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El Consorcio CCC Ituango se pronunció sobre la decisión de la Contraloría General de la República de dejar en firme el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango, noticia conocida en la mañana de este viernes.
A través de un comunicado, el consorcio constructor dijo que “lamenta la confirmación del fallo (...) el hecho de que el ente de control no haya tenido en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación y no se hayan decretado y practicado las pruebas que nos fueron negadas en el curso del proceso”.
Advirtió que la decisión “pone en grave riesgo la continuidad de las obras necesarias para que el Proyecto Hidroeléctrico Ituango pueda entrar en operación en los tiempos previstos y para evitar el riesgo que el uso extendido del vertedero representa para las comunidades aguas abajo, a pesar de los múltiples llamados que desde diferentes sectores se le hicieron de manera oportuna al señor Contralor General de la República”.
Vale la pena recordar que la ratificación del fallo se da a conocer un día después de que EPM, responsable del proyecto, y los subcontratistas CCC Ituango anunciaran que llegaron a un preacuerdo para extender el contrato de las obras en Hidroituango.
Agregó que “si bien la Sala Fiscal y Sancionatoria condenó a Mapfre como civilmente responsable, con fundamento en la póliza todo riesgo en construcción que ampara el proyecto, dicha entidad ignoró los pagos que la aseguradora ya ha realizado por valor de US$350 millones, así como su compromiso de determinar y pagar el valor total de la indemnización, al confirmar la condena por valor de $4,3 billones”.
“En todo caso, destacamos que la condena de la Contraloría no obedece a conductas dolosas o actos de corrupción por parte del Consorcio CCC Ituango, sino a supuestas demoras y errores constructivos que carecen de soporte probatorio y respecto de los cuales no nos dieron oportunidad de ejercer nuestro derecho de defensa”, añade el comunicado del consorcio.
Anunció que ejercerá las “acciones judiciales disponibles para lograr la protección de los derechos que le fueron vulnerados durante el proceso de responsabilidad fiscal”, y agregó que confían “en que el control de los jueces de la República sobre la decisión adoptada por la Contraloría sea efectivo y permita la adopción de los correctivos necesarios”.