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Fue la misma empresa de Ecopetol la que alertó de la sofisticada red de robo de petróleo, pues denunció el año pasado ante la Fiscalía y Policía que había empresas que estaban comercializando crudo ilegal, falsificando documentos y engañando a las autoridades.
Pese a que el escándalo partió de la misma empresa, su presidente, Ricardo Roa, no se había pronunciado al respecto, hasta ahora. Él aseguró que no fue informado sobre las investigaciones cuando llegó a la compañía, pero que es algo que ha ocurrido desde hace décadas.
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La Fiscalía y la Dijín de la Policía están detrás de los responsables desde hace un año y en dos meses. Durante las investigaciones y la “auditoría interna que hemos realizado en Ecopetrol desde el año pasado, frente a esta situación, no hay ni una persona interna involucrada, pero sí contratistas y empresas. Desde el año pasado terminamos relaciones comerciales con ellas”, le dijo Roa a Caracol Radio.
El mismo presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el robo y ha pedido que las autoridades investiguen quiénes estuvieron detrás del desfalco que le habría costado a Ecopetrol más de US$80 millones.
“Son recursos del Estado que hay que proteger a toda costa. Este delito tiene repercusiones muy graves para el país y en reputación para nuestra empresa. Seguiremos en auditoría y monitoreo frente a actos de esta naturaleza”, se refirió al respecto el presidente de la empresa.
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Son 10 los empresarios que habría contrabandeado hidrocarburos y que irán formalmente a juicio. La completa red criminal llamada Bunkering Imperio funcionaba así, según la Fiscalía:
- Los contrabandistas habrían robado miles de barriles de crudo proveniente de Venezuela, Panamá o Curazo, y también de fuentes nacionales.
- Luego les daban apariencia de legalidad para revenderlos en Colombia.
- Empresas manejadas por reputados empresarios habrían engañado a las autoridades colombianas al funcionar como el peaje para que los barriles recuperaran su apariencia de legalidad.
El presidente de Ecopetrol expresó que, según las autoridades, el 70 % del fluido robado va para el narcotráfico, el 20 % a la minería ilegal y el restante, al contrabando.
“Hemos venido medidas e incorporado tecnología en nuestras redes de distribución y transporte, son más de 9.000 kilómetros y hay zonas complejas que, por presencia de grupos al margen de la ley, hace imposible el control de la situación. Es imposible tener el control pleno de toda la infraestructura para evitar estos atentados”, añadió Roa.
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