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La novela de Justo & Bueno parece no tener fin. El pasado 12 de mayo, cuando parecía que toda esperanza estaba pérdida y tras la decisión de la Superintendencia de Sociedades de ordenar la liquidación de la sociedad Mercadería S.A.S., dueña de la cadena de almacenes, varios abogados pidieron la nulidad de la decisión tomada por el juez (la de liquidar), y se presentó una solicitud de salvamento por parte de un grupo de acreedores dispuestos a aportar nuevo capital y seductoras ofertas para sacar adelante a la compañía.
Después de un tiempo corto de deliberación, el juez resolvió a favor la solicitud de dar aplicación al artículo 6 del Decreto 560 de 2020, que permite hacer uso de la herramienta de salvamento. El juez advirtió que se suspendían los efectos de la liquidación judicial, “salvo el nombramiento del liquidador, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de los administradores y el decreto de medidas cautelares, hasta tanto se resuelva la aprobación o no de tal operación”, explicó la Supersociedades. La entidad nombró como liquidador a Darío Laguado Monsalve y se dejó constancia de que el proceso comenzaba con un activo reportado de $869.000 millones.
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Sin embargo, el salvamento es la posible solución para unos, pero el calvario de otros. Y en esa gama de visiones opuestas y a favor están las afectaciones y el drama humano que deja el declive de una empresa creada por Michel Olmi en 2016 y que prometía más.
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Por un lado, los arrendadores quieren que les devuelvan sus propiedades y los acreedores recuperar su dinero, pero por el otro están los trabajadores que necesitan sus empleos para sacar adelante a sus familias.
¿Qué dicen los empleados de Justo & Bueno?
Christian Javier Lozano Puentes es operador de Justo & Bueno desde 2017. En 2018 tuvo un accidente laboral. En neurocirugía le dijeron que había tenido una fractura de dos vértebras de la columna vertebral. “Era muy activo antes del accidente, ahora vivo un viacrucis por el intenso dolor. Una vez me desmayé tres veces del dolor en la tienda”, recordó Lozano.
El operario, que vive en Neiva, tuvo que cambiar de EPS y recomenzar su proceso. “El ortopedista me vio y me mandó terapias, pero no aguanté. Pasaron meses para que me viera la neurocirujana, quien me mandó resonancias y radiografías. Mi dolor cada vez era más intenso y empezó a afectarme la pierna derecha, que se me comenzó a dormir. Después, me enviaron a cuidados paliativos y me enviaron medicamentos con opioides, pero no tuve mejoría”.
A Lozano le realizaron una cirugía que le mejoró el dolor de la pierna, pero en la zona lumbar siente un “chuzón”. El 4 de mayo tuvo un episodio que le impidió moverse y tuvieron que llevarlo de urgencias. “Presenté mi cédula y me dijeron que había un problema porque aparecía desvinculado. Sin embargo, me atendieron. Tengo que tomar 15 gotas de morfina diarias y cuando tengo esos episodios me la tienen que aplicar en la vena, lo que me calma el dolor entre unas tres y cuatro horas, pero no me dieron incapacidad porque el sistema no autorizó, pues no aparezco vinculado”.
Además del inconveniente con la incapacidad, Lozano perdió una cita que llevaba esperando un mes y medio, por lo que redactó una carta exponiendo su caso y enviándola al sindicato y a recursos humanos de la empresa, pero no le han dado respuesta. “Estoy muy enfermo y la disminución de los ingresos me ha afectado a mí y a mi familia. Mi esposa está desempleada y tengo cuatro hijos, uno es un bebé de cuatro meses y me preocupan sus vacunas. Tengo que pedir prestado para la alimentación y para todos mis gastos”, lamentó Lozano.
El empleado, que tiene estabilidad laboral reforzada, mencionó también el estrés que le producen las llamadas diarias de los bancos, “lo único que puedo decirles es que soy trabajador de Justo & Bueno. Estoy afectado física y psicológicamente porque es incierto y no sabemos qué pasará. Es desesperante la situación”.
En una línea similar se encuentra César Higuita, quien es colaborador de tienda desde hace cinco años y presidente en la organización sindical Sintramer J&B, creada hace tres años y que representa a 200 trabajadores activos y 200 que esperan su liquidación. “Tengo afectaciones físicas, emocionales y económicas a tal punto que mi núcleo familiar está dividido y, como les pasa a muchos trabajadores, también tengo procesos jurídicos con entidades financieras e inmobiliarias”.
En cuanto al salvamento, tanto Lozano como Higuita hablaron de preocupación, porque temen que alguna de las propuestas esté vinculada con la anterior administración y “la confianza se perdió entre trabajador y empleador. Esperamos que si la propuesta de salvamento se da, se capitalice la deuda y recuperemos nuestros salarios atrasados (febrero, marzo, abril y mayo) y que se pueda recuperar la confianza”, afirmó Higuita.
