Hasta el momento, las deudas de Air-e superan los $1,8 billones, afectando la garantía del suministro de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena. La empresa solicitó la intervención del Gobierno debido a la complicada condición del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la bolsa de energía.
El Gobierno, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), brindó el concepto favorable para intervenir y evitar así la suspensión del servicio y un apagón en la región.
En defensa jurídica de la compañía, el abogado Jaime Lombana señaló en La W Radio que la compañía podría operar máximo cinco días más, y que la causa principal de la crisis de Air-e se debía a las generadoras, las cuales “han venido aplicando un sistema de venta de energía monopolístico llevándonos a precios de bolsa exorbitantes”.
En respuesta, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) señaló que el compromiso del gremio se enfoca en la búsqueda de soluciones, y que para ello han trabajado con el Gobierno en medidas como “el Pacto por la Justicia Tarifaria en 2023 y las renegociaciones de los contratos en el presente año”.
“A pesar de dichos esfuerzos, hay temas todavía por trabajar en la Costa Caribe, como los saldos acumulados de la Opción Tarifaria (OT)”, comunicó la entidad. Y agregó que, en el caso de Air-e, “a diferencia de otras como Afinia”, decidió recuperar de “aceleradamente” los montos por OT en un año. Esto incrementó el cobro a los usuarios en más de $260 por kilovatio hora.
“Este incremento es la explicación de porqué a los usuarios en el Atlántico les ha subido la tarifa más del doble que a los usuarios en el interior del país”, señaló.
Además, cuestionó las afirmaciones de Lombana sobre la compra de energía en contratos, “lo que supuestamente llevó a que la compra ‘masiva’ de energía en Bolsa impactara a sus usuarios”. Según Acolgen, la cantidad máxima que compró para que Air-e cumpliera con sus mercados fue de 15 % en septiembre de 2023. Y en 2024, 8 de cada 100 kilovatios que vendió a los usuarios los pagó a precio de bolsa, mientras los 92 restantes fueron mediante contratos bilaterales con generadores y comercializadores.
“Lo primero por desmentir es el comentario desafortunado sobre manipulación de los precios en la Bolsa, el cual carece de fundamento o soporte probatorio alguno, más aún cuando la misma Superintendencia de Servicios Públicos en sus informes muestra que no existen argumentos para este tipo de afirmaciones”.
Finalmente, el gremio o apuntó que el comportamiento de la bolsa recae, en parte, al ciclo hidrológico: el precio disminuye cuando llueve y aumenta cuando no. En el caso de agosto de 2024, que llovió 65 % de lo esperado, pone en riesgo la recuperación de embalses para el próximo año, lo que de nuevo incrementaría la generación térmica.
¿Qué dijo el Gobierno?
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, señaló que con la intervención del Gobierno se espera garantizar la prestación del servicio. El jefe de cartera se desquitó con el mercado energético y aseguró que “hay una batalla entre empresas comercializadoras y generadoras, y entre intermediarios con los gobiernos locales”.
Mientras tanto, Air-e explicó que los altos precios de la energía en bolsa, actualmente por encima de $720 pesos por kilovatio/hora.
Según el funcionario de Gobierno, se ha intentado romper la “telaraña” para solucionar el asunto de las altas tarifas en la costa, pero la regulación vigente no lo ha logrado.
“La forma monopólica que han ejercido en contra de la población, incluso en contra de otras empresas, no se puede permitir”, dijo. Y agregó que se harán intervenciones en la generación, comercialización “y en los demás segmentos de la cadena para garantizar que los derechos de todos los usuarios se alcancen y se garantice la justicia tarifaria”.
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