A Tigo se le acaba el tiempo para evitar un proceso de insolvencia
Tigo-Une entraría en proceso de reorganización si el 11 de octubre Millicom y EPM no llegan a un acuerdo para solucionar su situación financiera. El tiempo no juega a favor de la compañía de telecomunicaciones. Esta es la situación que enfrenta.
El tiempo que le dio el Gobierno a Tigo-Une se está acabando. La empresa de telecomunicaciones enfrenta dificultades financieras. Para mantenerla a flote, Millicom (el segundo gran accionista de la compañía) le ha presentado tres opciones a EPM (que tiene la mayoría de las acciones) para inyectarle recursos mediante una capitalización y así evitar un proceso de insolvencia, que es un mecanismo que media la Superintendencia de Sociedades y permite a las compañías renegociar sus deudas con sus acreedores. Este lunes hubo una reunión de accionistas, pero al cierre de esta edición aún no se sabía si la empresa iba o no a ser capitalizada.
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El tiempo que le dio el Gobierno a Tigo-Une se está acabando. La empresa de telecomunicaciones enfrenta dificultades financieras. Para mantenerla a flote, Millicom (el segundo gran accionista de la compañía) le ha presentado tres opciones a EPM (que tiene la mayoría de las acciones) para inyectarle recursos mediante una capitalización y así evitar un proceso de insolvencia, que es un mecanismo que media la Superintendencia de Sociedades y permite a las compañías renegociar sus deudas con sus acreedores. Este lunes hubo una reunión de accionistas, pero al cierre de esta edición aún no se sabía si la empresa iba o no a ser capitalizada.
Para entender lo que está pasando con esta compañía es necesario reconocer su importancia para el país. Según cifras manejadas por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), Tigo-Une es una de las tres principales en el negocio de los minutos, datos, telefonía fija e internet para el hogar, junto con Claro y Movistar.
Además, es clave saber que es una empresa de sociedad mixta, pues la participación de sus acciones está distribuida casi por mitades entre el Grupo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Millicom International Celular S. A.
Vale la pena mencionar que en 2014 EPM y Millicom firmaron un acuerdo para fusionar las operaciones del operador público de Medellín Une y el privado Tigo, para crear un operador de telecomunicaciones, en el que en manos de EPM quedaron 50 % de las acciones más uno, mientras que el privado se encargaría de lo administrativo y operativo para ofrecer los servicios de telefonía, internet y televisión.
Desde ese mismo año, según lo reportado por la compañía, ha adelantado una estrategia para seguir creciendo en el país, lo que la ha llevado a invertir más de $1 billón anual. Sin embargo, estas inversiones también han estado acompañadas de deudas, que hoy la llevan a deber cerca de $3 billones.
El problema, según lo manifestado por Tigo, y lo consolidado en sus reportes financieros, es que el impacto de la pandemia, la inflación, las altas tasas de interés y demás complejidades de la macroeconomía nacional la han llevado a preocuparse por su estabilidad financiera. En otras palabras, su patrimonio ha ido cayendo mientras que sus deudas han ganado más protagonismo; si continúa esta situación el desbalance llegará a un punto en el que dejará de hacer sostenible el negocio.
Así las cosas, la empresa ha estado buscando opciones para su capitalización, es decir, que sus accionistas pongan los recursos necesarios para garantizar su estabilidad financiera. No obstante, no ha sido un tema sencillo.
Además, el Gobierno entraría a reorganizar Tigo-Une si el 11 de octubre Millicom y EPM no llegan a un acuerdo, capitalización o dilución con aprobación del Concejo para solucionar su situación financiera. Tigo tiene otra presión, pues tiene plazo para pagarles a los bancos el 15 de octubre o podría ver afectada su calificación crediticia.
Vale la pena mencionar que Millicom les ha hecho tres propuestas a los miembros de la junta directiva de EPM. La primera, que fue rechazada por EPM, consistía en la aprobación de un reglamento de colocación de acciones para la capitalización de Une por alrededor de US$150 millones. Con esa opción los accionistas iban a poder participar en la capitalización a un precio por acción igual para todos.
La segunda alternativa consistía en que Millicom y EPM suscriban, según su participación, la totalidad de las acciones propuestas para la capitalización (por aproximadamente $300.000 millones cada uno).
Después EPM publicó un proyecto, firmado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para diluir la participación accionaria de la empresa en Tigo; Millicom presentó otra alternativa, que consiste en que las dos empresas suscriban la totalidad de las acciones propuestas para la capitalización ($300.000 millones cada una).
“Con una capitalización conjunta no habría dilución para ninguna de las dos partes. Y repetimos: Millicom no busca, ni puede, causar una dilución obligatoria para EPM”, detalló la empresa.
Para mejorar la liquidez de EPM respecto de su inversión en Une, Millicom extendería a favor de EPM y hasta el 31 de diciembre de 2026 la así conocida “Cláusula de protección del patrimonio público”.
“Hacemos esta nueva propuesta en el mejor interés de Une y con el objetivo de mantener vigente nuestra sociedad con EPM, pese a que las anteriores propuestas han sido rechazadas o no respondidas”, aseguró Millicom mediante un comunicado.
Frente a la última alternativa, el exalcalde Quintero expresó que valora la inclusión de “la opción de extender la cláusula de protección del patrimonio público que fue negada cinco veces por el Concejo, y una garantía a EPM por parte de Millicom para que no se pierda la plata”.
“La renuncia del exalcalde de Medellín le baja la temperatura al tema y debe imponerse lo racional, porque a la empresa no la pueden dejar caer. El Gobierno es consciente de eso. En la medida que son pragmáticos la cosa debe enderezarse”, dijo Juan Carlos Gómez, columnista de este medio.
Para Gómez, la empresa debe mantenerse a flote y es una de las razones por las que el Gobierno debe presionar para que exista un acuerdo. Además, “con la subasta 5G el peor escenario para el Gobierno es que el único oferente sea Claro”.
En caso de una eventual capitalización de Tigo-Une, EPM considera que se debe estructurar de forma tal que se refleje el valor de una empresa en marcha y con vocación de continuar operando para beneficio de sus grupos de interés.
“Para el futuro de Tigo es importante el tema de infraestructura que quieren hacer con Telefónica. Es racional, ahorra recursos y les alivia a los dos mucha presión porque si hay facilidades de red compartidas se les alivia la caja. Esa combinación haría que lo de Tigo se solucione”, agregó Gómez.
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