Crisis de subsidios y apagones: ¿podría colapsar el servicio en otras regiones?

Los apagones podrían llegar a Putumayo, Guanía, Vaupés, Chocó y la Costa Alántica. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Puerto Carreño, la capital del departamento de Vichada, enfrenta una crisis energética sin precedentes que mantiene a casi 90 % de su población, cerca de 45.000 habitantes, sin servicio eléctrico desde la tarde del jueves 2 de enero.

La interrupción, que paraliza hogares, comercios y centros médicos, se debe a una deuda de $4.600 millones acumulada desde abril de 2024, cuya falta de pago ha desencadenado el colapso del servicio eléctrico.

El déficit surge de retrasos en los pagos del Gobierno Nacional a las empresas generadoras de energía, lo que llevó a la suspensión de operaciones y paralizó la generación y distribución eléctrica en Vichada.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que el Gobierno trabaja en soluciones inmediatas y de mediano plazo para mitigar la crisis. Tras 24 horas de apagón, informó que el servicio fue restablecido, y aseguró que el servicio sería restablecido en las próximas horas.

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La raíz del problema

El gobernador de Vichada, Alex Benito, calificó la crisis como una “triste realidad” y responsabilizó al Gobierno Nacional por los retrasos en los pagos, un problema que, según él, persiste desde el inicio del actual mandato. Aunque ha buscado soluciones a través de reuniones con el presidente y otras instancias, los esfuerzos no han tenido éxito.

La crisis tiene su epicentro en Refoenergy, empresa generadora de energía a partir de biomasa, que detuvo sus operaciones por falta de recursos para comprar combustible. Terpel, su principal proveedor, se negó a suministrar diésel argumentando una deuda de $4.588 millones que el Gobierno aún no ha saldado.

Las mesas de trabajo iniciadas en diciembre de 2024 entre el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos no han generado resultados concretos. Aunque el ministro de Hacienda, Diego Guevara, prometió un giro de recursos hoy viernes 3 de enero, la crisis persiste. Y para empeorar las cosas, el presupuesto de 2025 no incluye los $2,1 billones necesarios para cubrir esta deuda.

Según el gobernador de Vichada, “el Ministerio de Minas y Energía es quien tiene que estar al frente de la situación”, ya que son ellos los responsables de gestionar los pagos y las soluciones estructurales.

Benito destacó que “hemos hablado con el Presidente para buscar una solución alterna” y propuso la implementación de un sistema energético basado en energía solar, dada la alta radiación solar que caracteriza a la región, disminuyendo la dependencia a combustibles fósiles.

Desde el jueves 2 de enero, la falta de electricidad ha tenido un impacto devastador. Las altas temperaturas en la región, sumadas a la ausencia de refrigeración, han deteriorado productos básicos, afectando a las familias y a los comerciantes locales. En el sector salud, los centros médicos operan a medio régimen debido a la falta de energía para el funcionamiento de equipos médicos esenciales, lo que pone en riesgo la salud de los habitantes.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) advertía ya el año pasado sobre el asunto de las electrificadoras públicas y su efecto dominó.

En un comunicado, los gremios del sector subrayaron: “De no cumplirse con el pago de los subsidios, esto implicará incrementos de la factura, que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150 %, o inclusive escalar hasta cortes del servicio, como ya está ocurriendo en Puerto Carreño”.

Las cifras que subrayan la gravedad de la crisis

La deuda del Gobierno con las empresas del sector eléctrico no se limita a Vichada. Según Asocodis, el déficit asciende a $2,7 billones, y podría superar los $7 billones a finales de enero de 2025 si se incluyen subsidios, tarifas diferenciales y facturas impagas de entidades públicas. Esto representa un punto crítico para las comercializadoras, que enfrentan serios problemas de liquidez.

José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, advirtió que esta situación no es nueva. “No estamos generando pánico, sino que desde hace tiempo venimos generando unas alertas por la situación de liquidez de las empresas comercializadoras”, señaló.

En redes sociales, la asociación puntualizó que el grupo Afinia concentra un tercio de las deudas pendientes, situación que agrava aún más el panorama financiero del sector.

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El riesgo de un apagón

El impacto de estos pagos atrasados amenaza con extenderse más allá de Puerto Carreño. Regiones como Putumayo, Guainía, Vaupés, Chocó y la Costa Atlántica están en la lista de las zonas más vulnerables a sufrir interrupciones en el servicio eléctrico si el Gobierno no actúa con rapidez.

Este riesgo no solo compromete la calidad de vida de millones de colombianos, sino que también pone en jaque la operación de empresas distribuidoras, muchas de las cuales han alcanzado su límite de endeudamiento. Algunas, según alertan los gremios, podrían ser intervenidas por el Estado si no se soluciona el problema de los subsidios.

El origen de la crisis radica, en parte, en los problemas financieros que enfrenta el Gobierno Nacional debido a un bajo recaudo de impuestos. A esta situación se suma la caída de la reforma tributaria, que tenía como objetivo fortalecer los presupuestos destinados a fomentar soluciones energéticas alternativas, como la energía solar. Este debilitamiento del sistema fiscal podría tener consecuencias aún más graves en el sector energético.

Crisis de los subsidios

A nivel nacional, el Gobierno asume 60% de las facturas de electricidad en los estratos 1 y 2, y 50% en el estrato 3. Sin embargo, desde hace más de 10 meses, los pagos de estos subsidios están detenidos. Esta situación está afectando a las empresas distribuidoras, que se ven obligadas a cubrir estos costos con recursos propios, lo que ha generado un hueco en sus finanzas.

Ante este panorama, los gremios del sector energético han solicitado que el Gobierno desembolse de manera urgente los recursos pendientes. La situación financiera de las empresas se complica con la imposibilidad de seguir financiando los subsidios y las opciones tarifarias. De acuerdo con los cálculos, las empresas más afectadas son las de menor tamaño, tanto privadas como públicas, que ya han alcanzado su capacidad máxima de endeudamiento. Algunas, incluso, podrían ser intervenidas por el Estado.

El Consejo Gremial Nacional instó al Gobierno a desembolsar la deuda a las empresas, lo que permitirá el flujo de caja para sostener las operaciones y ajustar el presupuesto de este año para cubrir los subsidios faltantes. Además, la solución pasa por corregir la focalización de los subsidios, de manera que estos lleguen realmente a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Los gremios proponen que, además de la estratificación social, se tengan en cuenta otros factores como los ingresos y el consumo de energía.

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Impacto a largo plazo: un modelo de subsidios en crisis

Los subsidios a la energía eléctrica en Colombia son esenciales para garantizar el acceso a este servicio en zonas vulnerables. Sin embargo, la demora en los pagos por parte del Gobierno está afectando gravemente la operación de las empresas encargadas de la distribución de electricidad.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, señaló el año pasado en una columna en La Silla Vacía que “aunque el reconocimiento del subsidio para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 no está en riesgo, sí lo está la solvencia de las empresas, que actualmente enfrentan un estrés financiero”.

Una situación preocupante, porque las empresas distribuidoras deben hacer el descuento correspondiente en las facturas de los usuarios, pero no reciben el reintegro de esos subsidios por parte del Gobierno. Falta liquidez, y por ende, se asoma la deuda con los proveedores.

La situación en Vichada no es un caso aislado. El gremio de las comercializadoras de energía advirtió que si el Gobierno no cumple con los pagos pendientes, otras empresas del sector podrían enfrentar crisis financieras similares, lo que podría desencadenar apagones en otras regiones del país.

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