente de Asomedios, el texto no se conocía por completo hasta este miércoles.
Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, que trabaja en defensa de los derechos humanos en entornos digitales, el proyecto fue presentado al Congreso sin socialización, “lo que evita la participación ciudadana o al menos la disminuye relegándola al Congreso, en un tema que se ha demostrado que es polémico y de interés”. También señaló que la elección o designación de todos los comisionados en el nuevo regulador en últimas quedan en manos del presidente. “Esto no garantiza independencia, mantiene el cordón umbilical con el Gobierno”, añadió.
La ministra Constaín hizo una “invitación” a los congresistas que quieran sumarse a su iniciativa en las siguientes 48 horas (a partir del 19 de septiembre). La semana pasada, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, había radicado una propuesta, en específico, para la televisión. Y, minutos antes de que el Mintic radicara su proyecto, el senador Andrés García Zuccardi, del Partido de la U, presentó el propio, enfocado en el regulador convergente, un asunto en el que ha mostrado interés desde hace tiempo, en el marco de lo que ha llamado “Agenda Común por las Telecomunicaciones”.
En 2017, el senador ya había socializado un proyecto en ese sentido, en el que, tras una publicación de El Espectador a raíz de las suspicacias que habían surgido en el sector, negó que la empresa Directv hubiera tenido injerencia preferencial en el texto. El miércoles, García contó, en diálogo con este diario, que la radicación de su proyecto fue un acto para dejar constancia de su trabajo en los últimos años. Sin embargo, casi de inmediato, adhirió al proyecto del Gobierno y afirmó que su intención es retirar el suyo, para trabajar con el Mintic “en donde tengamos diferencias” o “donde podamos mejorar el proyecto”.
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Se espera que en la Comisión Sexta del Senado se inicie la discusión de un proyecto que no está exento de críticas. La gran expectativa, para los privados, es que se promuevan las condiciones de inversión, en un sector que lleva más de dos años de capa caída. Según las declaraciones de la ministra, además del aumento en la inversión, el cierre de la brecha digital, en un país en el que la mitad de los ciudadanos no tiene acceso a internet móvil, es su prioridad.