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La visión de los arrendadores
Yeimy Alfonso, abogada y apoderada de los propietarios de bodegas afectados, aseguró que la situación con la empresa está más “compleja de lo que uno cree. Se perdieron $1,7 billones y ahora un mes más sin que nadie ponga plata”.
Alfonso mencionó que con el salvamento no se pudieron terminar los contratos. Además, dijo que los acreedores se dieron cuenta de que si finalizaban los contratos no podrían continuar con los negocios. “Los factores más importantes son los laborales, y nosotros como arrendadores. Sin locales y empleados, ¿cómo van a vender?”.
La situación para los arrendadores es “crítica”, porque no han recibido cánones hace aproximadamente 14 meses, tienen cortes de energía, tiendas cerradas y embargos por cobros prejurídicos. “Somos la cadena más crítica de la mercadería. Estamos en un purgatorio, porque nos dejaron a la suerte de los mismos acreedores”, aseveró Alfonso, quien representa a 220 personas que solicitaron la restitución de sus bienes e inmuebles. La abogada y propietaria de uno de los locales de Justo & Bueno aseguró que, de 250 propietarios de tiendas en Bogotá, 210 no desean continuar con la empresa.
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No obstante, Alfonso espera que el fondo extranjero aparezca. “Sí, hay unas ofertas, pero puede que después de una valoración no las presenten. Mientras tanto tenemos una empresa inoperante. Nos castigan con 30 días. No tenemos cómo pagar la luz, un empleado cómo va a registrar sin luz. Hay entre 40 y 50 bodegas en esa situación. Nadie tiene certeza. Además, un fondo extranjero tiene que pensar si traerá casi US$50 millones en plena época electoral”.
Según Alfonso, los más de US$50 millones que deben tener las ofertas son para pagar las deudas y no para capitalizar. “Necesitamos dinero, no acciones. El arrendador no quiere que le capitalicen en acciones nada. Nos interesan los dólares y que entren a las cuentas de los propietarios para que se puedan pagar las deudas y así prender la caja y los refrigeradores. Sin dinero es inevitable una liquidación judicial”.
Los proveedores, ¿los posibles salvadores?
Carlos López es el dueño, junto a su primo Rafael López, de La Huerta, productos hidropónicos S.A.S., en la que manejan fruver y carne de res congelada. El empresario contó que cuando Justo & Bueno iba a empezar el proceso de reorganización les pidieron apoyarlos. “Los proveedores los apoyamos y nos pagaron bien los primeros meses, pero después nos dijeron que iban a pagar solo el 20 % de lo que nos debían. En ese momento me debían $140 millones”.
López recordó que les mencionaban a fondos extranjeros que iban a llegar a salvar a la empresa. “Antes de la audiencia nos dijeron que el fondo desistió, pero dos semanas antes nos habían hecho pedidos grandes para vender en los almacenes. Ahí la deuda pasó de $140 a $500 millones. Ellos sabían lo que estaba pasando y nos triplicaron la deuda”.
Para finales de noviembre de 2021, según López, reunieron a todos los proveedores nacionales y les dijeron que los iban a salvar. “Ahí nos conocimos. Creamos un grupo de Whatsapp con 200 proveedores. Después hicimos una reunión en la que mencionamos la idea de tomarnos la empresa, pero en el grupo había amigos de Michel Olmi que no estaban de acuerdo”.
Así las cosas, apareció en la escena Alfonso Giraldo, quien es una de las personas que alzó la mano para salvar a la empresa. López se interesó y se sumó convocando a más proveedores y propietarios de locales. Los proveedores crearon una fiducia para que pudieran seguir recibiendo sus pagos.
López dijo que tiene sus expectativas en la oferta de Giraldo y que están adelantando la propuesta, pidiéndole ayuda al Gobierno y consiguiendo inversionistas interesados.
En la mesa habría dos propuestas: una de Giraldo y otra de Marco Gerardo Monroy. El problema es que toda la cadena está dividida en dos equipos y ninguno confía en el otro.
En 30 días se sabrá si hay ofertas reales y que económicamente beneficien de manera justa y buena a todos los afectados. De lo contrario, se acabará la compañía, pero el drama seguirá para muchos después de que se cierre la novela de Justo & Bueno.
En cifras:
🧑🏽 7.000 empleados afectados por la crisis, 5.000 activos y más de 2.000 retirados, que no les han pagado.
💰 $130 millones es lo que le deben a cada arrendador. Es posible que por el proceso de liquidación pierdan ese dinero.
💸$135.000 millones de es el déficit de la empresa. $42.000 millones en obligaciones laborales y $35.000 millones en arriendos.
