Caso Air-e: ¿hubo pérdida de información durante la intervención?
La desaparición de información contable, junto con una deuda acumulada de $800.000 millones, pone en jaque el suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Mientras tanto, se plantean propuestas para estabilizar el servicio eléctrico.
La intervención de Air-e, encargada de suministrar energía a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe, atraviesa un momento crítico debido a múltiples factores, incluyendo la pérdida de información clave, dificultades financieras y la negativa de generadoras eléctricas a establecer contratos directos.
Estas problemáticas no solo agravan la operación de la empresa, sino que ponen en riesgo la estabilidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Uno de los aspectos más alarmantes es la desaparición de la información contable de la empresa. Edwin Palma, el agente interventor, denunció que los estados financieros, informes tributarios y otros datos esenciales almacenados en un único computador fueron borrados sin explicación clara.
Esta situación ocurre después de un hackeo denunciado en septiembre, justo antes de la intervención, que ya había afectado los sistemas operativos y financieros de la compañía. Así lo aseguró Carlos Diago, el anterior interventor, quien estuvo al margen durante 40 días.
Según Caracol Radio, el contador encargado de dicha información ha sido desvinculado, y Air-e ha anunciado que llevará el caso ante la Fiscalía para investigar las causas de esta pérdida.
Esta falta de acceso a estos datos críticos dificulta la toma de decisiones y la transparencia en un momento en el que la empresa lucha por recuperar la confianza de los actores del sector energético.
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El problema con las generadoras
Otro reto es la negativa de las empresas generadoras a vender energía a Air-e. Según Palma, esto se debe a la falta de garantías financieras y a las deudas acumuladas de la administración anterior, que ascienden a $800.000 millones, incluyendo $400.000 millones pendientes con generadoras térmicas.
Este pasivo, junto con la falta de liquidez por subsidios atrasados que el gobierno debe a la empresa, ha complicado aún más las finanzas de Air-e. Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), resolver estos problemas es clave para estabilizar la operación de la compañía y asegurar contratos a largo plazo.
A esto se le suma la alta exposición de Air-e en la bolsa de energía (55 % de su compra), lo que resulta en un incremento en los costos de suministro, afectando directamente las tarifas para los usuarios.
El agente interventor destacó que si se lograra cubrir al menos 36 % de la compra mediante contratos directos, las tarifas podrían reducirse considerablemente. Sin embargo, para que las generadoras accedan a firmar contratos, solicitan ajustes regulatorios que garanticen estabilidad.
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¿Hay soluciones?
En medio de este panorama, el Ministerio de Minas y Energía ha iniciado reuniones con la empresa para explorar soluciones (la próxima será el viernes 22). Entre las propuestas se incluye diversificar la matriz energética mediante proyectos solares en la región Caribe, como parte de la iniciativa “Caribe Potencia Energética”.
Estas iniciativas buscan no solo reducir costos, sino también aprovechar el potencial energético de la región para garantizar un suministro más sostenible.
Asimismo, se evalúan ajustes regulatorios para que Air-e pueda reducir su exposición a la bolsa y negociar contratos de largo plazo.
El gobierno también trabaja en medidas para garantizar la liquidez de la empresa, incluyendo la posibilidad de asumir parte de las deudas y habilitar recursos adicionales.
Además, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en representación de sus homólogos de Magdalena y La Guajira, entregó al agente interventor de Air-e, Edwin Palma, un documento con diez propuestas clave para abordar las preocupaciones de los ciudadanos y mejorar la gestión de la empresa. Entre las iniciativas destacan:
- Inversión en infraestructura: Modernizar y ampliar la red eléctrica, especialmente en zonas rurales, barrios subnormales y áreas de difícil acceso.
- Transparencia en la intervención: Divulgar el plan de intervención con plazos, metas e indicadores claros para evaluar el progreso.
- Aseguramiento financiero: Garantizar sostenibilidad mediante la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y optimización de recursos.
- Contratos de suministro estables: Negociar acuerdos a largo plazo con generadoras para disminuir la dependencia de la bolsa de energía.
- Comunidades energéticas: Promover territorios energéticos que reduzcan la dependencia de la red y mejoren la calidad del servicio en zonas vulnerables.
- Participación comunitaria: Crear espacios de diálogo y mesas de trabajo con los usuarios para encontrar soluciones conjuntas.
