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Fabián Hernández es CEO de Telefónica en Colombia desde el año pasado. A la empresa entró en 2006, cuando una gran parte de lo que era Telecom, de la que fue vicepresidente jurídico, quedó en manos de la multinacional española.
En entrevista con El Espectador, Hernández habla de la venta de las acciones que la nación todavía tiene en la compañía conocida comercialmente como Movistar. También, de las expectativas sobre el proceso de subasta de la banda de 700 MHz, la más esperada por los operadores móviles en los últimos tiempos para desplegar más y mejores comunicaciones móviles de cuarta generación (4G).
Afirma que esa puja atraerá más inversión si el proyecto de ley de TIC que cursa en el Congreso es aprobado con la ampliación a 20 años de los períodos de permiso de uso del espectro, asignaciones que actualmente se pueden hacer solo por 10 años. Se trata del mismo proyecto de ley que ha sido criticado por sectores ciudadanos, trabajadores de la industria y analistas, entre otros.
¿Cuál es la expectativa de ustedes respecto a la subasta de la banda de 70 MHz?
Lo más importante es que pueda haber ley (de TIC). Una cosa es la subasta con ley y otra cosa es una subasta sin ley.
Es decir, les parecería mejor que la subasta se haga después de que se expida la ley.
Claro.
Pero el propio Mintic ha dicho que contempla sacar adelante el proceso así no haya ley.
Pero son dos tipos de procesos distintos. La disposición que vamos a tener si es con una ley que permita una subasta con un permiso (de uso del espectro) por 20 años es distinta a si nos van a dar un permiso por 10 años. Eso último lo único que va a castigar es al Ministerio en la apuesta que hagamos en el proceso.
¿Cómo sería la oferta de ustedes en cada caso?
Dependerá del caso de negocio y será de acuerdo con las condiciones que tengamos para rentabilizar. Estamos dispuestos a hacer más inversión en un escenario con ley y menos inversión en escenario sin ley.
Pero sin ley, ¿igual les interesaría participar?
En espectro, siempre. Los operadores vivimos de eso. Siempre es de nuestro interés, salvo que sean bandas que tecnológicamente no sean para nuestros servicios. Pero la de 700 MHz es de las importantes en el sector. Permitirá mayores velocidades al final del día y desarrollar tecnología con menor latencia. Uno antes bajaba un video en cinco minutos, luego en 3G podían ser dos minutos; con 4G, en segundos. En una red como 700 MHz, se bajaría en 4,5G, y en 5G la latencia se acercaría a cero. Por eso (serían posibles) aplicaciones como el carro autoconducido: habría tanta información en tiempo real que no se llevaría una persona por delante en la calle.
Sobre el proyecto de ley de TIC, ¿qué les parece importante que lleve el regulador convergente?
Lo más importante es que se implemente rápido. Hay un plazo establecido de seis meses para que esté funcionando. Con la ley, el plazo, la maximización del bienestar social, el marco de contraprestaciones adecuado y un regulador que funcione, este sector empezaría a darle al país lo que se espera, lo que ya ha dado en otras épocas. En otros países, el crecimiento del sector TIC está por encima de todas las industrias, salvo en países que están en boom de transporte. El de TIC está igual o por encima de transporte, pero aquí estamos por debajo de las demás industrias (el PIB de información y comunicaciones creció 3,1 % en 2018, por debajo de otras actividades como la administración pública, pero por encima de agricultura o la industria manufacturera). Así en términos absolutos no tenga el mismo valor que una industria como la minera, el crecimiento es importante.
Resalta que no haya una visión fiscalista sino de obligaciones de hacer a cambio del espectro, pero hay gente que no está de acuerdo. Con los estándares de los privados, ¿por qué no entregar los recursos al Estado para que sea éste el que invierta en las regiones?
