¿El gobierno podrá bajar la gasolina sin afectar las finanzas públicas?

Un primer contrapunteo por el tema del precio de los combustibles se registró entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Mientras el ministro encargado de la política económica del país insiste en que el valor del galón de gasolina debe alcanzar el precio de importación, la ministra sostiene que se estudia establecer una tarifa diferencial para favorecer a los consumidores de menores ingresos (motociclistas) y zonas de fronteras.

Un primer contrapunteo por el tema del precio de los combustibles se registró entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Mientras el ministro encargado de la política económica del país insiste en que el valor del galón de gasolina debe alcanzar el precio de importación, la ministra sostiene que se estudia establecer una tarifa diferencial para favorecer a los consumidores de menores ingresos (motociclistas) y zonas de fronteras.

Bonilla ha reiterado que, en ocho meses, el precio de la gasolina debe alcanzar los 16.000 pesos. Mientras que la suerte del diésel se definirá a partir de junio de este año. El valor del galón de Acpm (diésel) se encuentra congelado desde la llegada del presidente Petro a la Casa de Nariño. El ministro de Hacienda sostiene que se requiere hacer un estudio muy preciso sobre los efectos que tendrá el alza del Acpm en el transporte de pasajeros y carga. Muchas empresas de transporte terrestre de pasajeros ya elevaron sus tarifas desde el momento en que se inició el aumento del galón de la gasolina.

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La ministra Vélez dijo que actualmente con recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se está subsidiando en cerca de 5.000 pesos el valor del galón de gasolina que consumen los colombianos. “El precio que estamos pagando está muy por debajo del precio real”, señaló la funcionaria.

La ministra de Minas y Energía anticipó que “vamos a revisar la metodología”, del esquema tarifario que define el valor del galón de gasolina y diésel. Recordó que el país es productor de gasolina y “más o menos el 50% es gasolina nacional que se mezcla con 50% de gasolina importada”, por ello la ministra estima que no tiene sentido que el 100% de la gasolina “se tase a precio internacional”.

Bonilla se mostró en desacuerdo con este anunció de su colega de gabinete. En declaraciones radiales, Bonilla sostuvo que no se puede obligar a Ecopetrol a vender combustible a una cotización menor.

Es decir, no se puede volver al esquema vigente hasta 2006 donde los costos fiscales del subsidio a los combustibles eran asumidos por Ecopetrol y aparecían en los resultados financieros de la empresa colombiana mediante una menor transferencia de utilidades a la Nación.

Otro de los aspectos que se va a analizar es el tema de la focalización, sostuvo Irene Vélez. En este momento la gasolina es subsidiada en 5.000 pesos para todos los consumidores “no solo las toyotas. Lo más preocupante que hemos encontrado es lo que llamamos los grandes consumidores. Estamos encontrando buques que llegan al país a tanquear con gasolina subsidiada con diésel subsidiado”.

Según la ministra se ha pensado hasta construir un tercer precio para la gasolina además de las llamadas corriente y extra. Lo que no queda claro es si el gobierno busca nivelar el precio de la gasolina interna con la cotización internacional o establecer una tarifa diferencial para cierto tipo de consumidor y regionalizar ese cobro.

“Adicionalmente la revisión en el ajuste programado de los precios busca identificar con mejor detalle a qué grupos de consumidores se puede focalizar algún tipo de subsidio específico. De esta manera las propuestas que emerjan de la mesa estarán enfocadas en atenuar los efectos en la población de los percentiles de menores ingresos”, dice el ministerio de Minas y Energía en un comunicado.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda es claro en afirmar que mientras haya desajuste con el precio internacional es necesario continuar elevando el precio interno y buscar cerrar el hueco fiscal que tiene el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles.

Una de las prioridades de esa revisión tiene que ver con el esquema de incremento del diésel que debe comenzar a elevar su valor desde junio. Los analistas sostienen que solo con eliminar el subsidio a la gasolina no se soluciona el faltante del Fondo. Además, está el tema de la inflación que apenas comenzó a ceder, pero con mucha timidez.

Un estudio del Banco de la República sobre la relación entre el incremento del precio de los combustibles y el alza de los precios de la canasta familiar destaca que “se estima que un choque del 10% a los precios de los combustibles implique una inflación del IPC del 0,85%”.

La carga impositiva

El análisis del Banco de la República sobre la carga impositiva que afecta a los combustibles recuerda que el Ministerio de Hacienda, los departamentos y municipios gravan el consumo de combustibles con tres impuestos: el IVA, el impuesto global y la sobretasa.

Explica que el IVA es un impuesto nacional que tiene una tasa única sobre un precio base de liquidación que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía.

Mientras tanto, el impuesto global también de carácter nacional tiene una tarifa diferencial anual en pesos por galón para las gasolinas y el Acpm y crece con la meta de inflación anual del Banco de la República. La sobretasa es un tributo nacional con incidencia regional. La sobretasa al Acpm es de carácter nacional, su valor es del 6% y se distribuye entre la Nación (50%) y los departamentos y el Distrito Capital (50%). La sobretasa a las gasolinas es de carácter departamental y municipal.

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Mientras se presenta este anuncio sobre revisión del esquema tarifario de los combustibles, los consumidores del servicio de energía eléctrica siguen esperando la rebaja sustancial en las tarifas eléctricas como lo anunció el gobierno.

De momento, el gobierno analiza diferentes alternativas para mitigar el impacto del FEPC en las finanzas públicas. Este efecto podría ser con el establecimiento de mecanismos de estabilización diferenciales, mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera, y revisiones regulatorias que en el marco de la discusión con todos los actores de la política de combustibles permitan identificar eficiencias en el sector.