- Plan de contingencia: Diseñar estrategias robustas para responder a emergencias y eventos climáticos extremos.
- Generación de empleo local: Priorizar la contratación de mano de obra en proyectos de inversión y mantenimiento.
- Atención a la dispersión geográfica: Diseñar estrategias específicas para usuarios rurales en Magdalena y La Guajira, considerando sus particularidades.
- Relaciones con proveedores: Fomentar prácticas comerciales éticas, con planes de pago claros para deudas adquiridas antes de la intervención.
Verano enfatizó que estas propuestas buscan garantizar un servicio eléctrico más eficiente y equitativo, con un impacto positivo en las comunidades más vulnerables de la región.
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Las denuncias de Carlos Diago: “intervención a ciegas”
Carlos Diago, quien ejerció como agente interventor de Air-e durante 43 días, no solo denunció la pérdida de información clave tras un hackeo ocurrido antes de la intervención, sino también posibles irregularidades internas. Según él, la intervención fue filtrada con anticipación, lo que permitió preparar la ocultación de datos críticos.
En entrevista con El Colombiano, Diago subrayó que “Air-e estaba prácticamente sin sistemas operativos, comerciales ni financieros, debido al ataque cibernético”, dijo. “Entramos con una venda puesta, sin acceso a información esencial para la gestión”.
Además, Diago cuestionó que gran parte de la información administrativa y financiera era manejada desde Bogotá por Tatiana Calderón, ejecutiva vinculada a empresas del accionista mayoritario de Air-e, Alberto Ríos, desde la empresa Latin American Corp. Esto generó cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de la compañía.
La intervención podría tener como objetivo devolver la empresa al empresario, lo que, en su opinión, la condenaría a la liquidación
Un informe diagnóstico
Palma prepara un informe diagnóstico que será presentado en diciembre a la Superintendencia de Servicios Públicos. Este documento incluirá un análisis detallado de la situación financiera y operativa de Air-e y posibles estrategias para su recuperación.
Mientras tanto, las voces como la de Carlos Diago, las propuestas de los gobernadores y las demandas de los gremios energéticos subrayan la necesidad de una estrategia integral que incluya inversión, transparencia y cooperación entre el gobierno y las empresas para garantizar un suministro estable y sostenible de energía en la región Caribe.
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La intervención de Air-e, encargada de suministrar energía a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe, atraviesa un momento crítico debido a múltiples factores, incluyendo la pérdida de información clave, dificultades financieras y la negativa de generadoras eléctricas a establecer contratos directos.
Estas problemáticas no solo agravan la operación de la empresa, sino que ponen en riesgo la estabilidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Uno de los aspectos más alarmantes es la desaparición de la información contable de la empresa. Edwin Palma, el agente interventor, denunció que los estados financieros, informes tributarios y otros datos esenciales almacenados en un único computador fueron borrados sin explicación clara.
Esta situación ocurre después de un hackeo denunciado en septiembre, justo antes de la intervención, que ya había afectado los sistemas operativos y financieros de la compañía. Así lo aseguró Carlos Diago, el anterior interventor, quien estuvo al margen durante 40 días.
Según Caracol Radio, el contador encargado de dicha información ha sido desvinculado, y Air-e ha anunciado que llevará el caso ante la Fiscalía para investigar las causas de esta pérdida.
Esta falta de acceso a estos datos críticos dificulta la toma de decisiones y la transparencia en un momento en el que la empresa lucha por recuperar la confianza de los actores del sector energético.
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El problema con las generadoras
Otro reto es la negativa de las empresas generadoras a vender energía a Air-e. Según Palma, esto se debe a la falta de garantías financieras y a las deudas acumuladas de la administración anterior, que ascienden a $800.000 millones, incluyendo $400.000 millones pendientes con generadoras térmicas.
Este pasivo, junto con la falta de liquidez por subsidios atrasados que el gobierno debe a la empresa, ha complicado aún más las finanzas de Air-e. Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), resolver estos problemas es clave para estabilizar la operación de la compañía y asegurar contratos a largo plazo.
A esto se le suma la alta exposición de Air-e en la bolsa de energía (55 % de su compra), lo que resulta en un incremento en los costos de suministro, afectando directamente las tarifas para los usuarios.
