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La puja por el salario mínimo avanza en medio de un panorama complejo en el país, en donde la inflación ha sido la gran protagonista. Algunas proyecciones aseguran que la carestía de los productos y servicios contenidos en la canasta básica familiar podría cerrar el año con un alza cercana al 12 %.
Hace rato que el incremento que se les dio a los trabajadores para 2022 se perdió como agua entre las manos, y el reto para 2023 es que esto no se repita. En suma, más que subirle al mínimo, el gran desafío para el próximo año es que el poder adquisitivo se mantenga.
La semana pasada parte de quienes tienen asiento en la mesa de concertación tuvieron su primer encuentro. Las reuniones concluyeron con la elección de la metodología que consideraron más conveniente para medir la productividad. Eligieron, de entre un grupo de tres, la KLEMS (la cual es ampliamente usada en el ámbito internacional) que indicó que la Productividad Total de los Factores (PTF) fue del 1,24 %. En otras palabras, esta cifra refleja el valor agregado que aportaron los trabajadores a la economía del país.
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Así como la inflación, es importante conocer el dato de la productividad, pues históricamente son las dos variables que se tienen en cuenta para definir la base sobre la cual se discute el incremento salarial. Si se suma con la proyección de la inflación (porque aún no se conoce la cifra oficial para noviembre), daría un 13,24 % (un incremento de $132.400), por lo que se espera que las apuestas de los empresarios se apeguen a esta cifra, mientras que las centrales obreras presentarían una propuesta superior.
En entrevista con El Espectador, Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), considera que el incremento podría estar entre un 14 % y un 15 %. Dada la situación macroeconómica, hace un llamado a la prudencia, pues salarios muy altos podrían presionar la inflación, haciendo que esta crezca y se pierda, en cuestión de meses, el incremento que se les dio.
“Siempre tenemos en cuenta a los trabajadores. Sin embargo esta decisión también debe ser responsable frente a las personas que no han tenido posibilidad de vincularse laboralmente y otros que han perdido empleo y no han podido recuperarlo”, concluye Quintero, al recordar que las grandes alzas también reducen las posibilidades de que las empresas realicen nuevas contrataciones.
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Otra es la mirada de Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Para él, la clave está en garantizar un buen aumento, pues esto permitirá que las personas tengan dinero para comprar, lo que a largo plazo beneficiaría a las ganancias de las empresas.
Sin embargo, como se ha demostrado en años pasados, la solución no está solo en el salario mínimo, pues aún con grandes aumentos la naturaleza de la inflación (que en gran medida es influenciada por el comportamiento de oferta y demanda) puede jugar en contra. Es decir, se puede presentar el escenario en que las personas tengan una enorme capacidad para comprar, pero la oferta no sea suficiente ante su demanda; lo que pasaría es que el mercado se regularía y habría un incremento de precios.
Se requieren acciones extra
Tanto el Ministerio del Trabajo como las centrales obreras han destacado la importancia de implementar acciones adicionales al aumento del salario mínimo si se quiere enfrentar la inflación y conservar el poder adquisitivo que logren recuperar en unos días. Pues de nada vale tener un gran aumento si al cabo de unos meses este se les vuelve a escurrir entre las manos.
Por ejemplo, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, considera positivas las propuestas gubernamentales de subsidiar en un 20 % los insumos que requieren los productores rurales en el país.
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Otra es desindexar ciertos productos y servicios del aumento del salario mínimo, es decir, que la subida que tengan en 2023 no sea proporcional a la escalada del mínimo, para así proteger el poder adquisitivo que busca devolverles a los trabajadores.
Por su parte, el presidente de la CUT plantea que se revise la fórmula con la que se calcula el costo de la energía eléctrica en el país, pues argumenta que el segundo rubro que más está jalonando la inflación, después de alimentos y bebidas no alcohólicas, es servicios, y que una reducción en la factura aliviaría los gastos en los hogares colombianos.
“Deben excluirse las pérdidas de las empresas de lo que nos cobran. Los costos de cada kilovatio deben calcularse teniendo en cuenta el costo más bajo, y no el más alto, como lo hacen las empresas generadoras”, propone el líder sindical.
En suma, la discusión del salario mínimo este año será atípica, pues en la mesa no solo se discutirá el aumento salarial sino las medidas que se puedan implementar para proteger ese poder adquisitivo haciéndole frente a la disparada inflación. Se espera que todos estos acuerdos se concerten a más tardar el 15 de diciembre (que, a decir verdad, es lo que más le conviene al país). De lo contrario, el aumento lo daría el presidente Gustavo Petro vía decreto, antes de finalizar el año, con el riesgo de que todas estas medidas adicionales que se requieren no sean tenidas en cuenta o implementadas.