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La infraestructura se ha consolidado en una política de Estado debido a su importancia en términos económicos, su impacto social y el desarrollo regional que genera. De hecho, factores como los niveles de crecimiento que tenía el sector antes de la pandemia, superiores al 10 %, y su efecto multiplicador en la economía (según Minhacienda, por cada peso invertido en obras civiles se generan $2,26 en la economía), nos permiten ser optimistas con la dinámica del sector para el próximo año.
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Asimismo, la industria de infraestructura estará presente en la agenda pública en los últimos meses del presidente Duque y, en especial, en el plan de gobierno del próximo presidente de la República.
2022: un año de entregas del programa 4G
Actualmente, el programa 4G tiene un avance promedio superior al 60 % y cuatro concesiones han finalizado la etapa de construcción. De acuerdo con la ANI, se espera que antes de finalizar el actual Gobierno el programa alcance niveles de ejecución superiores al 80 % y, en total, entre 18 y 20 proyectos se encuentren en etapa de operación y mantenimiento. De hecho, el ritmo que tuvo el programa 4G a lo largo de la pandemia demostró la eficiente adaptación de estos proyectos ante la coyuntura y, en especial, el compromiso de los concesionarios con el país para el desarrollo de los distintos frentes de obra.
El programa 5G deberá tomar mayor impulso
La primera ola del programa 5G se compone de 14 proyectos multimodales, los cuales demandarán una inversión por $22 billones y generarán más de 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Actualmente, la ANI ha adjudicado dos proyectos: Malla Vial del Valle del Cauca y ALO Sur. Desde el sector privado esperamos que la mayoría de las iniciativas de esta primera ola se adjudiquen e inicien etapa de preconstrucción en 2022, debido al impacto en términos logísticos y de transporte de carga y de pasajeros, de acuerdo con la política de intermodalismo.
Ojo a las vías secundarias y terciarias
La mayoría de las vías secundarias y terciarias del país están a cargo del Invías o de entidades territoriales. Este tipo de infraestructura es fundamental para diversas actividades económicas que se desarrollan a nivel rural: agrícolas, ganaderas, productivas, comerciales, entre otras. Teniendo en cuenta lo anterior, los recursos destinados por el Invías y los entes territoriales para la intervención de las vías secundarias y terciarias, hacemos un llamado a incrementar los niveles de ejecución de estos programas.
Cabe señalar que a la fecha el Sistema General de Regalías cuenta con un saldo de $12,9 billones, de los cuales una buena parte puede ser invertida por gobernadores y alcaldes para la intervención de vías secundarias y terciarias.
Temas normativos que serán claves en 2022
Con base en las consultorías contratadas por el Ministerio de Transporte, sobre capacidad portuaria, institucionalidad y gobernanza portuaria y metodología de contraprestación portuaria, el sector espera los avances del DNP en la expedición del nuevo Conpes de expansión portuaria.
De igual forma, el gremio está atento a la presentación por parte del Gobierno Nacional del proyecto de ley estatutaria que regule la consulta previa en Colombia. Con esta iniciativa legislativa se espera fijar las reglas, la obligatoriedad del censo de las comunidades, el procedimiento, la institucionalidad, los costos, los asuntos exentos de consulta y las limitaciones al derecho de los pueblos étnicamente diferenciados a ser consultados.
Mayor dinámica en las obras públicas en los entes territoriales
Los alcaldes y gobernadores se encuentran en la mitad de sus períodos de gobierno, es decir, les restan dos años exactos para llevar a cabo los compromisos plasmados en sus respectivos planes de desarrollo. Claramente, la pandemia cambió la agenda pública en torno a las políticas públicas prioritarias a ser implementadas a lo largo de 2020 y 2021. Sin embargo, desde el sector privado, y en especial desde el sector de infraestructura, hacemos un llamado a las autoridades de los entes territoriales para ejecutar eficientemente las obras públicas a su cargo.
Para llevar a buen puerto este propósito, se sugiere mejorar el ritmo de los procesos licitatorios, adjudicatarios (en el marco de la ley), de desarrollo de obras y ejecución presupuestal. En relación con este último punto, es importante mencionar que la CCI identificó que las principales ciudades (Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín), y sus respectivos departamentos, definieron proyectos de infraestructura de transporte con inversiones superiores a $63 billones en los actuales planes de desarrollo, razón por la cual motivamos a todos los alcaldes y gobernadores del país a acelerar en este frente, debido a los recursos definidos para este propósito, y porque el año 2022 será fundamental para el avance de obras de los proyectos que se espera entregar al finalizar 2023.
* Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.