El agente interventor destacó que si se lograra cubrir al menos 36 % de la compra mediante contratos directos, las tarifas podrían reducirse considerablemente. Sin embargo, para que las generadoras accedan a firmar contratos, solicitan ajustes regulatorios que garanticen estabilidad.
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¿Hay soluciones?
En medio de este panorama, el Ministerio de Minas y Energía ha iniciado reuniones con la empresa para explorar soluciones (la próxima será el viernes 22). Entre las propuestas se incluye diversificar la matriz energética mediante proyectos solares en la región Caribe, como parte de la iniciativa “Caribe Potencia Energética”.
Estas iniciativas buscan no solo reducir costos, sino también aprovechar el potencial energético de la región para garantizar un suministro más sostenible.
Asimismo, se evalúan ajustes regulatorios para que Air-e pueda reducir su exposición a la bolsa y negociar contratos de largo plazo.
El gobierno también trabaja en medidas para garantizar la liquidez de la empresa, incluyendo la posibilidad de asumir parte de las deudas y habilitar recursos adicionales.
Además, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en representación de sus homólogos de Magdalena y La Guajira, entregó al agente interventor de Air-e, Edwin Palma, un documento con diez propuestas clave para abordar las preocupaciones de los ciudadanos y mejorar la gestión de la empresa. Entre las iniciativas destacan:
- Inversión en infraestructura: Modernizar y ampliar la red eléctrica, especialmente en zonas rurales, barrios subnormales y áreas de difícil acceso.
- Transparencia en la intervención: Divulgar el plan de intervención con plazos, metas e indicadores claros para evaluar el progreso.
- Aseguramiento financiero: Garantizar sostenibilidad mediante la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y optimización de recursos.
- Contratos de suministro estables: Negociar acuerdos a largo plazo con generadoras para disminuir la dependencia de la bolsa de energía.
- Comunidades energéticas: Promover territorios energéticos que reduzcan la dependencia de la red y mejoren la calidad del servicio en zonas vulnerables.
- Participación comunitaria: Crear espacios de diálogo y mesas de trabajo con los usuarios para encontrar soluciones conjuntas.
- Plan de contingencia: Diseñar estrategias robustas para responder a emergencias y eventos climáticos extremos.
- Generación de empleo local: Priorizar la contratación de mano de obra en proyectos de inversión y mantenimiento.
- Atención a la dispersión geográfica: Diseñar estrategias específicas para usuarios rurales en Magdalena y La Guajira, considerando sus particularidades.
- Relaciones con proveedores: Fomentar prácticas comerciales éticas, con planes de pago claros para deudas adquiridas antes de la intervención.
Verano enfatizó que estas propuestas buscan garantizar un servicio eléctrico más eficiente y equitativo, con un impacto positivo en las comunidades más vulnerables de la región.
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Las denuncias de Carlos Diago: “intervención a ciegas”
Carlos Diago, quien ejerció como agente interventor de Air-e durante 43 días, no solo denunció la pérdida de información clave tras un hackeo ocurrido antes de la intervención, sino también posibles irregularidades internas. Según él, la intervención fue filtrada con anticipación, lo que permitió preparar la ocultación de datos críticos.
En entrevista con El Colombiano, Diago subrayó que “Air-e estaba prácticamente sin sistemas operativos, comerciales ni financieros, debido al ataque cibernético”, dijo. “Entramos con una venda puesta, sin acceso a información esencial para la gestión”.
Además, Diago cuestionó que gran parte de la información administrativa y financiera era manejada desde Bogotá por Tatiana Calderón, ejecutiva vinculada a empresas del accionista mayoritario de Air-e, Alberto Ríos, desde la empresa Latin American Corp. Esto generó cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de la compañía.
La intervención podría tener como objetivo devolver la empresa al empresario, lo que, en su opinión, la condenaría a la liquidación
Un informe diagnóstico
Palma prepara un informe diagnóstico que será presentado en diciembre a la Superintendencia de Servicios Públicos. Este documento incluirá un análisis detallado de la situación financiera y operativa de Air-e y posibles estrategias para su recuperación.
Mientras tanto, las voces como la de Carlos Diago, las propuestas de los gobernadores y las demandas de los gremios energéticos subrayan la necesidad de una estrategia integral que incluya inversión, transparencia y cooperación entre el gobierno y las empresas para garantizar un suministro estable y sostenible de energía en la región Caribe.
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