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Grupos de consumidores de ocho países europeos se quejan formales contra el gigante digital Meta, por el sistema de pago y de consentimiento del uso de datos personales adoptado en sus plataformas Facebook e Instagram.
Las entidades afirman que el sistema de exigir un pago para evitar la publicidad personalizada es “una cortina de humo destinada a desviar la atención del usuario sobre el tratamiento ilícito de sus datos personales”.
Un portavoz de Meta dijo a AFP que se trata de “acusaciones infundadas”. “Las rechazamos con firmeza”, insistió.
Meta ha obtenido descomunales beneficios financieros vendiendo datos de sus usuarios de Facebook e Instagram a anunciantes, que usan esos datos para diseñar publicidad específica para cada persona.
En noviembre pasado, Meta pasó a proponer a sus usuarios europeos la opción de seguir usando gratuitamente sus plataformas pero a cambio de autorizar el uso comercial de los datos personales.
La forma de evitar ese uso comercial de los datos es pagar una tarifa para uso de las plataformas.
Por ello, grupos de consumidores de la República Checa, Dinamarca, Francia, Grecia, los Países Bajos, Noruega, Eslovenia y España decidieron presentar quejar formales ante autoridades locales de protección de datos
La decisión será centralizada y, en principio, el caso debería recaer en la autoridad irlandesa de protección de datos, ya que es en este país donde se encuentra la sede europea de Meta.
Los grupos de consumidores argumentan que Meta aún viola la regulación general de protección de datos de la Unión Europea, que ha sido la raíz de los casos judiciales de la UE contra el gigante digital.
“Es hora de que las autoridades de protección de datos detengan el procesamiento injusto de datos por parte de Meta y su vulneración de derechos fundamentales de las personas”, afirmó Ursula Pachl, subdirectora general de a Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés).
Pagar por la privacidad
En un reciente informe, BEUC afirmó que Meta viola los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) la UE, que exige transparencia sobre la cantidad de datos procesados y para qué son usados.
“Meta parece pensar que, para que la empresa gane dinero con la publicidad, está justificado recopilar cualquier dato imaginable sobre las actividades, la ubicación, la personalidad, el comportamiento, las actitudes y las emociones de los consumidores”, sostiene el informe.
“La empresa tampoco demuestra que la tarifa que impone a los consumidores que no dan su consentimiento sea realmente necesaria”, sostiene el informe.
Meta propone a los usuarios de Instagram y Facebook en Europa pagar entre 10 y 13 euros (alrededor de 11 y 14 dólares) al mes para optar por no compartir datos.
Cuando lanzó esa modalidad, Meta afirmó que el modelo “atiende a los últimos desarrollos regulatorios, orientaciones y juicios compartidos por los principales reguladores y tribunales europeos en los últimos años”.
Según el RGPD, el consentimiento debe ser otorgado libremente, pero el BEUC sostiene que ese modelo obliga a los consumidores a aceptar el procesamiento de sus datos personales por parte de Meta.
Esta controversia es el origen de permanente tensión entre las relaciones entre la UE y Meta.
El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) determinó en diciembre que Meta que no podía utilizar los datos personales de los usuarios para publicidad dirigida sin su consentimiento explícito.
Ahora, el CEPD debe decidir si un sistema de tarifas como el de Meta viola las leyes de privacidad de datos del bloque.
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