El Estado no sabe desplegar redes. Lo hacemos nosotros y así ha funcionado en todo lado. Solo nuestra inversión como Movistar es igual a la del Fondo TIC: invertimos $800.000 millones al año; ellos invierten eso. Claro invierte el doble y Tigo invierte un valor cercano al nuestro. Se trata de sumar cada año esa capacidad de inversión con unos incentivos apropiados para poder rentabilizar eso y saber que el balance es positivo para todos. Si tenemos la obligación, en vez de darle al Estado cinco pesos, nos obligarían a invertirlo en cobertura en un lugar a donde nadie más llegaría por razones de mercado.
¿Con la subasta empezarían a desplegar 5G?
No, las condiciones de la subasta permitirían empezar a hacer pilotos de 5G. Ya hicimos uno aquí en Bogotá. Por ejemplo, escogeríamos un puerto pequeño donde se justifique 5G para una solución empresarial, que haya automatización del puerto: las grúas, que los carros sean conducidos de forma remota… Eso necesitaría mucha conectividad que permitiría operar en tiempo real; también puede haber aplicaciones de telemedicina, por ejemplo, para hacer cirugías de forma remota.
¿Qué más es necesario para que 5G sea una realidad en el país?
Despliegue de fibra, porque la estructura de la telefonía móvil consiste en que conectamos nuestras estaciones base por fibra y lo inalámbrico es lo que va de la antena al terminal móvil (celular). Si podemos conectar más rápido las conexiones base, eso hará que estemos mejor preparados. El otro elemento es que haya dispositivos 5G, que hoy no están liberados comercialmente. Hay que estar, como dicen, “5G ready”: que las bandas de espectro estén disponibles, y la otra parte es la conectividad por fibra.
¿Cuáles son los puntos más importantes para ustedes en cuanto a agenda regulatoria?
La dominancia (en el mercado de Claro) es una asignatura pendiente que tenemos, es importante si queremos una sostenibilidad del sector a mediano y largo plazo. Lo otro es la simplificación regulatoria. La relación con los usuarios tiene que ser más digital. En cuanto al Ritel (Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones, para las construcciones), que esté adecuado con lo que hay en el despliegue de infraestructura: la nuestra está hecha para telefonía y no para conexiones de fibra, eso requiere de adecuaciones y se tiene que actualizar bastante rápido. También, las condiciones de (los operadores) entrantes, como Avantel, que tuvo unas condiciones por ser entrante durante cinco años, que ya pasaron. La CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) quería cambiar esas condiciones para darle ciertas regulaciones que lo ponen a que use nuestra red de forma más barata. Eso no tiene ningún sentido. Es como si yo le tuviera que pagar la red más barata a Tigo, a cuento de qué. Avantel ya lleva en el mercado 12 años, y si no puede, el mercado es así, el mercado lo va sacando. Y finalmente, el país necesita dar el salto en conectividad. Comparados con otros países estamos mal: en fibra, nuestro nivel de penetración es de 17 %; en España es 70 %, tiene más fibra que Italia, Francia y Alemania unidas, porque le apostó a esa vocación de conectividad. Lo bueno que tenemos es lo móvil, la calidad de nuestro servicio; aunque no es la tecnología óptima por temas físicos: si llueve, si la gente está en un ascensor, pues no va a funcionar; pero si comparamos los niveles de calidad con otras operaciones de Telefónica, nuestra calidad móvil es muy buena en comparación con otros países. La agenda ahora sí es de crecimiento, de conectividad, tiene que darse.
La primera etapa de venta de la participación de la nación en Coltel (Movistar) quedó desierta. ¿En qué va el proceso?
El Estado dijo que buscaría el mejor momento para vender. Ahí nuestro papel es ayudarles a vender. Es decir, somos el objeto de información, (debemos) darles la información a los inversionistas. Pararon la primera parte, para la segunda están esperando el mejor momento. Este sector es de riesgo y demanda mucho capital. La nación ha sido un accionista profesional como cualquier otro, pero este es un sector en el que sale, por ejemplo, la subasta de 700 y todos tenemos que poner para las nuevas inversiones. Para un inversionista del sector eso es normal, pero al decirle al Estado que necesitamos tantos millones de dólares de capitalización, pues responde que tiene déficit, etc. Son sectores difíciles para que haya inversión de entidades estatales.